Uno de los retos más importantes para la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, será brindar seguridad a quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio, señaló Alejandro Olivera, representante en México para el Centro para la Diversidad Biológica.
En 2023 se registraron 20 agresiones en las que perdieron la vida personas defensoras del medio ambiente, se trata de la quinta cifra más alta documentada en los últimos 10 años según un informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Además, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han registrado 102 personas defensoras del medio ambiente asesinadas.
“Obviamente (la clase gobernante) conoce la problemática pero este gobierno (actual) ha fracasado en recuperar el control y la política de combate al crimen organizado y acabar con las extorsiones, no ha funcionado. Se necesita que los municipios recuperen la autoridad, desde ahí. Es un reto muy grande para la próxima presidenta hacer las cosas diferentes para recuperar los territorios, acabar con las extorsiones a todo nivel del crimen organizado en muchas actividades económicas y explotación de los recursos naturales”, señaló Olivera.
Un informe publicado en 2023 por la organización Global Witness posicionó a México como el tercer país a nivel mundial con más asesinatos a personas defensoras, entendidas como aquellas que, colectiva o individualmente, actúan en favor del medio ambiente y el territorio.
La violencia en general hacia quienes defienden el medio ambiente es alentada por la ausencia del gobierno en los territorios, por lo que para combatirla se requiere presupuesto para ampliar las capacidades de protección a quienes defienden el medio ambiente y un reconocimiento hacia quienes ejercen esta labor, de acuerdo con Mario Sánchez, director regional noroeste del Cemda.
“Necesitan recursos para que exista presencia de la autoridad en las comunidades que están aisladas, esa debería ser la estrategia de la autoridad, pero esto requiere un cambio de visión donde la administración pública reconozca y respete el esfuerzo de quienes defienden el territorio, para que no sea un tema de inseguridad, sino que sume a su calidad de vida. Esa visión movería las prioridades en la distribución de recursos y de actividades”, señaló Sánchez.
La violencia en el noroeste de México
Los estados del noroeste de México, debido a sus grandes extensiones de costas, concentran la mayoría de sus conflictos socioambientales en actividades como la pesca y el uso de suelo para inversiones turísticas e inmobiliarias.
“En el noroeste somos básicamente la costa más grande de México y muchos de los conflictos socioambientales tienen que ver con la ocupación, el uso, la apropiación y el desarrollo y lo que queda muy lastimado, es el tema de acceso y disfrute público de estos espacios, y no sólo de los espacios, sino a los recursos naturales que se requieren proteger o mantener para que haya una calidad de vida de las costas, de las personas y las comunidades”, señaló Sánchez.
Según el informe de Cemda, durante el 2023 se registraron 282 agresiones en contra de personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales que van desde homicidios, ataques sexuales, daño a la propiedad, hostigamiento e intimidación.
También señala que el principal agente agresor fue el gobierno con una participación en 61 eventos de agresión (49.59% de los casos). Le sigue el crimen organizado, con una participación en 37 casos (29.6%). En tercer lugar, la empresa privada, teniendo participación en 19 casos (15.45%).
“En mi percepción ha ido aumentando la violencia, tanto en Baja California Sur como en Baja California. Los mismos pescadores dicen que el crimen organizado controla el mercado, cosa que no sucedía en el sexenio pasado. Cada vez alcanza nuevas ciudades, nuevos sitios, nuevos recursos que en un sexenio atrás no sucedía”, señaló Olivera.
Aunque quienes son más vulnerables a padecer una agresión de manera más directa son las personas y comunidades que están defendiendo su propio territorio, Olivera señaló que nadie tiene una garantía de no sufrir una agresión, y que incluso con la diversificación de sus ingresos, el crimen organizado está presente en tantas actividades económicas que termina afectando colateralmente a muchísimas más personas.
“El crimen organizado quieren controlar toda la cadena productiva entonces viene la extorsión para empresarios involucrados, a personas que buscan la protección de los recursos naturales o simplemente por estar ahí en ese en ese mismo ambiente puede ser sujeto a amenazas, y esto sucede más con los recursos pesqueros porque son muy redituables y hay toda una logística e infraestructura. Son muchas las personas que están involucradas por un vacío de autoridad y falta de control en los municipios. Hemos visto que a pesar de que sí se denuncian, terminan en una tragedia”, señaló Olivera.
Así sucedió este 10 de julio de 2024 cuando asesinaron a la empresaria y directiva de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Baja California, Minerva Pérez, en un ataque armado directo mientras conducía.
Pérez denunciaba a la pesca ilegal y las afectaciones que acarreaba, e incluso recientemente expuso que el sector pesquero estaba siendo objeto de “cobro de piso” o extorsión, en toda la cadena productiva, incluyendo restauranteros y hoteleros.
“Las personas somos muy vulnerables ante el crimen organizado, en cualquier momento puede haber una agresión, entonces muchas veces las denuncias ante los medios de comunicación, la denuncia ante la autoridad no es suficiente porque no actúa o no considera suficiente evidencia para brindar protección y todo esto queda en impunidad”, señaló Olivera.
Actualmente hay organizaciones como Artículo 19, Propuesta Cívica y Amnistía Internacional sección México, que brindan acompañamiento y asesoría jurídica a defensoras y defensores de derechos humanos, e institucionalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus oficinas estatales tienen la función de acompañar, enseñar, defender, recomendar y abogar por personas y comunidades ante el gobierno.
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