Un Juzgado Federal de la Ciudad de México determinó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sí cuentan con las facultades legales para realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y establecer moratorias a proyectos de gas natural licuado en el Golfo de California, contradiciendo la postura previa de las propias autoridades, quienes habían sostenido que carecían de dichas atribuciones.
Esta sentencia, derivada de un amparo promovido por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente A.C. (DAN), obliga a las autoridades a emitir una respuesta "completa y exhaustiva" sobre la protección del Golfo de California frente a la expansión de infraestructura de gas fósil, incluido el proyecto Amigo GNL o Saguaro.
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La sentencia consideró que las respuestas emitidas por ASEA y la Presidencia de la República no fueron congruentes y confirma que las autoridades ya poseen las herramientas legales para realizar análisis integrales y deben ponerlas en práctica, dijo Guillermo Torres, coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC, en un comunicado.
Por su parte, Cecilia García, directora de comunicación de DAN, dijo que para prevenir “los daños irreversibles, acumulativos y sinérgicos que suponen las terminales de gas en las costas del Golfo de California, no hay que esperar nuevas leyes”.
“El poder judicial reconoce que el marco legal actual es suficiente para actuar ya, revocar o negar esas autorizaciones y no arriesgar la vida de las especies y comunidades del Golfo de California”, dijo García.
En julio del año pasado, ProDESC, DAN y otras organizaciones enviaron una carta al Gobierno Federal para que realizara una Evaluación Ambiental Estratégica y que emitiera una moratoria a la infraestructura de gas fósil en el Golfo de California. Pero, la respuesta oficial fue que no tenían atribuciones para ello.
Por ello, una jueza federal ordenó dejarlas sin efecto y, en su lugar, emitir otras, debidamente fundadas y motivadas, dice el comunicado de las organizaciones.
La Evaluación Ambiental Estratégica es una herramienta reconocida internacionalmente que permite identificar de manera integral y preventiva posibles impactos acumulativos de un proyecto.
Ahora, la iniciativa de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) de la presidencia de la República plantea incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica como un instrumento clave para prevenir daños, tomando en cuenta la justicia ambiental y la restauración de ecosistemas.
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