Una agricultura sostenible sólo será posible cuando esta actividad sea respetuosa con el medio ambiente y con los derechos humanos, principalmente, laborales, indicó Susana Cruickshank, presidenta fundadora y directora del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública (Cecig), una organización enfocada en la política pública hacia personas trabajadoras jornaleras agrícolas migrantes internas.
“A veces se ve totalmente desvinculado el tema del medio ambiente y la agricultura con los temas laborales cuando van totalmente de la mano. Tenemos que revisar una agricultura sostenible en el tiempo que sea respetuosa con el medio ambiente, pero también con las personas en su trabajo. En los informes de derechos y responsabilidad social de las empresas a veces reportan que cuidan el medio ambiente, pero no reportan si respetan un salario digno, el pago de obras extras, la seguridad social, la no discriminación por sexo, por género, etnia, idioma, educación. Y es algo muy importante de tomar en cuenta”, señaló Cruickshank.
Las irregularidades más comunes en los campos sudcalifornianos son la ausencia de contrato laboral, la nula afiliación al seguro social, condiciones de higiene laboral y de vivienda deficientes, y quienes se encuentran más vulnerables son las personas trabajadoras jornaleras agrícolas migrantes, de acuerdo con Cruickshank.
Un reporte realizado por El Colegio de la Frontera Norte indica que en el norte de México trabajan más de 200 mil jornaleros, de los cuales el 80% se concentran en la región noroeste conformada por Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Baja California recibe al 15% de jornaleras y jornaleros que migran internamente, según el informe Violación de Derechos de las y los jornaleros agrícolas en México de la Red Nacional de Jonaleras y Jornaleros Agrícolas de México publicada en 2019.
Los jornaleros agrícolas en su mayoría son personas de cultura indígena provenientes de las zonas más marginadas del país como Oaxaca, Guerrero y Puebla, de acuerdo con el diagnóstico sobre jornaleros agrícolas migrantes en BCS coordinado por la investigadora María Luisa Cabral para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2013). Siete de cada 100 productores agropecuarios son indígenas y el 10.2% habla una lengua de los pueblos originarios de acuerdo con el Censo Agropecuario 2022.
Salarios, contratos y condiciones de vida indignas
Icker Cogordán, director del programa “Una Cosecha Justa” de World Vision México, reconoce que hay empresas que tienen muy buenas prácticas, pero que también existen condiciones extremas donde se contrata a las personas por día, se suben a una camioneta sin saber a dónde irá a trabajar ni cuánto se les pagará, que es donde existe una mayor vulnerabilidad.
“¿Cómo ayudas a los trabajadores a ubicar cuáles pueden ser las condiciones? Te tienen que decir a dónde vas, a qué empresa, te pueden decir en qué condiciones vas a viajar, a qué cultivo vas, cuándo vas a regresar. Si no te dicen esas condiciones, pues tienes motivos para sospechar”, señaló Cogordán.
El diagnóstico de Cabral evidenció que operan más de 150 campos agrícolas clandestinos en Baja California Sur donde se violan flagrante y constantemente los derechos humanos de los jornaleros y que a menudo las empresas no cumplen con su responsabilidad laboral al pagarles salarios inferiores a los ofrecidos y condiciones de vida deplorables.
Pese a que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se elevó el salario mínimo a personas jornaleras agrícolas y actualmente se encuentra en $ 281.42 en todo el país y en $ 374.89 en zonas fronterizas, este sigue siendo insuficiente, de acuerdo con Cruickshank.
“A pesar de que en esta administración se elevó el salario de personas jornaleras agrícolas como un salario profesional, eso sigue siendo un salario insuficiente. Para cualquier persona es un salario no digno, aunque era peor el que estaba antes, eso hay que reconocer. Sin embargo, sigue siendo un salario insuficiente”, señaló Cruickshank.
Margarita Nemesio, colaboradora del Cecig, señaló que la relación laboral en este ámbito tradicionalmente se formaliza a través de un acuerdo de palabra donde se pactan algunas especificaciones.
“Lo primero que ellos acuerdan es el salario, el tipo de trabajo que van a realizar y este puede ser por día, a destajo, por hora, por contrato, por rendimiento, son muchas las modalidades, pero digamos que por lo general va asociada a la cantidad de productos que recolectan. Otro porcentaje de esa población, hace otras actividades adicionales a la cosecha del producto. Todo eso se le suma a un salario que puede menguar entre los 150, tal vez lo mínimo o menos de eso, hasta los 400, 500 pesos, cuando son como las temporadas de cosecha y depende mucho del producto”, explicó Nemesio.
El Censo Agropecuario que proporciona datos sobre la mano de obra de la producción agrícola, pecuaria y forestal, indica que el total en BCS es de 58 mil 184 personas, de los cuales 43 mil 763 puestos de trabajo son eventuales y reciben una remuneración por jornada de trabajo, y solo 14 mil 421 con personal ocupado permanentemente.
Una de las recomendaciones del diagnóstico de Cabral es que haya una mayor vigilancia de la Secretaría del Trabajo para garantizar el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las condiciones laborales de la contratación, establecer vínculos más estrechos con el IMSS y promover el cumplimiento de la inscripción de los jornaleros a los servicios de salud.
“Son muy inciertas las cifras que hay sobre las personas jornaleras, pero alrededor del 90% no tiene prestaciones sociales, no tiene seguridad social”, señaló Cruickshank. Sin embargo, la Ley de Seguridad Social que se concretó en diciembre de 2023, obliga a los empleadores a darles seguridad social a sus trabajadores, pero en la práctica es muy difícil de cumplir, opinó.
Hay otras condiciones en el marco de derechos laborales, como condiciones de vivienda digna, que en su experiencia desde Cecig, son muy pocas las empresas o los empleadores que les dan vivienda digna.
“Normalmente los albergues tienen condiciones muy precarias e insalubres. Sobre agrotóxicos, es muy rara la empresa que sí les brinda todo el uniforme cuando ellos tienen contacto con fertilizantes o con plaguicidas. Y hay muchos casos de gente que se intoxica y que es muy difícil, además, determinar que fue exactamente por eso”, señaló Cruickshank.
Particularmente, las mujeres son quienes viven condiciones indignas debido a que además de trabajar en el campo, al migrar con su familia también tienen que hacerse cargo de las labores domésticas y de cuidado, no hay privacidad ni condiciones cuando están menstruando o amamantando, no hay consideraciones cuando están embarazadas ni estancias infantiles cuando crian.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría del Trabajo es la responsable de vigilar el cumplimiento de normativa laboral, atender denuncias y determinar sanciones. Sin embargo, el diagnóstico de Cabral señaló que una de las grandes debilidades institucionales es que el aislamiento y la lejanía de los campos agrícolas facilitan estas condiciones debido a que no hay suficiente inspección.
“Este tipo de situaciones o abusos se dan por el distanciamiento geográfico de los campos agrícolas y que aunque empiezan a escuchar justo que hay formas de poder hacer una denuncia o su situación sea atendida, el distanciamiento con la capital es otro tema que los pone en desventaja”, señaló Nemesio.
Iniciativas para dignificar el trabajo agrícola
Campo agrícola en San Juan de Los Planes, Baja California Sur. Fuente: Daniela Reyes
Los gobiernos tienen capacidades para ejercer esta presión, pero a veces tienen limitaciones respecto a las atribuciones o presupuesto, por lo que pueden apoyarse en la sociedad civil para que estas circunstancias mejoren, como sucede con el Gobierno de Baja California Sur que, junto con World Vision, implementará el programa Cosecha Justa, que consistirá en difusión y sensibilización a través de capacitaciones y campañas a trabajadores agrícolas y empleadores respecto a los derechos laborales.
Este proyecto inició en 2022 y durará cuatro años, en los cuales pretenden, en conjunto con un socio, adaptar una aplicación que pueda ser usada por las trabajadoras y trabajadores del campo para informarse sobre cómo acceder a sus derechos laborales, y aunque está dirigida a este sector particularmente, puede ser útil para todos los trabajadores migrantes de México.
Para Icker Cogordán, el consumidor tiene el poder de presionar al mercado para que la cadena de producción cambie, en este caso el eslabón relacionado con las condiciones laborales de la producción agrícola.
“Cuando los compradores en Estados Unidos y en México ejercemos presión sobre la cadena, ésta se empieza a preocupar porque esas condiciones se quiten. Si nosotros como consumidores no estamos preocupados por saber de dónde vino ese tomate, por ejemplo, puede ser que estés comiendo un tomate con trabajo forzado o infantil”, señaló Cogordán.
Hay iniciativas como la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la que el Cecig forma parte de la coordinación, y que tiene como objetivo incidir en la política pública para mejorar las condiciones laborales de este sector, asimismo existe el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, que es fortalecido por el Cecig.
“Uno de nuestros objetivos es incidir en la política pública, a partir de las condiciones de las personas jornaleras, pero el otro gran objetivo es la construcción de sujeto y sujeta social en la población jornalera, que ellos se apropien de sus propias fortalezas y hagan su propia organización. Hay un sindicato en México, pero apenas tienen tiempo para reunirse, para organizarse; son pocas las condiciones que tienen para generar una organización y poder demandar, sí las hay, pero digamos que son las menos. Intentamos acompañar por un lado, haciendo incidencia y por otro, intentando generar o apoyar en fortalezas y formación en derechos laborales fundamentalmente”, explicó Cruickshank.
Desde la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas están preparando el segundo informe de violación de derechos a personas jornaleras que será publicado este 2024 y que actualizará sobre las condiciones laborales detrás de los productos agrícolas en México.
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