En el 2012 las sequías en la comunidad de Mapastepec, Chiapas, afectaron a los agricultores que dependían de las siembras del maíz. A partir de ahí José Villalobos, de 14 años, tuvo que ver a sus padres migrar hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. 

En 2011 y principios de aquel año se registraron las mayores sequías en cinco décadas y las autoridades reconocían pérdidas de 9,000 millones de pesos para los agricultores de maíz (equivalentes a 710 millones de dólares de hoy).

Como un péndulo que vuelve con fuerza, los duros efectos del clima habían azotado al pueblo de José siete años atrás, cuando el exceso de agua provocado en octubre del 2005 por el huracán Stan inundó el municipio. Aquel evento convirtió su casa en un albergue temporal con una decena de niños. 

Hace tres años Villalobos se unió a Viernes por el Futuro México, un movimiento internacional de jóvenes respaldado por la mediática activista sueca Greta Thunberg en búsqueda de justicia climática. Empezó a leer sobre el cambio climático y “unir las piezas” sobre lo que había trastocado su vida.

“Y dije que tenía que hacer algo y fue una respuesta totalmente nueva y creo que para mí fue llena de rabia, en la que podía hacer contra la crisis climática y las inacciones políticas”, detalló. 

Hoy él, como 30 millones de jóvenes, viven en un país que ha virado hacia la generación de energía con base en los combustibles fósiles en los últimos años.

"Lo que significa es la falta de acción, ambición y de visión realmente, México podría convertirse en un país que podría hacerle frente a la crisis climática. También significa que las autoridades no conocen la realidad en la que viven las personas en situación más vulnerable, al seguir apostando por este tipo de energías, en lugar de transicionar a más limpias que mitiguen la crisis climática", dijo Villalobos, quien desde Tapachula frontera con Guatemala aprecia los flujos migratorios que también huyen del hambre. 

El cambio climático ha tenido duros efectos en México. Tan sólo de 2001 a 2013 hubo 2.5 millones de personas afectadas por fenómenos meteorológicos, al tiempo que los costos ascendieron a 338.35 mil millones de pesos (unos 24 billones de dólares), de acuerdo con el informe Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030 del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).  

Pese a la robusta evidencia, el gobierno federal se enfila a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), a realizarse en noviembre en Egipto, sin todavía conocerse la metodología de las metas previas ni una ruta clara que despeje las dudas sobre los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. 

Entre múltiples indicadores destacan la finalidad de reducir la generación de Gases de Efecto Invernadero en 22% para 2030 y aumentar la generación de energías verdes a 35% en 2024.

Adrián Fernández, director ejecutivo de la organización civil Iniciativa Climática de México (ICM), explica que hay dos elementos en juego para México de cara a la COP27. El primero es recuperar el prestigio en materia climática. Y el segundo, evitar un rezago de competencia económica con respecto a países que consideran el clima y medioambiente en sus planes de desarrollo. 

Junto con Brasil, México es una economía emergente en la región que ha dejado de tener un entendimiento de políticas climáticas, refirió. “Peor aún. Algunas políticas que la actual administración ha liderado, y está empecinada en perseguir, son contraintuitivas para cualquiera que revise qué pasa en México, porque toda la agenda de energía en México de pronto cambió”.

Desde su inicio en diciembre 2018, la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador dio un vuelco a la política energética de su antecesor en el cargo Enrique Peña Nieto y mantiene un pulso legislativo para reducir la participación de privados en la generación energía y se fortalezca el papel del gobierno en esa labor a través de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual utiliza infraestructura que demanda en buena medida combustibles fósiles.

“Es un hecho que los países que más avanzan en el combate al cambio climático de una manera que optimizan los beneficios para su propios país son aquellos donde el jefe de estado entiende el problema, no es un problema del futuro, es un problema que tiene todo que ver con la posibilidad de desarrollo”, apuntó Fernández. 

El 10 de marzo entró en vigor una reformada Ley de la Industria Eléctrica a propuesta del presidente, ésta ha recibido un aluvión de amparos que le han impedido funcionar, lo que ha hecho que parte de los focos sobre lo que pasará en el futuro se centren en los tribunales.

La trascendencia del tema energético radicaría en que es clave para reducir los gases de efecto invernadero de México. 

 En 2015 el sector energético contribuyó con el 70.41% de las emisiones. Al tiempo que tuvo un crecimiento de 66% entre 1990 y 2015, de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. 

Pese al compromiso de la transición energética, el país perdió fuerza en la carrera por aumentar la generación de energías verdes cuando se canceló la cuarta ronda de una serie de subastas a largo plazo el 29 de febrero del 2019, apuntó Oscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un sistema en el que se daban contratos para inversionistas nacionales y extranjeros desde 2016. 

 “Si México hubiera seguido el ritmo que traía en 2016 y 2017, hubiera cumplido con esa meta (del Acuerdo de Paris) sin ningún problema. En cambio ahora estamos en 2022 y tenemos un porcentaje de relación renovable más o menos dependiendo el mes de 27 ó 28%, es decir todavía estamos significativamente abajo de lo que deberíamos estar para alcanzar el objetivo para 2024. Hay una razón muy puntual y se llama la obstaculización del desarrollo de nuevos parques eólicos, de nuevos parques solares”, expuso Ocampo.  

A este ritmo México llegará a 31% para 2024, según un nuevo pronóstico de una oficina de gobierno, retomado por el Monitor de Energía del IMCO. 

Hacia una transición justa

Una tensa calma inunda la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, que recientemente ha salido victoriosa de una batalla legal contra Gunaa Sicarú, un parque eólico de más de 4 mil hectáreas que pretendía instalar 300 MW de parte de la empresa francesa Electricité de France (EDF) en su territorio desde el 2017. 

Los habitantes de la comunidad de alrededor de 10 mil habitantes ya conviven con el parque eólico Piedra Larga de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), un proyecto a través del cual la empresa española Renovalia Energy es permisionaria de una capacidad de 227.5 MW. 

A través de dos proyectos filiales Demex I y II se genera electricidad para Grupo Bimbo de México y Walmart. Este parque fue inaugurado en octubre del 2012, en su momento la segunda planta eólica más grande de México. 

_{El corredor eólico del estado de Oaxaca se concentran en la parte sur del Istmo de Tehuantepec. Foto: Saúl López/ Cuartoscuro}

En este entorno, la sexagenaria defensora comunitaria Rosalva Fuentes sostuvo que la presencia descontrolada de estos proyectos movidos por la codicia en la zona atenta contra los recursos naturales de los más jóvenes. 

“Menos mal para los que ya llegamos a los 60s, 70s, pero ya los chamacos de dónde van a vivir. Es una cosa que a nosotros nos ha preocupado. Han derribado árboles, han secado la tierra, han matado pájaros que antes llegaban a nuestra comunidad.. No nos afecta a nosotros sino a todo nuestro país. Afecta el medio ambiente, la tierra, las relaciones humanas”, expuso la defensora sobre los límites de los recursos naturales”, apuntó Fuentes. 

La comunitaria apuntó que al hablar de la necesidad de energías renovables también hay que considerar las formas en los que estas energías se instalan, para no afectar a comunidades y sus modos de vida. 

“El detalle es la forma en la que se aplica y los modos. Yo creo que un parque eólico es suficiente porque aún con eso han escarbado la tierra, la han violentado porque han puesto miles de toneladas de cemento donde ya no permite la humedad en la sierra, que los mantos acuíferos lleguen como antes, y en nuestro caso se va ir secando nuestro palmar y la laguna también”, detalló la activista. 

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) otorga el derecho a consulta a las comunidades indígenas sobre lo que pasa en sus tierras. En 2018 se llevó a cabo una consulta en la que hubo denuncias de anomalías. 

Después de una batalla legal de 5 años librada por la comunidad y la organización civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en junio la Comisión Federal de Electricidad (CFE) canceló los contratos de suministro de energía a EDF, lo que dio paso a que la Secretaría de Energía notificara a un juez de la cancelación de la consulta. Se trata del final de este proyecto eólico. 

Jóvenes contra calentamiento global

El 24 de marzo del 2021 un grupo de jóvenes se presentó en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para protestar contra los cambios en la Ley de la Industria Eléctrica, impulsados por el gobierno federal y que entraron en vigor el 10 de marzo. 

La razón de estar ante el Poder Judicial fue apoyar una serie de amparos contra la Ley, presentados por las asociaciones civiles Nuestro Futuro y la Alianza Juvenil por la Sostenibilidad. 

_{Foto: Ajuves}

Este pulso legal entre iniciativas ciudadanas de jóvenes y el presidente Andrés Manuel López Obrador aún aguarda por una resolución de la SCJN. 

“Ayudamos con la creación de un movimiento que se llama Jóvenes por Nuestro Futuro, 30 organizaciones y cientos de jóvenes que en su momento nos opusimos a la reforma de la Industria Eléctrica. Hicimos un análisis y diversas situaciones de la reforma eran regresivas y volvía a apostar por los combustibles fósiles y frenaban los esfuerzos de años anteriores de impulsar la energía limpia y consideramos que una de las vías más eficientes era la imposición del amparo”, apuntó el joven coordinador de Ajuves, Alfonso Ramos, quien se manifestó optimista del resultado que puedan obtener.

Para Ramos hablar de acciones para frenar la crisis climática también se trata de considerar que estamos en una carrera contra el tiempo, ya que indiferentemente del gobierno en turno no habrá tiempo después para “impulsar medidas que de verdad logren frenar el calentamiento global y sus efectos”. 

La crisis climática apela directamente a los jóvenes. En México viven 30.7 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, y representan el 24.6% de la población total, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

México depende de su juventud, el 67.7% de los hombres jóvenes y el 40.5% de las mujeres jóvenes forman parte de la población económicamente activa. Ramos considera que es un grupo poblacional clave, con un mínimo de experiencia y suficiente energía para actuar. 

“Considero que el calentamiento global concierne a los jóvenes. En primer lugar porque estadísticamente la esperanza de vida va a significar que vivamos más tiempo. Y si el planeta está en crisis nos va a afectar por un tiempo mayor de vida, también esto afecta en nuestra delimitación del plan de vida, si vamos a formar una familia, en qué vamos a trabajar, dónde vamos a tener nuestro hogar”, explicó Ramos. 

Jóvenes en la COP 27

La COP es un espacio de convergencia. Así lo manifestó Villalobos, quien asistió a la conferencia realizada en Glasgow el año pasado como parte de la primera delegación de Viernes por el Futuro México. 

A pesar de lo estresante que puede ser llamar a los representantes a la acción, en donde los jóvenes saben que pesan intereses capitalistas, también fue una oportunidad para coincidir con otros jóvenes con luchas similares, explicó. 

Fuera de los círculos de activistas, Villalobos dice que las juventudes de México están conscientes del tema climático. Sin embargo, una parte clave es saber cómo abordarlo para que puedan reaccionar. 

“(En la COP) aprendí de las comunidades de activistas de alrededor del mundo Bangladesh, de Egipto, de Kenya, Filipinas... en el momento en el que posicionas un tema, la lucha de tu comunidad, de tu país y las personas que están siendo más afectadas empiezas a tener perspectivas de diferentes luchas y a cómo replicarlas en tu comunidad”. 

Por su parte, Ramos de Ajuves apuntó que existen altas expectativas sobre lo que suceda en la COP 27 en Egipto. 

“Siempre es importante que los líderes mundiales se reúnan para discutir que es lo que están haciendo y marcar una agenda de actuación que se va traduciendo en que actores a nivel nacional y luego más localmente haya acciones concretas, desde 2015 que se celebró el acuerdo de parís y hasta Glasgow el año pasado , este tipo de eventos han marcado pautas importantes, y es necesario que lo que se discuta ahí se implemente y no se quede en promesas vacías, pero hay mejoras que se han visto en otros eventos de esta naturaleza entonces sí tenemos fe en este tipo de conferencias”, dijo Ramos. 

Pese a que las opiniones de jóvenes organizados son bien recibidas y en el caso de Ajuves han logrado participar en distintos parlamentos abiertos, foros y congresos, aún hay un camino por recorrer para que tengan una participación más directa en las decisiones de políticas medioambientales. 

“Esos espacios (de escucha) han sido ganados por la propia sociedad civil, que ha luchado por ser escuchada y poder manifestar sus inquietudes, es importante que se sigan generando y que sea una toma de decisiones más directamente relacionada con la ejecución y no sólo con la etapa de definición muy etérea y abstracta”, concluyó Ramos.