El gobierno federal avanza en la construcción del proyecto de desarrollo Tren Maya en medio de suspensiones judiciales, denuncias, protestas y sin autorizaciones en materia de impacto ambiental, denuncian activistas.
Pedro Uc, miembro de la Asamblea de Defensores del Territorio Múuch’ Xíinbal, aseguró en entrevista con Periodismo CN que el gobierno federal ha bloqueado la justicia para los pueblos indígenas.
De acuerdo con Uc, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha respondido a los inconformes del proyecto no solo con descalificaciones e insultos, sino con acciones para evitar que se amparen en las leyes mexicanas.
De acuerdo con la organización civil Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) -órgano que administra el Poder Judicial- decidió que todos los asuntos relacionados con el Tren Maya fueran conocidos por el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán.
Los juicios promovidos contra el Tren Maya han demorado más de un año solo para ser admitidos, señaló Uc.
Esta situación con el Poder Judicial también ha sido denunciada por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) y las organizaciones de la Península, Indignación A.C. y Kanan Derechos Humanos A.C.
El Tren Maya recorrerá mil 500 kilómetros en el sureste de México. Hasta el momento, la mayoría de los recursos legales que han procedido contra la obra se concentran en los primeros tres tramos, entre Palenque, Chiapas y Mérida, Yucatán.
Uno de los amparos promovidos por la Asamblea Múuch’ Xíinbal reclama que el gobierno federal no cumplió en tiempo y forma con el requerimiento de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en los primeros tres tramos, requisito previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
En la demanda, también sostiene que no hay un proyecto ejecutivo integral para la construcción del Tren.
Recientemente, el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativas del décimo cuarto Circuito con sede en Mérida, Yucatán, eliminó la suspensión que había sido concedida a Múuch’ Xíinbal e Indignación A.C, y que, en términos legales, mantenía pausadas las obras de los tramos 1, 2 y 3.
Sin embargo, aunque existía una suspensión, las obras nunca fueron detenidas, pues el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha presentado cada semana los respectivos avances en esos tramos.
“Para nosotros está muy claro. El gobierno federal ha estado bloqueando la justicia para los pueblos indígenas”, aseveró Pedro Uc, también docente y poeta en lengua maya.
Otra de las formas de obstruir la justicia para los inconformes con el proyecto, dijo, es el Decreto publicado por la Presidencia de la República que declara a las obras de infraestructura como de interés nacional, lo que ha permitido avanzar en la ejecución de estas sin ajustarse a los criterios legales, en términos ambientales.
Ángel Sulub, miembro del Congreso Nacional Indígena, radicado en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, afirma que las comunidades del sureste están en la “indefensión” jurídica ante lo que consideran una violación a sus derechos humanos.
“Con la pandemia, mientras los megaproyectos seguían avanzando, nosotros no podíamos acceder a las herramientas jurídicas, como los amparos, porque los juzgados estaban cerrados”, sostuvo.
Para Sulub, las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas comenzaron desde la etapa de Consulta Pública, pues dijo que esta no cumplió con los estándares mínimos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como lo refirió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Un amparo contra esta consulta fue ingresado por el Congreso Nacional Indígena en junio de 2020 y admitido por un juzgado para su revisión hasta diciembre de 2021.
“Este amparo, al igual que otros que tenemos contra el proyecto Tren Maya, no ha avanzado. Si tuviéramos acceso a la justicia, el proyecto estaría detenido, por todas las violaciones a las normas ambientales, a los derechos de pueblos indígenas y todas las acciones ilegales que se están cometiendo a la luz pública”, agregó Ángel Sulub.
Pablo Montaño, maestro en Medio Ambiente y Desarrollo, que en las últimas semanas ha acompañado las protestas contra el Tren, afirmó que la estrategia del gobierno federal para defender el proyecto no está basada en los argumentos técnicos y legales, sino en desprestigiar o invalidar a los opositores, entre los que se encuentran indígenas, académicos, ambientalistas, artistas, entre otros.
Según Montaño, el Tren representa la continuidad del desarrollo masivo en la región, basado en la explotación para el beneficio de pocos.
“Se presenta como un proyecto de desarrollo económico, además del Tren. Proyectos que podrían ser maquilas, podrían ser hoteles, casinos, y eso ya nos da una pauta de que no se está planeando desde el territorio, sino desde una visión que ignora que hay ahí”, añadió.
Existen otros sectores de la región que han manifestado sus posturas a favor del proyecto, como el sector hotelero y empresarial, ejidatarios de las diferentes zonas por donde correrá el Tren, así como población general que ve en la obra potencial de crecimiento económico y empleo.
Crecimiento, a costa de los recursos
Ángel Sulub refirió que el Tren Maya propone una forma de crecimiento y desarrollo que va en detrimento de los recursos naturales de la zona, de por sí impactados por el crecimiento turístico e inmobiliario, así como la expansión de los cultivos industriales y megaproyectos de energía renovable.
“Hay una amenaza ambiental a los recursos naturales y a la calidad de vida de quienes habitamos este territorio”, indicó.
Roberto Rojo, miembro del Círculo Espeleológico del Mayab y uno de los principales opositores a los cambios del Tramo 5, afirmó que el gobierno federal ha actuado fuera de la legalidad para terminar a tiempo las obras.
El plazo fijado por López Obrador es diciembre de 2023, antes de concluir su sexenio.
Rojo apuntó que, además de la falta de autorizaciones en materia de Impacto Ambiental, en el caso de los tramos 4 y 5, no existen autorizaciones de cambio de uso de suelo ni licencias de construcción.
“El Tren Maya plantea la creación de centros urbanos en una región donde desde hace mucho estamos en una crisis climática. Este proyecto tiene tres etapas de impacto, una que es previa, donde ha habido una especulación muy grande sobre los terrenos y ha generado un frenesí de compra-venta para desarrollos; la segunda es la construcción del trazo, que por lo que hemos visto está generando deforestación, fragmentación de los ecosistemas de vida silvestre y vulneración del acuífero subterráneo; el tercer momento de impacto, el más grave de todos, es a futuro, con más urbes, más gente, más necesidad de agua, más generación de desechos. Con lo mal que se está haciendo, no garantiza beneficios ambientales ni sociales”, concluyó el también biólogo.
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