El 6 de agosto de 2014, 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, fueron derramados en los ríos Bacanuchi y Sonora.
La producción agrícola de la zona se esfumó. Todos los pozos de abastecimiento para la ganadería y la agricultura fueron cerrados, situación que desplomó la economía local, además del inminente riesgo para la salud de más de 24 mil personas.
“Todas nuestras cosechas se echaron a perder, no había riego. Nadie quería comprar carne de vacas que fueran de aquí, ni leche ni queso. Las autoridades dijeron a la gente que todo lo que proviniera del Río Sonora no lo consumieran. Todo fue pérdida para nosotros”, cuenta José Manuel López, habitante de la comunidad de San José de Baviácora.
A siete años del incidente, no hay justicia ni reparación de los daños para las comunidades, denunció el también miembro de los Comités de Cuenca Río Sonora, en entrevista con Periodismo Causa Natura.
La economía no se ha recuperado por completo, pero lo más preocupante para las comunidades son los efectos negativos en la salud de la población, que con los años han comenzado a hacerse visibles.
En la comunidad de La Labor, habitada por 60 personas, hay tres casos de cáncer de colón. En otras localidades también han notado un incremento en el número de personas enfermas con algún tipo de cáncer, explicó López.
Asimismo, hay alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, según han documentado los propios Comités.
El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) realizó a finales de 2021 estudios de sangre y orina en una muestra de alrededor de mil 500 personas de ocho comunidades del Río Sonora, para determinar niveles y consecuencias de la exposición a contaminantes ambientales propios de las actividades mineras de la región, con posibles afectaciones a su salud.
De acuerdo con la organización civil Poder Latam, que da acompañamiento legal a los afectados, en todas las comunidades se encontró, a través del análisis toxicológico de orina, que la mayoría de la población tiene niveles de exposición positiva a los metales pesados como arsénico, plomo y cadmio.
En tanto, en los análisis de sangre se encontraron altos niveles de exposición a plomo y cadmio.
Elena Pragos, codirectora ejecutiva de Poder Latam, expuso que las autoridades reconocen que amerita un programa de monitoreo de la calidad del agua, de fuentes de abastecimiento de uso y consumo directo de poblaciones humanas para reducir el riesgo, así como la implementación de un sistema de vigilancia especial con enfoque toxicológico.
Los resultados permiten observar, de manera general, que el agua del río y los pozos subterráneos continúan con niveles de contaminación no aptos para la salud humana. No es la primera vez, después del derrame, que estudios científicos constatan la presencia de contaminantes en el agua.
El 12 de agosto de 2014, seis días después del incidente, Buenavista del Cobre reconoció oficialmente el derrame. Lo atribuyó a las intensas lluvias.
El 15 de septiembre del mismo año, en un convenio de las autoridades federales con Grupo México, se creó el Fideicomiso del Río Sonora para atender de forma rápida las afectaciones. En este convenio, Grupo México se comprometió a aportar 2 mil millones de pesos para la remediación.
Este monto serviría, entre otras cosas, para la construcción de 37 plantas potabilizadoras de agua, cuya operación estaría lista para el segundo semestre de 2015. Sin embargo, de acuerdo con la documentación de Poder, solo una se puso en marcha y en menos de un año dejó de funcionar.
Posteriormente, Grupo México anunció que solo construiría nueve plantas, bajo el argumento de que ya no eran necesarias, con base en los resultados de estudios de calidad del agua realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Asimismo, en enero 2015 la Secretaría de Salud federal anunció la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas), misma que estaría lista para el segundo semestre de año, pero a la fecha se encuentra inoperante.
La falta de resultados obligó a los pobladores a organizarse, comentó José Manuel López. Así, en febrero de 2015 conformaron los Comités de Cuenca, para exigir justicia y reparación.
Los Comités iniciaron la batalla legal. Primero, presentaron un juicio de amparo sobre la aplicación de normas oficiales de calidad del agua y la falta de estándares, que posibilitaron la apertura de pozos de agua en mal estado después del derrame.
Del mismo modo, se ampararon contra la construcción de una nueva presa de Grupo México y la falta de un proyecto de reactivación agropecuaria, entre otros.
Sin embargo, la justicia no ha llegado, agregó López. “Han hecho todo tipo de maniobras para no resarcir el daño”.
“Hay un responsable y tiene que pagar”
Para los Comités de Cuenca del Río Sonora, hay un responsable de la tragedia que debe hacerse cargo. “Tiene nombre y es Grupo México”, sostuvo López.
Elena Pragos explicó que de los 2 mil millones de pesos disponibles del Fideicomiso Río Sonora sólo fue aplicada de manera efectiva una parte. El 2 de febrero de 2017 Grupo México y el Gobierno federal anunciaron el cierre de dicho Fideicomiso, que aún contaba con una bolsa de 800 millones de pesos.
Posteriormente, indicó Pragos, los Comités interpusieron nueve juicios de amparo, demandando graves afectaciones de la salud de la población, así como las violaciones a su derecho al agua.
Entre sus victorias legales, en 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a los pobladores de Bacanuchi para ser incluidos en las decisiones de medio ambiente, a propósito de la instalación de una planta potabilizadora que no cubría las necesidades del agua limpia.
En 2019 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio por concluidos los trabajos de remediación del Río Sonora. A raíz de ello, los Comités interpusieron un nuevo amparo ante la SCJN, donde reclamaron la extinción del fideicomiso y el finiquito del programa de remediación.
La Corte concedió este amparo a los pobladores, dejando sin efecto la desaparición del fideicomiso. Asimismo, solicitó a la Profepa la aplicación de medidas cautelares, con el fin de asegurar pleno acceso al agua limpia y la reubicación de pozos contaminados.
José Manuel López apuntó que a las autoridades les toca resarcir algunas demandas, pero es a Grupo México a quien dirigen su exigencia de reparar los daños ocasionados.
Caso Río Sonora: la 4T promete soluciones
El 9 de julio de 2019 la empresa Metalúrgica de Cobre S.A. de C.V, subsidiaria de Grupo México, derramó 3 mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, también en Sonora.
El entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, se pronunció abiertamente en contra de las prácticas del grupo empresarial y aseguró que la dependencia contaba con capacidad para suspender sus operaciones por completo.
“Estamos ante una situación especial de una firma industrial que ha tenido repetidamente 22 accidentes; no es para menos. Cuando una compañía o industria está con este currículum, con esta trayectoria, la Semarnat tiene la capacidad legal para suspenderla”, dijo el entonces funcionario.
No obstante, la amenaza a la compañía no se concretó, pues Toledo dejó su cargo como titular de Semarnat en agosto de 2020.
El 2 de septiembre de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunió con Germán Larrea, presidente de Grupo México, para abordar la problemática.
Fue hasta el 4 de julio de 2021 que el Presidente, acompañado por la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, presentó el "Plan Integral de Atención a Cananea", que incluye la reevaluación de los daños, la reactivación del Fideicomiso Río Sonora (que fue suspendido) y la revisión de concesiones de agua. A los Comités de Cuenca les prometió respuestas en un plazo no mayor a tres meses.
Pero las respuestas no han llegado del todo, refiere José Manuel López.
“Ya van tres años de este nuevo gobierno y yo siento que están pasmados. Ahorita ellos aclaran que necesitaban datos técnicos nuevos, que no se podían confiar de los de las autoridades pasadas, porque pues fueron los que desaparecieron el Fideicomiso. Entonces, después de ahí se agarran, pero todavía no hay grandes avances”, sostuvo el vocero.
Actualmente hay mesas de trabajo en las que participan Semarnat, Profepa y la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Los Comités continúan con las mismas demandas que en 2014: la instalación de plantas potabilizadoras funcionales en todas las comunidades de los nueve municipios afectados; la conclusión de obras y operación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora, así como la reparación de las pérdidas económicas ocasionadas por el derrame de la mina Buenavista del Cobre.
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