A ocho años del derrame de 40 mil litros de sustancias tóxicas en el Río Sonora, integrantes de los Comités de Cuenca y expertos hicieron un llamado a reabrir las carpetas de investigación y hacer una revisión exhaustiva del caso, para fincar responsabilidades, reparar el daño y garantizar la no repetición.
Omar Arellano, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hizo un recuento de las etapas clave del proceso, desde el impacto en los ecosistemas aledaños hasta la lucha comunitaria y las acciones gubernamentales, durante el conversatorio “Ocho años de impunidad ante el derrame del Río Sonora”, organizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de dicha universidad.
De acuerdo con el académico, el incidente que impactó a más de 25 comunidades puede entenderse en cuatro principales etapas.
La primera corresponde a las acciones de respuesta inmediata, que comprenden hasta un año después del derrame; una segunda etapa de “latencia” en los tres años posteriores; seguida por la primera resolución de Grupo México y Semarnat, donde se concluye que no hay afectaciones y el posterior cierre del caso por parte de las autoridades, a finales del sexenio pasado; y la etapa actual, en la que se busca una nueva revisión del caso.
“En el cierre de la administración pasada se quiso dar carpetazo al caso, y ahora estamos en una etapa de revisión y reapertura del caso por parte del Gobierno, por lo que consideramos que es necesario que se revisen todos los estudios que no fueron tomados en cuenta en su momento, que se revise la actuación de los involucrados, tanto a nivel estatal como federal, así como a los responsables del control y prevención de daños ambientales de la empresa”, dijo Arellano.
El especialista también abordó la necesidad de hacer cambios en los instrumentos legales con los que cuenta el Estado para prevenir, atender y sancionar casos de emergencia ambiental.
A pregunta expresa, respondió que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental es un instrumento que no pudo responder a la contingencia del Río Sonora.
“Aunque el lema dice que ‘el que contamina paga’, todo está hecho para que el contaminador no pague. Al contrario, con una multa sale adelante y sigue con su actividad, y a los afectados se les da la carga de la prueba. La sociedad tenemos que probar que algo nos está afectando, nunca las empresas”, expuso.
Antonio Romo, Patricia Valverde y Ramón Miranda, representantes de los Comités, un movimiento de afectados por el derrame, hablaron del proceso de abandono del caso por parte de las autoridades y la falta de seguimiento a los compromisos adquiridos por la empresa con respecto a la salud de las comunidades.
Patricia Valverde explicó que a finales de 2021 se realizó un levantamiento de cédulas familiares para determinar si había personas que tuvieran alguna sintomatología relacionada con metales pesados, a través del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).
Los resultados arrojaron que el 99% de las muestras dieron como resultado la presencia de plomo en la sangre, ocasionando problemas de salud. También se encontró arsénico y cadmio, entre otros.
“Para minimizar nos dicen que nada más hay trazos menores de mercurio, cuando el mercurio es un metal del que no debe haber rastro en el cuerpo".
Los integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora exhortaron a las autoridades a evaluar los riesgos y afectaciones en su justa dimensión.
Victoria Beltrán, de la organización Poder, aseveró que las soluciones de las autoridades se convirtieron en una simulación y en parte del problema.
“Estamos enfrascados en una dinámica que va en detrimento de las personas más vulnerables por intereses económicos que nada tienen que ver con el bienestar de las personas”, sostuvo.
Afirmó que si bien el principio de “el que contamina paga” suena bien consagrado en las leyes, para las comunidades no garantiza acceso a la justicia y reparación del daño.
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