“Aquí dejamos constancia que en nombre del ‘desarrollo’ y el ‘progreso’ se construyó el Tren Maya, desalojando personas, extinguiendo especies, devastando la selva y amenazando ecosistemas”, reza la leyenda colocada en una placa sobre la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, por ambientalistas opositores al megaproyecto en la Península de Yucatán, impulsado por el gobierno federal.
Con miras a concluirse antes de que termine el sexenio, el Tren Maya avanza a pasos agigantados en los cinco primeros tramos, desde Palenque, Chiapas, hasta Tulum, Quintana Roo. Los tramos seis y siete están en planeación para conectar todo el circuito ferroviario de más de 1,500 kilómetros en el sureste de México.
Para avanzar de esa forma, el gobierno federal ha tenido que violar todas las leyes ambientales, sentencias judiciales y planes de desarrollo locales, aseguró el biólogo y activista Roberto Rojo, integrante del colectivo Selvame del Tren, que busca hacer ver al gobierno los daños de la construcción del tren al medio ambiente.
En entrevista con Periodismo CN, Rojo aseveró que el proyecto pone en riesgo la selva de la región, uno de los macizos forestales más importantes de América Latina, debido a la fragmentación de hábitats, daños irreversibles y crecimiento desmedido.
“Vinimos a denunciar un proyecto impositivo, ecocida, que se ha basado en la mentira y el engaño hacia la población y que ha sido ilegal”, dijo el ambientalista durante la colocación de la placa antimonumento.
Placa puesta en el paseo La Reforma en protesta al Tren Maya. Foto: Alejandro Castro
“Es un proyecto capitalista que terminará con nuestros territorios”, agregó un integrante de la organización Kanan Derechos Humanos, con sede en Yucatán. Omitió mencionar su nombre, dijo, por el clima de hostilidad que viven en la región.
De acuerdo con el último reporte de avances del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dependencia encargada de la obra, en los cuatro primeros tramos se realizan trabajos para la colocación de vías y obras secundarias. En el Tramo 5, continúan los trabajos de desmonte y aplanamiento.
Según el director de Fonatur, Javier May, el Tren será inaugurado en diciembre de 2023.
La dependencia promovente cuenta ya con permisos ambientales hasta el Tramo 6.
Hasta el Tramo 5, todas las obras fueron iniciadas sin contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
El Tren Maya pasará por 40 municipios y 181 localidades de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
A lo largo de la ruta habrá 20 estaciones y 14 paraderos, los cuales ya se encuentran en construcción.
Asimismo, se prevén seis cocheras y tres talleres para resguardo, reparaciones y mantenimiento para los 42 trenes, además de ocho bases de mantenimiento de vía.
“El sureste tiene en el tren a su mejor aliado para recuperar los ecosistemas locales”, se lee en el sitio web de la obra. El gobierno Federal asegura que el proyecto tiene la posibilidad de restaurar la conectividad biológica de áreas naturales para cuidar a los animales y la vegetación; favorecer la conservación de los ecosistemas y los servicios ambientales y rehabilitar los ecosistemas degradados, en especial en las Áreas Naturales Protegidas, así como reducir la tala ilegal.
A lo largo de las obras del Tramo 5 Sur, que corre de Playa del Carmen a Tulum, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsable del tramo, colocó letreros que aluden a la sustentabilidad del proyecto.
Ahí, en esa zona, se han talado millones de árboles, aseguró Roberto Rojo.
“Nos dijeron que no se iba a talar un solo árbol y tan solo en el Tramo 5 se tiraron 8.7 millones de árboles, estimamos, aunque pueden haber sido muchos más (las autoridades solo han reconocido la tala de 300 mil). Ha sido un proceso muy desolador y descorazonador, darnos cuenta de los engaños hacia la gente, las mentiras del gobierno”, aseveró Rojo.
El colectivo Selvame del Tren intentó detener provisionalmente el proyecto por la vía legal, pero los amparos fueron desechados finalmente en septiembre por el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, en el cual recaen todos los casos relacionados con el Tren Maya.
Pedro Uc, integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muuch Xiinbal y opositor al proyecto, reconoce que los amparos no han sido una vía eficiente para poner freno al megaproyecto, pues aún cuando han procedido las suspensiones las obras no se han detenido.
Integrantes de diversos colectivos se dieron cita en la Ciudad de México para rechazar el megaproyecto. Foto: Alejandro Castro
El activista apuntó que las comunidades recurrieron a amparos como una vía de resistencia, ante los cuestionamientos que han recibido organizaciones como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de plantear resistencias por la vía armada. No obstante, refirió que mediante lo legal no han sido escuchadas.
“El EZLN preguntó, ¿pues si no son las armas, cuáles otros caminos tenemos que recorrer? Hemos recurrido a los amparos, hemos marchado, hemos hecho mítines, hemos hecho huelga de hambre, hemos hecho todo lo que en derecho se supone tenemos consagrado en la Constitución y no nos han hecho caso, ahora que jalamos el gatillo de la esperanza nos van diciendo que ese no es el camino. Entonces si ese no es el camino, ¿cuál es entonces?
Hoy estamos siendo invisibilizados, no sé qué vaya a pasar mañana si nuestros jóvenes un día levantan la voz y levantan las fuerzas que las comunidades les confieren, que no digan luego que no caminamos los rumbos que ha trazado el Estado de Derecho”, sostuvo.
Uc alegó que hay una “tendencia autoritaria” por parte del gobierno Federal que genera un ambiente “incendiario”.
“Nuestros derechos están siendo violentados por un gobierno insensible como este, un gobierno sordo, ciego frente a nuestras necesidades. No ayuda a la democracia y no tiene ninguna posibilidad de responder a las necesidades concretamente de los pueblos indígenas. Si hay un sector olvidado a día de hoy es justamente el de las poblaciones indígenas”, agregó.
Para la ambientalista Aracely Domínguez, del colectivo ambientalista Grupo Ecologista del Mayab, el gobierno Federal ha echado mano de estrategias poco éticas, como el decreto presidencial que dio a los proyectos de infraestructura carácter de “seguridad nacional”, a fin de sortear las normativas ambientales.
“Le dieron vuelta a la ley para buscar un formato que sabemos es anticonstitucional. Siguen en batalla para no cumplir con la Ley, porque quieren terminar forzosamente y cumplir con un programa político, sin pensar en que la naturaleza no tiene tiempos políticos”, dijo.
No hay diálogo entre las comunidades indígenas y ambientalistas inconformes con el gobierno Federal, reconocieron los representantes de los colectivos. Tampoco ven posibilidades de que exista en el futuro.
Para Roberto Rojo, lo que sigue para las y los inconformes con el proyecto es “no desistir” y dar a conocer a nivel nacional e internacional lo que, en su postura, será devastador para la región.
“Vinimos a instalar la antimonumenta, como recordatorio de esta realidad, y
que, en un futuro, nadie nos pregunte ¿Y dónde estaban cuando el tren maya acabó con la selva y la joya del sureste”, concluyó el también integrante del Círculo Espeleológico del Mayab.
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