Un nuevo estudio realizado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), en Bolivia, detectó niveles alarmantes de contaminación por mercurio en seis pueblos indígenas asentados en los ríos Madre de Dios y Beni, de la cuenca del Amazonas.
Ante los hallazgos, las comunidades se han organizado para exigir a las autoridades medidas que protejan su salud y al medioambiente.
La investigación fue realizada entre julio del 2022 y febrero del 2023, a raíz de que varias personas de los territorios indígenas Tacana I, Tacana II, Lecos Larecaja, Tsimane Mosetene, Lecos de Apolo y San José de Uchupiamonas, al noroeste de ese país, comenzaron a presentar problemas de salud.
Niñas y niños nacieron con deformidades y trastornos de aprendizaje, se registraron varios casos de anemia, partos prematuros y de personas que perdían la capacidad de caminar.
Al notarlo, los presidentes y caciques de cada pueblo temieron que las enfermedades fueron consecuencia de envenenamiento por mercurio, ya que la base de la alimentación de esos pueblos es el pescado, y en los ríos donde capturan ese insumo hay intensa actividad minera, para la cual se emplea el mencionado metal.
Por ello, manifestaron sus preocupaciones ante la CPILAP, que decidió tomar cartas en el asunto: capacitó a cinco técnicos de cada uno de los seis pueblos para recoger muestras en las 36 comunidades más cercanas a las operaciones mineras, y luego las mandó a analizar al Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA), de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), explicó Lino Illimuri, vicepresidente de la CPILAP, en entrevista para Causa Natura Media.
En total se estudiaron muestras de cabello de 302 personas. Los hallazgos, publicados el pasado mes de junio, fueron preocupantes: al menos 59.9% de las personas que participaron en el estudio presentan niveles de mercurio por encima del establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como los de una ingesta aceptable, que es de 2 partes por millón (ppm).
Los mayores impactos por contaminación por mercurio se registraron en la parte baja de la cuenca del río Beni, en los pueblos ese ejjas, tsimane’, tacana y mosetene, que no tienen ninguna relación con la actividad minera de oro.
La CPILAP capacitó a personas de los pueblos indígenas para tomar muestras y determinar grados de contaminación por mercurio. Foto: Central de Pueblos Indígenas de la Paz (CPILAP)
Las muestras de los ese ejjas presentaron mayor concentración de mercurio, con 6.9 ppm, seis veces más que el valor referencial establecido por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), de 1 ppm; le siguieron las de los tsimanes, con 6.7; y los mosetenes, con 4.01. El resto de pueblos registraron concentraciones menores a 3 partes por millón.
De las 36 comunidades estudiadas, la tsimane de Corte tuvo la concentración media más elevada, con 11.25 ppm, pero los valores más extremos se reportaron en la población ese ejja de la comunidad Eyiyoquibo.
En 18 comunidades, es decir, la mitad de las muestreadas, 100% de las personas tuvieron niveles superiores a 1 ppm de mercurio.
El mercurio que envenena los ríos bolivianos
La contaminación con mercurio de los ríos de la Amazonía boliviana, como consecuencia de la industria minera del oro, no es algo nuevo. Desde 1980 se detectó la problemática y se comenzó a estudiar.
El ciclo de contaminación inicia cuando las cooperativas y empresas mineras emplean el mercurio para amalgamar oro, ya que es el proceso más eficiente y rápido para recuperarlo.
El metal, en pequeñas cantidades, llega o se vierte en los ríos y por acción de bacterias sulfato reductoras, se transforma en un mercurio orgánico (metilmercurio), que se acumula en los peces, la base de la dieta alimenticia de los pueblos indígenas.
Así, aunque la cantidad del metal en el agua es poca, se magnifica en los peces que después son consumidos.
“La pequeña cantidad de mercurio que hay disponible en los cuerpos de agua se magnifica dramáticamente cientos o miles de veces hasta llegar al ser humano, entonces esto causa problemas en la salud”, explicó Darío Achá, responsable del LCA de la UMSA.
De acuerdo con el especialista, si bien los niveles de mercurio en las y los pobladores de la Amazonía boliviana no son tan alarmantes como los que se han detectado en las poblaciones de Minamata, Japón, en Irak o en algunas regiones de Europa, el peligro es que la exposición al metal ha sido más prolongada.
Y según estudios realizados en 1990, el contacto crónico con niveles altos de mercurio repercute en efectos nocivos para la salud, principalmente, en el sistema nervioso de productos en gestación, lo que convierte a las mujeres embarazadas en el grupo de mayor riesgo.
Sin embargo, el científico subrayó que se han detectado altos niveles de mercurio en cuerpos de agua en los que hay empresas mineras que no emplean ese metal, como el lago Uru Uru, que se conecta con el lago Titicaca, por lo cual, no se podría descartar que la contaminación se deba a otras circunstancias. Como ejemplo, enumeró que la erosión del suelo aporta un nivel importante de mercurio.
¿Se puede hacer algo para evitar que la población indígena se siga intoxicando? De acuerdo con Achá, sí. Consideró las restricciones a la minería una “batalla perdida”, ya que “las empresas tienen una fuente de recursos casi ilimitada que llega del extranjero”, y existe una “demanda ridícula de oro que es irreal e inconsciente”, por lo que apostó por mitigar el impacto trabajando con las comunidades, enseñándoles que especies de peces son aptas para el consumo y cuáles no, así como alternativas para promover cambios de hábitos alimenticios.
Por ejemplo, se ha detectado que los caimanes cuentan con un sistema de descontaminación muy eficiente y su carne tiene niveles de mercurio comparables a los de peces herbívoros que son más bajos, por lo que es más recomendable consumir caimán.
De igual forma, se les podría brindar capacitaciones de siembra. La implementación de programas para generar intercambio de peces o proteínas en las zonas andinas es otra opción, dijo el experto.
Por otro lado, el LCA de la UMSA, en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Embajada Francesa, han explorado estrategias como la fitoremediación para reducir la cantidad de mercurio en los cuerpos de agua.
“Hemos encontrado algas que acumulan grandes cantidades de mercurio y metilmercurio, que podrían ser utilizadas para removerlo del ecosistema. Esto es un parche frente a un problema gigantesco, es lamentablemente como tapar el sol con la mano. Es una alternativa que puede ayudar, pero no va a resolver el problema”, precisó el responsable del laboratorio.
Actualmente, se está diseñando el sistema piloto para aplicar la estrategia en campo, pero no hay fecha para que sean publicados los primeros estudios.
Por otro lado, Achá recalcó la necesidad de realizar nuevos estudios, actualizados, para determinar las afectaciones por la contaminación con mercurio, pues a la fecha no se ha investigado si los problemas de desarrollo neurológico, intelectual y motriz, están relacionados con el consumo de peces contaminados o si son consecuencia de otra problemática.
“Los efectos del mercurio son muy parecidos a los que genera el hambre: la malnutrición genera problemas con el sistema nervioso, con la capacidad intelectual y el desarrollo intelectual de los niños. Y las comunidades indígenas generalmente son muy pobres. Entonces no es tan fácil hacer la conexión entre el mercurio y estos problemas. Se necesitan estudios muy serios y, lamentablemente, muy costosos, para determinarlo”, puntualizó.
Las acciones para combatir la contaminación de los ríos por mercurio deben ser estrategias coordinadas entre los ocho países amazónicos, aseveró la vicerrectora de la UMSA, María Eugenia García, quien informó que en agosto los presidentes de esas naciones se reunirán en Brasil para hablar de la problemática y se espera que ahí se tomen decisiones “severas” al respecto.
La exigencia: agua y medioambiente sanos
Los resultados del estudio de la CPILAP encendieron las alarmas a nivel mundial, pero preocuparon principalmente a las poblaciones originarias afectadas, sobre todo porque Bolivia es uno de los principales importadores de mercurio a nivel mundial.
De acuerdo con la Central, la importación del metal creció 60% en los últimos 10 años, pese a que el país firmó el Convenio de Minamata, con lo cual se comprometió a reducir o eliminar el uso de mercurio en la minería aurífera.
“Tenemos nuestra Ley de Derechos de la Madre Tierra, la Ley 1333 del Medio Ambiente. Nuestra Constitución Política dice que el gobierno boliviano debe garantizar la existencia de los pueblos indígenas en un ambiente sano, saludable. Pero lo que vemos es que el mercurio está matando de manera silenciosa a nuestros pueblos, está contaminando a nuestros hermanos indígenas”, sostuvo Lino Illimuri.
Por ello, las comunidades que forman parte de la CPILAP están preparando una demanda contra las instituciones del Estado encargadas de vigilar el cumplimiento de las normativas ambientales y las operaciones de las empresas y cooperativas mineras.
“Tenemos hartas normativas ambientales en Bolivia, que prácticamente dice que no se puede hacer minería en cuerpos de agua, pero en todos los ríos están con dragones chinos y colombianos, con maquinaria pesada trabajado en los diferentes cuerpos de agua y no hay autoridad que controle, que pueda ir y ver con qué permisos está trabajando. Las empresas que están en los ríos tienen sus permisos en trámite, pero ya están trabajando. Para cuando terminan el trámite ya no hay nada en el lugar. Sabemos que hay instancias del gobierno que no están cumpliendo su labor y contra esas instancias vamos a realizar las demandas correspondientes”, afirmó el vicepresidente de la CPILAP.
Lo que buscan es que el Estado boliviano acate las normas tanto nacionales como internacionales para proteger el medioambiente, así como el territorio y la salud de los pueblos indígenas.
En la acción legal se solicitará mejorar el acceso a servicios básicos, como los médicos y los de educación, y la implementación de programas productivos para que las y los pobladores puedan obtener pozas para criar pescado o cuenten con nuevas fuentes de insumos alimenticios que les permitan dejar de consumir los peces contaminados. Actualmente, se analiza incluir la exigencia de reparación del daño para las personas afectadas.
“Ya hay hermanos que prácticamente se han quedado en silla de ruedas y tienen varios hijos y no hay quien mantenga a esos hijos. Por eso estamos considerando pedir un resarcimiento al Estado o a los responsables, que son las cooperativas que están haciendo el daño ambiental”, agregó Illimuri.
De igual forma, cinco especialistas en toxicología, junto con un equipo de médicas y médicos, están recorriendo las 36 comunidades que participaron en el estudio para compartirles los hallazgos y darles asesoría en materia de salud, además de monitorear el estado en que se encuentran las personas que brindaron muestras de cabello.
En este sentido, el vicepresidente de la CPILAP explicó que ya han sostenido reuniones con el Ministerio de Salud de Bolivia, para dar seguimiento a las personas que tienen un elevado nivel de mercurio en el cuerpo y se está analizando la posibilidad de crear una Red de Salud exclusiva para las comunidades indígenas afectadas.
La CPILAP, junto con personal del Ministerio de Salud de Bolivia, comenzó los recorridos para informar sobre los resultados del estudio a las poblaciones indígenas que participaron. Foto: Central de Pueblos Indígenas de la Paz (CPILAP).
El estudio de la Central ha impulsado que otras poblaciones se organicen para realizar sus propias investigaciones: en algunas ciudades de los departamentos de Beni y Pando, al norte del país, ya están poniendo manos a la obra.
“Lo que queremos es que el Estado pueda cumplir las normativas, que seamos un país donde realmente la ley se cumpla para todo, no que favorezca a ciertos sectores y a otros se le prohíban ciertas cosas”, concluyó Illimuri.
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