Las comunidades inconformes con el proyecto para la instalación de una planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, darán su veredicto durante septiembre como parte del proceso de Consulta Indígena, al que accedieron a través de amparos. Sin embargo, denuncian que, a su juicio, se trata de una simulación.

Claudia Quintero Sandoval, líder indígena de la comunidad de Ohuira, aseguró que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han proporcionado a los inconformes información incompleta y sesgada en favor del proyecto.

“Sabemos de antemano que (la consulta) no es previa, libre e informada; ni de buena fe. Mucho menos de buena fe, porque es totalmente tendenciosa, está totalmente amañada”, dijo.

Dicha Consulta deriva de la convocatoria, publicada el 17 de junio por el gobierno de México en el Diario Oficial de la Federación, para buscar la decisión comunitaria en torno al proyecto para la producción de fertilizantes, impulsado por la compañía Gas y Petroquímica de Occidente.

La consulta fue dividida en dos partes. Por un lado, se informó de un plazo abierto para las comunidades Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones, en el municipio Ahome, que accedieron a este derecho a través de amparos judiciales resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en los expedientes 497/2021 y 498/2021.

Por otro lado, se extendió a 12 comunidades indígenas asentadas en los municipios de Ahome, El Fuerte y Guasave, por ubicarse dentro del área de influencia del proyecto.

El proceso inició a finales de junio y concluyó el 11 de julio. La mayoría de estas comunidades, 11 de 12, se pronunciaron en favor de la instalación de la planta, según confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina del 14 de julio.

Quintero Sandoval acusa que se trata de localidades ubicadas a más de 20 kilómetros de la zona y que no dependen de la bahía de Ohuira, donde se pretende construir la planta.

Con respecto a las comunidades inconformes, para las que se dejó fecha abierta en la convocatoria, la fase informativa de la consulta arrancó el pasado 21 de agosto en la localidad de Lázaro Cárdenas; y la última, se realizará el 3 de septiembre en Paredones.

El desahogo de la fase consultiva, donde las personas de la comunidad se pronunciarán con respecto al proyecto, comienza el 4 de septiembre y concluye el día 18.

En una primera etapa, la planta está planeada para alcanzar una producción de 2,200 toneladas diarias de amoniaco anhidro, insumo base en la producción de fertilizantes.

En la segunda etapa se pretende instalar otra planta para duplicar la producción, mientras que en la tercera se prevé la generación de metanol.

Este proyecto fue autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en abril de 2014, pese a la negativa de la Dirección Regional Noreste y Alto Golfo de California de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Asimismo, en septiembre de 2018 la Semarnat otorgó una autorización condicionada a la compañía para la construcción de una terminal portuaria en la zona.

Durante la reunión informativa realizada el pasado 21 de agosto en la localidad Lázaro Cárdenas, ante el reproche de la comunidad, personal de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) reconoció que hubo irregularidades en las autorizaciones concedidas por Semarnat.

“Efectivamente se realizaron esas autorizaciones de manera irregular y por esa razón les concedieron amparo y por tanto estamos realizando la consulta”, dijo Alejandro Mario Olivera, de la DGIRA, según consta en el acta de la consulta.

La SCJN amparó el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas, conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por tanto, ordenó a la Semarnat reponer dicho proceso.

Sin embargo, la líder indígena aseguró que la Semarnat busca solo acatar la sentencia y dar cierre al trámite de la consulta.

Diana Escobedo Urías, investigadora del Instituto Politécnico Nacional en Sinaloa, quien realiza estudios de contaminación costera en la Laguna de Ohuira, apuntó que para la consulta informativa no se tomó en cuenta la información científica disponible y se limitaron a proporcionar solo los datos vertidos por la empresa en el documento de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

La Semarnat, con base en los resultados de la consulta, deberá hacer una reevaluación de la MIA.

Mientras que la empresa señala que es un proyecto viable y sostenible; de acuerdo con Escobedo Arias, existen varios riesgos asociados a la construcción del proyecto, como acabar con la pesca artesanal en la laguna de Ohuira o la posible dispersión de amoniaco en el ambiente, que impactaría la salud de poblaciones a la redonda.