Cuninico es una comunidad nativa de la región amazónica del Perú donde habita el pueblo indígena kukama kukamiria. Esta porción de tierra donde pasa el río Marañón, que nace desde los Andes y marca el ritmo de vida de los pueblos, se sostiene de la pesca y la agricultura. Pero lo que más se conoce de Cuninico son los daños que deja la industria del petróleo.
En los últimos 25 años alrededor de 560 derrames petroleros han afectado la Amazonía peruana, de acuerdo con Oxfam Perú. Existen amplias investigaciones que evidencian la presencia de metales pesados en los cauces del río Marañón que afectan la salud de sus habitantes.
“Cuando se piensa en un derrame de petróleo, lo primero que se piensa es que la gente empieza a sentir síntomas como dolor de cabeza, pero en el caso de estas comunidades que son tan dependientes de los recursos naturales ven cambios en todo el ecosistema”, señaló Fiorella Parra Mujica, una de las autoras de la investigación “Derrames de petróleo y afectación a la salud materno infantil en pueblos indígenas de la Amazonía peruana”.
En 2019, Parra Mujica, economista de formación, junto con los sociólogos Hernán Manrique López y Vania Martínez Zavala realizaron dicha investigación para el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). Documentaron las afectaciones de los derrames a la salud con una perspectiva de género. Un trabajo que fue pionero debido a que no existía suficiente información especializada al respecto.
En el proceso hallaron que las repercusiones al medio ambiente y la salud física tienen relación con los problemas en la salud mental, la seguridad alimentaria y la división del trabajo de la comunidad de Cuninico. Principalmente en mujeres, niñas y niños.
“Cuando ocurre un derrame empiezan los cambios en la tierra, que se vuelve menos fértil para los cultivos, y en el agua, cuando los peces ya no están en el río entonces los hombres tienen que irse a pescar más lejos. Todo eso afecta el sistema alimentario que, al mismo tiempo, afecta las relaciones sociales dentro de la comunidad y la salud física y mental de las mujeres (que se quedan con la responsabilidad del hogar y los cuidados). Esto es más de lo que uno pensaría si hay un derrame de petróleo”, explicó Parra Mujica.
Lo indirecto
La Amazonía es una región que durante décadas ha sido explorada para la extracción de gas y petróleo. Durante el pico de explotación en los primeros años del 2000, las concesiones ocuparon hasta el 48% de la zona.
Los derrames por parte de empresas del Estado y privadas van desde el tipo 1 que generan compuestos tóxicos solubles y volátiles que se evaporan en un par de días, hasta los tipo 4 que contienen petróleos crudos pesados con poca capacidad de disolución, daños a las corrientes de agua y dificultad de limpieza.
Para la investigación sobre salud materno infantil se tomó como referencia el derrame de junio del 2014 en el que se virtieron 2 mil 358 barriles de petróleo cerca de la quebrada de Cuninico, ubicada cerca del río Marañón y la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Es uno de los más grandes y graves ocurridos en años recientes.
Petroperú, que es la empresa petrolera del Estado, comenzó las labores de limpieza a inicios de julio de ese mismo año. Al principio participaron 91 trabajadores provenientes de tres comunidades nativas, la mayoría de Cuninico, quienes declararon que no se les otorgó algún equipo para recuperar los vertimientos y eliminar los residuos de hidrocarburos. Entre ellos había mujeres, algunas en los primeros meses de embarazo, y menores de edad.
“El Estado peruano realmente no le garantiza el derecho a la salud a nadie, mucho menos a los pueblos indígenas, eso no es nuevo”, señaló Hernán Manrique López, otro de los autores de la investigación.
Hernán Manrique y Fiorella Parra coinciden que uno de los problemas es que desde antes de que se dieran los derrames de petróleo, las comunidades indígenas de la Amazonía peruana no contaban con acceso a centros de salud y medicina especializada. A esto se suma que no existe información por parte de las autoridades para quienes resultan afectados.
“El personal de salud de Maypuco no les explicaban las consecuencias de estar expuestos a metales pesados ni las medidas preventivas adecuadas para evitar contaminarse. Las entrevistadas comentaron que parte de los médicos que visitaban la zona, les recomendaban -sin ningún tipo de respaldo científico- sólo tomar agua para así eliminar los metales pesados del cuerpo”, indicaron en la investigación.
Como resultado, se realizaron estudios médicos y de calidad del agua en años posteriores. En 2018, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud demostró que los mayores de 12 años tenían niveles del 4.9% por encima de lo permitido de plomo, 22% de arsénico y 27.5% de mercurio, entre otros. Mientras que los menores de 12 superaban hasta en 22% el nivel de plomo.
Esto llevó a otros impactos menos visibles. “Con nuestro estudio encontramos efectos más allá como el incremento de la carga de trabajo dentro del hogar para las mujeres o la afectación de su salud mental al saber que día a día tienen que estar alimentando y bañando a sus hijos con agua que está contaminada”, señaló Fiorella Parra.
“Uno de los factores detrás de la afectación de la tranquilidad emocional de las mujeres es la sobrecarga de tareas que enfrentan a consecuencia del derrame. El trabajo de campo puso en evidencia que la cantidad de tiempo que las madres de familia invierten en estas actividades se ha incrementado tras el derrame. Esto ocasiona que las mujeres experimenten una sobrecarga de tareas, las cuales se deben a la escasez de agua en la comunidad, la cual complica las labores de cuidado como cocinar y asear a los hijos, y a la ausencia de la pareja”, agrega la investigación.
En 2015, las comunidades de Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa y San Francisco comenzaron un juicio contra el Estado peruano por las afectaciones. Tres años después, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto ordenó al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Epidemiología una estrategia de salud pública de emergencia para atender a todas las personas afectadas. El reto aún es una implementación óptima, indican investigadores.
“Hay victorias judiciales, pero al momento de implementar estas cosas no se logra hacer. Son procesos burocráticos muy complicados que los mismos burócratas ni siquiera entienden, la gente de Ciencias Sociales tampoco, entonces cómo haces que lo que se dijo aquí (en los tribunales) se llegue a implementar en la comunidad”, explicó Hernán Manrique, quien continúa trabajando en el tema de derrames y reparación.
Usualmente la principal medida que se ha implementado en los casos de derrames es instalar establecimientos ambulantes de atención médica durante algunos meses. Aunque estos continúan repitiéndose en diferentes niveles.
“Solamente pasa cuando hay bastante presión por parte de la ciudadanía, pero esa remediación está hecha de la peor manera”, agregó Manrique López.
Como parte de la investigación enfocada en la salud materno infantil se incluyeron una serie de recomendaciones que contribuirían a mejorar la situación. La primera es investigar desde distintas disciplinas y métodos los problemas generados por los derrames de petróleo en la Amazonía; la segunda, afrontar inmediatamente las emergencias mediante planes y capacitaciones específicas; y la tercera, fortalecer la seguridad alimentaria.
Todas estas recomendaciones enfatizan la inclusión de las mujeres de la comunidades en los planes de acción, ya que su perspectiva sería indispensable para encontrar soluciones.
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