La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso un ultimátum al Congreso de la Unión para la publicación de la Ley General de Aguas tras más de 10 años de omisiones legislativas para dar cumplimiento al artículo 4 constitucional, que tutela el derecho humano al agua.
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, dice el Artículo 4 de la Carta Magna, reformado el 8 de febrero de 2012. Tras la actualización, el Congreso contaba con 360 días para publicar la referida Ley General de Aguas, conforme al tercer transitorio de la reforma.
En enero pasado la SCJN resolvió 11 controversias constitucionales interpuestas por municipios de Chihuahua en contra del Congreso de la Unión, por ser omiso a las indicaciones de expedir una Ley en el tiempo establecido. Con base en otras siete controversias resueltas previamente en el mismo tema, la Corte conminó al Congreso a emitir la Ley antes de concluir el próximo periodo de sesiones.
Frente al retraso, las cámaras de Diputados y Senadores deben decidir el futuro de los recursos hídricos antes de que concluya el plazo establecido, el 30 de abril de 2022.
En la cancha del debate legislativo hay dos iniciativas de Ley con diferencias de objetivos entre sí.
La primera es la iniciativa ciudadana presentada por la Coodinadora Agua Para Todos, concretada a partir de una serie de foros y alianzas con organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, según se expone en su sitio web.
La segunda es una propuesta presentada por los diputados Feliciano Flores Anguiano, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y Mario Mata Carrasco, del Partido Acción Nacional (PAN), luego de 35 foros de consulta, de acuerdo con la información publicada por el área de difusión de la Cámara de Diputados.
Foto: Margarito Pérez/ Cuartoscuro
Iniciativa “Agua para todos”
Agua Para Todos es una coordinadora de movimientos sociales relacionados con el agua, dijo su vocera Alejandra Parás.
A través de una serie de encuentros, foros, discusiones y organización, se concretó una propuesta de Ley que plantea un cambio radical en el paradigma que hoy existe sobre el derecho al abasto y saneamiento de agua.
Del primer congreso nacional para pensar en una iniciativa de Ley hasta la presentación oficial de la propuesta a las cámaras de diputados y senadores, el consenso tardó más de seis años, apuntó Parás.
La actual Ley de Aguas Nacionales fue publicada en diciembre de 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y tiene entre sus fundamentos principales la participación privada en la gestión y explotación del agua, a través de las concesiones.
Desde la óptica de Agua Para Todos, se trata de una Ley ‘neoliberal’ que privilegia a los que más tienen.
Alejandra Parás aseveró que, además de la crisis hídrica que ya impacta en grandes urbes como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey o las ciudades fronterizas del norte, hay una problemática grave en la distribución.
“Podemos ver que hay una situación de inequidad en el acceso al agua, la cual se ha hecho más notoria con la crisis sanitaria que estamos viviendo. Mientras tanto, muchos millonarios acaparan el agua”, sostuvo la activista.
La iniciativa de Ley de Agua Para Todos establece en el Artículo 1 el acceso al agua como un “derecho humano”.
“Iniciamos nuestro proceso consensando los cambios requeridos en la gestión del agua y cuencas para poder cumplir con los derechos nuestros y de las futuras generaciones al agua y derechos asociados: a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, en un contexto de crisis climática y desigualdad”, reza la justificación de la propuesta ciudadana, entregada en febrero de 2020 al Congreso.
El documento aborda, entre otros, los derechos de pueblos y comunidades indígenas a las aguas en sus territorios, así como el respeto por sus derechos culturales y formas de gobierno; la gestión sustentable del recurso hídrico; la sustentabilidad en el uso, aprovechamiento y gestión del agua y las cuencas; y los derechos a la salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano, en lo relacionado al agua.
La vocera de Agua Para Todos alegó que se trata de la iniciativa más completa porque lleva impreso “el rostro de México”.
“No está hecha por una organización o político que la escribieron desde la comodidad de su escritorio en la Ciudad de México, esta propuesta lleva las voces de las personas que tienen que caminar 7 kilómetros para tener agua, o de los niños de cuatro años con enfermedades por tomar agua contaminada”, afirmó.
Una de las premisas de la Ley es terminar con el “corrupto sistema de concesiones”, añadió Alejandra Parás.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) actualmente tiene más de 585 mil concesiones para extraer agua.
El artículo 27 de la iniciativa establece que Conagua tendría atribuciones para no renovar o cancelar las concesiones otorgadas sobre zonas federales y, en su caso, realizar la remoción de construcciones que interfieren con el funcionamiento óptimo de la cuenca y los flujos superficiales y subterráneos.
“Ningún individuo podrá ser titular de un volumen total de derechos y concesiones a nivel nacional mayor a 500 mil metros cúbicos anuales”, se señala. Actualmente hay concesiones con permisos para extraer más de 650 mil metros cúbicos anuales, el equivalente a la cantidad de agua de 260 albercas olímpicas, con base en datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA).
Para Alejandra Parás, los megaproyectos y conflictos territoriales guardan una estrecha relación con el acceso al agua, como las cerveceras, siembras agrícolas, mineras.
“Necesitamos cambiar esa visión de la Ley obsoleta que engloba todo en tubos (de distribución), es necesaria una visión más territorial”, dijo.
“Agua para todos, pero todos los sectores”: diputado Enrique Godinez
La propuesta de los diputados Feliciano Flores y Mario Mata, presentada en agosto de 2020 ante el Pleno, plantea que no es necesario un cambio radical, sino adecuar la Ley existente a los principios del artículo 4 constitucional.
Dicha iniciativa fue suscrita por más de 40 legisladores de todas las fuerzas políticas.
En el documento se expone que debe darse una regulación de las concesiones y apuesta por descuentos e incentivos para las industrias que hagan reciclaje de agua o disminuyan los contaminantes que vierten al acuífero.
El artículo 1 indica que la Ley tiene por objeto establecer las disposiciones que promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos asociados con el agua y saneamiento. Asimismo, define las bases, principios, apoyos y modalidades de la gestión, administración, accesos, disposición y aprovechamiento integral.
El diputado Enrique Godinez, secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Saneamiento y Agua Potable de la Cámara de Diputados, expuso a Periodismo Causa Natura que se están analizando ambas iniciativas, pero adelantó que hay “un consenso” en favor de la propuesta presentada por los legisladores.
Para el diputado panista, no es necesario hacer cambios radicales, pues dice que una ley más ambiciosa podría implicar “tropiezos”.
“Cambiar la Ley que actualmente está nos llevaría a una una Ley mucho más grande, y quizás en el camino pudiéramos tener más tropiezos. Por eso pensamos y defendemos que la Ley se restructure, que sí hay cosas que hay que modificar pero para todos los usos”, alegó.
Afirmó que la iniciativa de los diputados Flores Anguiano y Mata Carrasco sí prevé algunos aspectos señalados por la Coordinadora Agua Para Todos, pero no es limitativa para los sectores productivos.
“Estamos explorando todas las posibilidades, tomando en cuenta a todos, porque lo más importante es agua para todos, pero para todos los usos. Y ahí todos tienen algo que ver, la industria, agricultura, comercio, hay muchas vertientes que en en esto se deben de tomar en cuenta”, dijo en entrevista.
Al respecto, Alejandra Parás, vocera de Agua Para Todos, aseveró que la propuesta de los diputados, la que calificó como “Ley Mata-Flores”, es una continuidad de la ley existente, que, dijo, favorece a los “millonarios del agua”, en referencia a los concesionarios de grandes volúmenes.
También acusó a los diputados Feliciano Flores y Mario Mata de tener conflicto de interés, pues aseguró que ambos tienen participación en el sector agrícola, en los cultivos de limón y nogal, en Michoacán y Chihuahua, respectivamente.
Alejandro López Tamayo, director de la organización Centinelas del Agua, sostuvo que existe resistencia por parte de algunos sectores que dominan el recurso a través de concesiones en todo el país.
El también hidrogeólogo apuntó que una nueva Ley es especialmente relevante para la Península de Yucatán, pues la actual Ley de Aguas Nacionales no reconoce la existencia del suelo kárstico regional, ni de cuevas, cavernas y cenotes, por tanto no establece mecanismos de protección.
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