La vivienda de la pareja Myriam Vargas y Carlos Flores Sólis, ubicada en Zacatepec, Puebla, fue allanada tres veces en abril pasado. En el último asalto, ocurrido el día 14 de ese mes, se llevaron papelería y una mochila que contenía insignias de actos políticos. Antes, el día 5, dejaron un cuchillo sobre la cama.
Ambos son integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), un colectivo que mantiene una lucha activa desde el verano de 2012 contra el Proyecto Integral Morelos, el plan gubernamental para generar energía eléctrica en la zona centro del país.
Las agresiones contra opositores al proyecto no son nuevas, afirmó Vargas, quien además es comunicadora comunitaria.
“Una de las primeras fue la detención de Jaime Domínguez (también activista del colectivo), detenido por el Mando Único Policial en 2013, en la zona de Apatlaco, Morelos, durante una protesta contra el avance del acueducto”, contó Vargas en entrevista.
A partir de ahí, durante el proceso de avance del proyecto y la consecuente resistencia, los activistas han sufrido encarcelamientos, amenazas, hostigamiento y acoso judicial.
El caso que más ha golpeado a este Frente de Pueblos es el del activista Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado la madrugada del 20 de abril de 2019 en Amilcingo, Morelos, tres días antes de la Consulta Pública sobre el proyecto energético del gobierno Federal.
De acuerdo con el “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales 2021”, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), en lo que va de la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, por lo menos 58 defensores del medio ambiente y el territorio han sido asesinados.
Aunque las agresiones letales son el caso más extremo de violencia contra activistas ambientales, también se manifiesta de otras formas, con secuestros, acoso, amagos, entre otros.
Tan solo en 2021, el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos registró 108 agresiones a activistas ambientales, la cifra más alta en los últimos ocho años. De esas, a 25 les arrebataron la vida.
Oaxaca es, según los datos, el estado más peligroso del país para los defensores del medio ambiente, con 24 agresiones registradas, seguido por Sonora y Yucatán, con 10, respectivamente.
Estas cifras únicamente corresponden a las agresiones que derivaron en una denuncia formal o, cuando menos, un registro por parte del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Sin embargo, el número es mayor al oficial, pues hay quienes deciden no denunciar.
El Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos es una de las herramientas institucionales que hay en México para proteger la vida e integridad de los activistas.
A la fecha, en este organismo hay 256 defensores ambientales inscritos. Para este año, el gobierno federal hizo una aportación al fondo por 380 millones 298 mil pesos, informó Segob vía transparencia. La cifra es 29% inferior a la de 2021, cuando el monto total alcanzó los 532 millones 977 mil pesos, el presupuesto más alto de su historia.
Del total de personas inscritas en el Mecanismo, más de la mitad, 133, sufrieron agresiones directamente de servidores públicos.
Jesús Cahum, líder del Comité de Vigilancia Comunitaria Río Chacmochuc, en la zona norte de Quintana Roo, ha sido golpeado y amenazado de muerte. Su presencia resulta incómoda para pescadores furtivos y las personas que talan manglares para hacer fraccionamientos habitacionales, dijo a Periodismo Causa Natura.
Sin embargo, ha decidido no denunciar. “Es una pérdida de tiempo, no sirve de nada, las autoridades son las mismas que te ponen el pie”, aseveró.
Cahúm refirió que cuando interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por tala y relleno de manglares, la misma dependencia lo “echó de cabeza” ante los infractores. “Por su culpa me mandaron golpear”, agregó.
Las luchas de los defensores ambientales son múltiples. Según el informe de Cemda, la mayor parte de las agresiones se dan en sectores donde se involucra la minería, seguido por el tema hídrico y la energía eléctrica. También sobresalen las problemáticas relacionadas con el sector forestal, vías de comunicación y turismo.
Roberto de la Rosa lleva más de una década resistiendo a la Mina Frisco-Tayahua, en la comunidad de Salaverna, Zacatecas, propiedad de la compañía Frisco, de Carlos Slim Helú.
Aunque el proyecto inició en 1998, fue hasta 2010 cuando arreciaron las presiones para que los habitantes de la localidad aceptaran ser reubicados, alegando que había riesgos para los asentamientos humanos, contó a Periodismo Causa Natura.
El objetivo, añadió, era explotar la mina a cielo abierto. Muchas familias aceptaron dejar sus casas, a cambio de una casa en comodato en otro lugar y una compensación de 15 mil pesos. Otras fueron reubicadas en los años posteriores.
En la comunidad solo quedan siete familias. “Algunos quieren llegar a un acuerdo. Conmigo no lo van a lograr, la minería mata toda la vida alrededor, acaba con el agua, con la vegetación, yo aquí me voy a quedar”, dijo.
El 23 de diciembre de 2016, con el pretexto de una supuesta falla geológica que ponía en riesgo la vida de las personas, funcionarios de la Secretaría de Gobernación de Zacatecas ingresaron con maquinaria a la comunidad para desalojar de forma violenta las viviendas que quedaban. Demolieron la iglesia, la escuela y la delegación municipal, pero un grupo de habitantes se resistió.
De la Rosa apuntó que una de las últimas acciones de la minera fue cercar la comunidad, para impedir el acceso. Cuando los trabajadores intentaron avanzar en el cerco, habitantes de la comunidad los corrieron. Hoy, tanto Roberto como su hijo se encuentran denunciados penalmente por amenazas de muerte hacia dichos trabajadores.
“Nosotros nos defendimos”, dijo.
El capital, factor clave
La violencia hacia defensores del medio ambiente y el territorio tienen como patrón el interés económico, de algún proyecto de explotación o infraestructura.
Pablo Reyna Esteves, especialista en conflictos sociales relacionados con medio ambiente y desarrollo, explicó que no es un fenómeno exclusivo de México, sino que se trata de una dinámica de presión por parte de las grandes empresas -legales e ilegales- en prácticamente toda América Latina.
Cuando Reyna habla de empresas ilegales, hace referencia a grupos como la delincuencia organizada.
“Hay una disputa por los recursos que hay en los territorios, para el despliegue de infraestructuras de megaproyectos, de minería, para la industria forestal, el turismo y demás. Es está necesidad del capitalismo por acumular el acceso, control, explotación y la acumulación de los recursos naturales”, afirmó.
Para ello se apoyan de leyes e instituciones de los Estados. “Sean de derecha o de izquierda, la cosa no cambia, porque digamos lo que lo que está ahí es una especie de extractivismo”, dijo el también director de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana.
Cesar Enrique Pineda, doctor en Ciencias Sociales y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que las inversiones, tanto privadas como del Estado, buscan controlar los territorios y sus bienes naturales desde una posición de poder asimétrica con las comunidades locales.
Pineda centra su investigación en la contradicción entre el capital y la naturaleza, así como los movimientos sociales de comunidades. El especialista explicó en entrevista que durante los últimos 20 años ha habido una gran resistencia a proyectos extractivos, especialmente en la minería.
Esta situación ha llegado, aseveró, hasta los informes del Banco Interamericano, pues se ve a las comunidades como un obstáculo para concretar inversiones que, en el futuro, deriven en ganancias.
“No es una cosa menor decir que los grandes poderes, con su visión estratégica, alcanzan a ver que los poderes comunitarios son un obstáculo muy importante para sus intereses económicos”, dijo.
Por esta razón, sostuvo, muchas empresas han buscado legitimar sus proyectos en relación al medio ambiente, a través de campañas publicitarias u otros recursos.
“Son estrategias que algunos autores llaman ‘estrategias blandas’ en relación al conflicto, que entran en este supuesto de incorporar algunas mitigaciones o modificaciones para que sus impactos sean menores, y así calmar a las comunidades. Otro recurso es la renta de la tierra, pues se les da dinero a las comunidades y algunas aceptan”, comentó a Periodismo Causa Natura.
Otra de las estrategias comúnmente utilizadas en medio de los conflictos, añadió, es la destrucción de la unidad comunitaria, o abiertamente la represión o el espionaje.
“Puede ser una o una combinación de estrategias duras y blandas de los grandes capitales para lograr su objetivo, que es mantener el flujo de bienes naturales para la producción'', concluyó.
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