El 27 de mayo del 2017, Carlos Choc tomó una fotografía. Era el cuerpo del pescador Carlos Maaz que yacía sobre el asfalto en medio de una protesta en contra de la mina Fénix en el municipio El Estor, al nororiente de Guatemala.
Maaz era parte de un grupo de pescadores locales que ese día se manifestaba en contra de la operación de dicha mina de níquel, propiedad de Solway Investment Group, de capital ruso con sede en Suiza opera en el país latinoamericano como Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
Una mancha roja tiñe las aguas del lago Izabal. Foto: Carlos Choc.
Una mancha roja apareció en el lago de Izabal, próximo al Atlántico, un ecosistema donde la actividad pesquera es de las principales actividades productivas para la población maya Q' eqchi'.
La fotografía de Choc, no sólo dio cuenta de la represión del Estado en contra de los pescadores, sino que contradijo la versión oficial de que no había víctimas en las protestas.
Las consecuencias de vivir en un país donde la libertad de expresión se ve amenazada siguen hoy, más de seis años después, Choc se encuentra vinculado a proceso por el supuesto delito de detención ilegal en aquel día de protesta del 2017, por una acusación de CGN.
El proceso judicial de Choc ha estado plagado de decisiones arbitrarias desde un inicio. El Estado guatemalteco y la mina mantienen vínculos a diversos niveles, según quedó demostrado en una serie de filtraciones realizadas por el grupo hacktivista Guacamaya llamadas Mining Secrets y en el trabajo de investigación diversos medios guatemaltecos e internacionales.
Una estrategia de alargue
Choc se ha dedicado a cubrir movimientos sociales. Foto: Cortesía.
En el caso de Choc, en febrero del 2018, su audiencia se vio suspendida por parte del juez Edgar Aníbal Arteaga López, del Juzgado de Primera Instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Izabal, debido a la fuerte presencia que la prensa y personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Choc habría de esperar hasta enero del 2019 para que el juzgado tomase su primera declaración. Es decir que esperó un año ocho meses después de la manifestación de los pescadores para ser escuchado. Entonces fue ligado a proceso. Y en noviembre de ese año su caso fue cerrado provisionalmente.
¿Qué significa quedar cerrado provisionalmente y no de forma definitiva?, se le pregunta al periodista.
“Es como que tienes un pie en la cárcel, tienes un pie afuera, porque provisionalmente en cualquier momento, en cualquier hora, te vuelven a denunciar la misma mina. Osea te quedas vulnerable. No totalmente con todos los derechos que te garantiza la Constitución… aquí en cualquier momento te vuelvan a inventar otras cosas, denuncias falsas y que te metan de una vez a la cárcel, porque ya estás como en un caso en donde provisionalmente estaba cerrado tu caso. Entonces no aceptaron mis abogados”, explicó Choc.
Los abogados del periodista comunitario argumentaron que el caso debía cerrarse de forma definitiva como el propio Ministerio Público lo pedía y que el juez había emitido opinión al optar por cerrarlo provisionalmente.
Tras un recorrido por las instancias superiores de Guatemala, los argumentos de la defensa del periodista fueron desoídos y Choc quedó ligado a proceso. Una audiencia se celebró en noviembre del 2019 fue suspendida de nueva cuenta, como parte de lo que él califica una estrategia de “alargamiento” y “criminalización”.
Próxima audiencia
Ahora Choc aguarda por una próxima audiencia que tendrá lugar el 22 de agosto.
Choc espera que su caso sea cerrado definitivamente y “termine realmente toda esta persecución penal y trabajar libremente porque no puedo ejercer mi trabajo con toda libertad sabiendo que estamos con medidas sustitutivas”.
Choc con la grabadora en la mano realiza una entrevista. Foto: Cortesía.
En Guatemala la medida sustitutiva permite a una persona continuar con el proceso de su caso sin ir a presión.
No obstante, esta condición, de acuerdo con el periodista, le impide ejercer libremente su trabajo al limitarlo para cubrir audiencias, cuestionar decisiones judiciales y de la policía, así como asuntos de corrupción y cooptación.
Este no es el único caso que fue abierto en contra de Choc, el pasado 13 de septiembre fue absuelto de otro proceso judicial iniciado en 2019 en el que se le señaló por el presunto delito de instigar a delinquir a partir de que el 22 de octubre del 2021 fue golpeado por elementos de la Policía de ese país.
Tras la represión policial, 13 agentes denunciaron a 11 personas indígenas, pescadores y al propio Choc por instigar a delinquir.
Casi tres años después de los hechos, el juez Arteaga determinó que no había elementos suficientes para sentenciar al periodista y lo absolvió de este segundo procedimiento penal.
Mining Secrets
Millones de documentos internos puestos al descubierto revelaron que el conglomerado buscó manipular a las comunidades durante las consultas sobre la permanencia de la mina, que derivaron en la reapertura de la mina en diciembre del 2021.
Al menos 470 buzones de correo y 8 millones de documentos albergan intrigas y pagos a líderes y autoridades, así como planes para remover a las comunidades de la zona, de acuerdo con información de Forbidden Stories, una red internacional de periodistas, quien obtuvo estos documentos y los compartió con medios aliados.
Las protestas de pescadores que cubrió Choc sí tuvieron un efecto, la suspensión de la operación de la mina por parte de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala a partir de 2021.
La decisión obligaba a consultas con líderes indígenas para reanudar. Pero el proceso se vio viciado por una ola de donaciones, que se traducían en compra de voluntades, aseveran diversas investigaciones periodísticas.
Por ejemplo el pago de 34 mil dólares a la compra de 10 equipos de pesca para mantener como aliados a la Asociación de pescadores Bocas del Polochic, según el documento de CGN-Pronico, refirió El País, uno de los medios que tuvo acceso a los documentos.
La minera también desplegó estrategias para reacomodar a personas de la comunidad Las Nubes que no se querían ir de sus casas, a través de despedir trabajadores y contaminar cultivos con químicos y esparcir rumores de sida en la localidad.
En respuesta a estas filtraciones, Solway ha negado que los pagos a los comuneros “correspondan a la realidad”. No obstante, periodistas han confirmado casos como el de Guadalupe Xol Quinich, miembro del Consejo indígena de El Estor, que rechazó firmar un acuerdo para avalar la consulta realizada por la mina a los pueblos indígenas. Por su firma le ofrecían 3 mil quetzales, confirmó al medio español.
Minería en El Estor, Izabal. Foto: Carlos Choc
La mina hoy mantiene sus actividades suspendidas.
“Ahorita está suspendida pero no por el Estado de Guatemala… sino porque recibió una sanción de parte de Estados Unidos en diciembre del año pasado, donde Solway tiene muchos vínculos fuertes con una empresa de nacionalidad rusa y ahí es donde la geopolítica entra”, explicó Choc.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó en noviembre al ruso Dmitry Kudryakov, por ser el supuesto encargado de las operaciones de Solway en Guatemala y a la bielorrusa Iryna Litviniuk.
La OFAC les acusa de haber “dirigido múltiples esquemas de soborno durante varios años que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales".
“Apoyamos al pueblo de Guatemala y apoyamos la protección de los recursos naturales de su país contra la explotación externa”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson en el mismo comunicado.
A partir de estos señalamientos, Solway publicó que suspendía de sus cargos a ambos ejecutivos.
Más tarde el 22 de mayo, envió un nuevo comunicado en el que aseguraba que un estudio independiente determinó que no había evidencia de propiedad o control ruso sobre Solway. La empresa aseguró que tras la invasión sufrida por Ucrania vendió sus activos en Rusia.
Clima de persecución
El caso de Choc es uno de los más representativos en un clima de hostilidad que vive la prensa en Guatemala durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Recientemente, José Rubén Zamora, un galardonado periodista, fue sentenciado a seis años de prisión por el supuesto delito de lavado de dinero el pasado 14 de junio; un delito que acusa de ser fabricado por el actual régimen.
Ocho reporteros de este medio y otros, como Prensa Comunitaria, han sido acusados por parte del Ministerio Público por el supuesto delito de “obstrucción de la justicia”, cuya actual titular Consuelo Porras fue renovada en un mandato de cuatro años por Giammattei en 2022.
Para Choc la prensa corporativa no vio venir la represión que se venía con el actual gobierno, algo que ya sufrían en los medios alternativos.
En lo que coincide es que los diversos sectores han hecho aportes para denunciar la corrupción en el gobierno y que la represión se ha recrudecido en términos generales.
“Este presidente sí es enemigo de la prensa alternativa, enemigo de los periodistas independientes”, apuntala.
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