La construcción y operación del Proyecto Integral de Morelos (PIM), un gasoducto que atraviesa los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en el centro sur de México, ha comprometido la seguridad de las comunidades que se oponen desde 2012.
El PIM ha sido relacionado con el encarcelamiento de personas que defienden el ambiente y su comunidad; con el cierre de dos radios comunitarias; hostigamiento a activistas y el asesinato del comunicador y activista indígena, Samir Flores.
El camino hacia una transición energética parece generar más conflictos que soluciones, apuntó Juan Carlos Flores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, una organización de comunidades indígenas náhuatl, en el panel Gas natural, transición energética justa y derechos humanos, organizado por Project on Organization, Development, Education and Research (Poder).
Sin embargo, la apuesta por la producción de gas natural continúa en México, con la construcción de 13 centrales en puerta, impulsadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa encargada de generar, gestionar y comercializar la energía eléctrica en México, señaló Luca Ferrari, investigador en el Centro de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Estos proyectos se plantean como benéficos para la comunidad, pero según Juan Carlos responden más a una lógica extractivista que sirve a las industrias y no a las necesidades de las comunidades.
El informe de la organización Poder muestra que, desde 2000 hasta 2021, México ha aumentado una tasa promedio anual de 15.5% en las importaciones de gas natural provenientes de Estados Unidos.
México importa el 80% del gas natural que consume, principalmente a través de ductos desde Estados Unidos, y pretende ser un exportador de este recurso a otros países.
Un horizonte justo
América Latina sigue dependiendo de combustibles fósiles. En primer lugar del petróleo, en segundo del carbón y el tercero del gas natural, no obstante, hay países como México, Argentina, Trinidad y Tobago y Venezuela, donde el gas es la fuente de energía más consumida, de acuerdo con Poder.
La dependencia representa un riesgo no solo para la soberanía, sino también lo coloca en desventaja frente a conflictos y negociaciones futuras con Estados Unidos, señaló Ferrari.
La mitad de la energía total que requiere Latinoamérica viene del petróleo y sus derivados. Ahora la región enfrenta el reto de implementar políticas públicas progresivas que permitan eliminar rápidamente esa dependencia a los recursos fósiles y a su vez los problemas socioecológicos que generan este tipo de proyectos, explicó Anaid Velasco, coordinadora de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
El papel del gas natural sería el de una energía puente rumbo a las renovables, señaló Velasco, una transición en la que la región va tarde.
El informe apunta que el rol clave en la transición energética del gas natural se debe a las bajas emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Pero destaca que es esencial mayor información de los impactos que tendrá en el ambiente y en los derechos humanos de la población.
Flores cree que la política formal resulta poco efectiva frente a la inseguridad, pues se trata de un problema estructural que requiere cambiar el modelo de desarrollo capitalista.
“Ya de por sí se ve una situación muy deplorable en el PIM, pero no sólo en ese, sino en muchísimos de los megaproyectos que se están instalando en el país que nos están creando una inseguridad muy fuerte que, o nos organizamos o perecemos”, dijo.
La organización de las comunidades sólo será posible en condiciones de seguridad que garanticen una mayor participación ciudadana y el acceso a la información pública, dijo Velasco, derechos contenidos en el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional de los países latinoamericanos y del Caribe para la protección ambiental y de los derechos humanos.
Otra alternativa que complementa la organización comunitaria es el desescalamiento, entendido como un proceso de disminución del consumo de energía, toda vez que las energías renovables no representan menos conflictos socioambientales.
Ferrari lo divide en tres pasos: la construcción de un sistema industrial acorde a las necesidades internas de los países latinoamericanos, la democratización en el acceso a los recursos y la redistribución de la riqueza; pasos necesarios para una transición energética justa.
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