A mediados de mayo tres hombres armados llegaron a amenazarlos. “Nosotros no nos metemos con ustedes y ustedes no se meten con nosotros. Y si alguien se mete, aquí nosotros lo arreglamos”, les dijeron a los defensores del ejido Nueva Morelia, en Chicomuselo, municipio de la sierra de Chiapas, al sur de México.
El aviso era que volvería la extracción minera, principalmente, de barita. La mina, propiedad de la empresa canadiense Blackfire Exploration Ltd. ha estado cerrada desde 2009. En aquel momento, una serie de manifestaciones, denuncias y el homicidio del activista Mariano Abarca Roblero llevaron a su clausura.
A un mes de las amenazas, ejidatarios reportan que durante este tiempo han habido trabajos de extracción en la mina Grecia, nombrada así por el ejido donde se ubica, en lo más alto de la sierra chiapaneca.
“Siguen subiendo (la sierra) personas en camionetas. La Guardia Nacional ya está en el municipio, pero cuando se vayan dicen que volverán por más material. Ojalá ya no regresen y el gobierno junto con la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) intervengan y les pongan un alto definitivo”, dijo en entrevista uno de los defensores del territorio, quien por motivos de seguridad prefiere permanecer anónimo.
Sobre los responsables, el defensor desconoce para quién están extrayendo el material, pero anteriormente han denunciado agresiones por parte de la minera, así como la participación del crimen organizado en la zona.
En México, las minas de empresas canadienses han generado conflictos por la defensa del territorio en distintos estados del país. Foto: Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro.com
Esta no es la primera vez que se denuncian extracciones ilegales. En octubre del año pasado, medios locales información que había inquietud y temor por la reactivación de las actividades mineras en Chicomuselo.
Tras las amenazas del mes pasado, los ejidos buscaron al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Tenían su contacto porque recientemente habían estado en la región para realizar unos estudios ambientales.
El 18 de mayo que ocurrió el encuentro, Agustín Ávila Romero, encargado del Despacho de la Dirección General del INECC, envió un oficio dirigido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el que solicitó atención inmediata para la comunidad.
No tardaron en sumarse colectivos y académicos que han estado acompañando a los ejidos. La profesora Elisa Cruz Rueda, de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la Universidad Autónoma de Chiapas, fue una de las que pudo contactar a la CNDH y ser conexión con defensores debido a la distancia y el riesgo de trasladarse hasta la Comisión para ratificar la denuncia
“Lo que nos reportaron los compañeros en la zona es que días después (de las amenazas) hubo más presencia policiaca. Llegó la preventiva del Estado para confirmar que los defensores del medio ambiente estaban bien”, explicó la profesora.
Sin embargo, aún no ha habido otra respuesta de las autoridades.
Protesta contra mineras. Foto: Margarito Pérez Retana/Cuartoscuro.com
Denunciar a un país
El conflicto de la mina Grecia no es nuevo. Tiene antecedentes desde 1999 cuando la compañía nacional “El Caracol” solicitó una concesión de explotación de barita, uno de los minerales más cotizados en la industria petrolera.
En 2006 la concesión pasó a Blackfire. Aunque en un inicio recibido fue bien por el ejido Grecia, pronto los habitantes de otras zonas bajas de la sierra reportaron la contaminación. Los ríos, que son el principal recurso para hacer uso del agua, comenzaron a teñirse por el uso de cianuro y arsénico en el lavado de los minerales.
Además de las afectaciones al ambiente, en Nueva Morelia recuerdan que también cambió la dinámica social. Se instalaron bares y prostíbulos, a pesar de estar prohibidos en los ejidos. También se propagó el consumo de drogas.
La situación apareció hasta el asesinato de Mariano Abarca, uno de los opositores y líderes comunitarios más activos, en noviembre de 2009. El caso escaló a medios internacionales, por lo que el gobierno tuvo que clausurar la mina.
“Se denunció ante la Secretaría del Medio Ambiente y ante la Profepa que la minera estaba violando su propia concesión en la que se establecía que no iba a causar daños al entorno. Se paró la actividad porque había un proceso de resistencia muy importante en la zona, pero las concesiones no fueron canceladas”, puntualizó la profesora Cruz Rueda.
Frente a la clausura, se difundió que la empresa Blackfire se detectó con demandar al gobierno mexicano por casi 800 millones de dólares. Argumentaron que el cierre violaba distintas disposiciones legales como las del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que el dinero sería para recuperar lo invertido en la mina.
Sin embargo, tras declaraciones en 2010 (recuperadas por la organización Mining Watch Canadá) en las que Blackfire admitió que había estado minando en la comunidad de Nueva Morelia por un error de mapeo y dijo que nunca amenazó con demandar al gobierno mexicano, no hay más informacion de la empresa.
En 2019 llegó la acción legal, pero desde la familia de Mariano Abarca, la cual presentó una denuncia ante la Corte Federal de Canadá contra el gobierno canadiense por omisión en el conflicto minero. Sin embargo, tras años de espera, la Corte rechazó el recurso de apelación y negó una investigación.
El proceso no ha terminado, el pasado 8 de junio se informó que, ante la negativa, la denuncia de familiares se había llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mariano Abarca, líder comunitario y defensor del territorio, asesinado en 2009.
Lo pendiente
Aunque a la fecha de cierre de esta nota no se ha registrado otro encuentro con hombres armados, los defensores expresan que hay miedo en la comunidad.
“Yo creo que hacen una guerra psicológica. La comunidad esta nerviosa y con miedo. Muchas de las personas se han ido a dormir a los montes, se llevan a niños, ancianos y mujeres. Es un terror, porque aunque ya está más tranquila la situación, ellos siguen estado ahí y al sacar el material están contaminando el agua que abastece a nuestro ejido”, dijo el defensor del territorio.
Además, insistan en que es necesario que Profepa se presente a realizar una inspección y que el gobierno federal tome medidas.
“Lo que queremos nosotros es que esto llegue a las autoridades y como dice un refrán 'entre más tocamos, que sean más los que tocan más fuerte y seguido'. Entonces no hay que dejar de tocar las puertas para que se haga justicia porque lo que queremos nosotros es vivir sin temor”, concluyó.
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