La comunidad de Isla Magdalena, al noroeste de Baja California Sur, México, ha subsistido únicamente de la pesca desde 1952, pero con el aumento de la pesca ilegal sus recursos empezaron a agotarse por lo que han emprendido una vigilancia comunitaria en la que han invertido miles de pesos, tiempo y puesto en riesgo sus vidas para defender, más que los recursos pesqueros, su supervivencia en la región.
Desde hace 15 años empezó el aumento de lanchas sin permiso, sin matrícula y sin cooperativa, con motores robados y pescando tallas no permitidas o especies en veda en Bahía Magdalena hasta que fue evidente que los recursos pesqueros se estaban agotando.
Los pescadores de la cooperativa Bahía Magdalena señalaron que en 2018 la pesca ilegal se fortaleció con la presencia de grupos con actividades ilícitas y la situación se volvió crítica.
“Uno como cooperativa tiene que arribar el producto, dárselo a las autoridades y ven qué y cuánto sacas, pero ellos no; agarran y lo venden al mejor postor llevándose lo que encuentren que a ellos les convenga y pues el recurso se nos estaba acabando”, señaló un directivo que por motivos de seguridad pidió se protegiera su identidad.
Pese a que los pescadores ya arriesgan su vida todos los días al dedicarse a una de las profesiones más peligrosas del mundo, han empezado a realizar trabajos de vigilancia donde ponen el cuerpo y sus embarcaciones para combatir la pesca ilegal.
Las islas organizadas contra la pesca ilegal
A 57 kms de Ciudad Constitución, cabecera municipal de Comondú, Baja California Sur en el noroeste de México, se encuentra Bahía Magdalena conformada por dos puertos pesqueros, San Carlos y López Mateos y por las Islas Magdalena y Margarita que protegen a la bahía del océano pacífico.
En las islas coexisten tres sociedades cooperativas pesqueras: Melitón Albañez, Puerto San Carlos y Bahía Magdalena, esta última tiene su base y a la mayoría de sus socios en Isla Magdalena, ubicada a 30 minutos por mar de Puerto San Carlos y es de las cooperativas pesqueras más antiguas en Baja California Sur con 71 años.
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) es encargada de verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de inspección y vigilancia del sector pesquero y acuícola pero desde 2009 solo cuenta con nueve oficiales federales de pesca para estas labores y en 2022 contó con ocho vehículos y dos embarcaciones para atender los incidentes en la entidad.
Con recursos limitados la Conapesca emprendió 3 mil 108 actividades de inspección y vigilancia en 2022 enfocadas en la región Pacífico Norte y a la atención de ilícitos más que a su prevención.
Ante la falta de presencia y de prevención de las autoridades pesqueras, las cooperativas se organizaron para vigilar y defender los recursos de los que tienen una concesión, liderados por la cooperativa Bahía Magdalena, por contar con más socios y por su posición estratégica entre Cabo San Lázaro e Isla Margarita y frente a Puerto San Carlos.
La vigilancia aumenta el trabajo y el riesgo de los pescadores
Todos los días a las nueve de la noche un grupo de cinco pescadores incluyendo al presidente y secretario de vigilancia y un asesor del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar) salen a hacer recorridos.
Regularmente lo hacen por mar en una embarcación de la cooperativa pero cuando no tienen suficiente presupuesto lo hacen en carros por tierra y regresan hasta las cuatro o cinco de la mañana a descansar.
Sin embargo, del 15 de noviembre al 15 de mayo, temporada de langosta, aumentan los incidentes y atienden denuncias durante el día.
En el caso del presidente y secretario de vigilancia, las actividades de vigilancia son tan demandantes y desgastantes que los han absorbido y alejado de la pesca. El puesto dura dos años, por lo que falta un año y dos meses para que recuperen sus vidas, sus jornadas como pescadores y también su tranquilidad.
Señalaron desde el anonimato, que se sienten inseguros porque ante la falta de apoyo de las autoridades y el respaldo social, ellos y sus familias viven preocupadas por su integridad y con miedo a recibir represalias por su labor.
En los últimos cinco meses los vigilantes registraron ocho retenciones de embarcaciones de pesca ilegal y el año pasado tuvieron una racha de dos meses con persecuciones diarias que en su mayoría no terminaban en aseguramientos.
El resto de los pescadores que acompañan en la vigilancia voluntariamente siguen un rol en el que por lo menos pierden de tres a seis días de pesca al mes por integrarse como vigilante.
El área vigilada abarca desde Cabo San Lázaro hasta el Faro Cabo Tosco, es decir toda la Isla Magdalena e Isla Margarita por la parte del océano Pacífico, donde las tres cooperativas tienen concesiones para langosta y abulón, las especies de mayor importancia en el área.
Los socios coinciden en que de los últimos cinco años a la fecha han recibido más apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), de la Conapesca y del Fonmar que en otras administraciones.
Sin embargo las acciones de vigilancia, las retenciones precautorias y las denuncias han disminuido, esto se debe a que aunque hay una buena colaboración y disposición de las autoridades, la mayoría de las veces los elementos de la Semar y Conapesca están limitados en recursos al no contar con suficiente presupuesto, equipo y personal para apoyarles en los recorridos diarios y para atender los reportes.
“Falta más presencia de las autoridades en el mar y que vengan que vengan a ayudarnos. Con su presencia cambian las cosas… Aquí cabe mencionar que les hace falta también a ellos recursos. Últimamente ni embarcación tienen, por eso nos ha orillado a las cooperativas a tener nuestra propia embarcación y junto con ellos hacer la vigilancia”, señaló uno de ellos.
Los inspectores de Conapesca están habilitados para levantar actas administrativas en incidentes de pesca ilegal para que se pueda llevar a cabo un proceso de sanción, pero al ser tres con base en Puerto San Carlos, sin embarcación y equipo no pueden atender todos los hechos que se registran.
Fuentes de la cooperativa Bahía Magdalena señalaron que la poca inspección y control de embarcaciones por parte de la Capitanía de Puerto San Carlos facilita la pesca ilegal, ya que es de este lugar de donde identifican a la mayoría de los pescadores furtivos.
“Capitanía es la que se debe encargar de eso pero no hace su trabajo como debe. Nosotros tenemos todo en regla. Todo lo que pide Capitanía lo tenemos pero lo exigen nada más a las cooperativas y a los otros (pescadores ilegales) no”, señaló la fuente.
Para este reportaje se intentó entrevistar a Capitanía de Puerto San Carlos, pero señalaron que era necesario enviar una solicitud formal a la Semar y hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
Recorridos en el desamparo
La extensión de las Islas es enorme y su aislamiento las convierte en un lugar paradisiaco y con gran riqueza biológica, sin embargo esto también las coloca como blanco del tráfico de especies en un amplio espacio a donde no llega la autoridad y donde los pescadores no pueden tener vigilancia las 24 horas.
En los últimos cinco años los pescadores de la cooperativa llevan al menos ocho incidentes violentos durante labores de vigilancia donde han recibido disparos a sus equipos o los han golpeado. Han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de la República pero las investigaciones no avanzan.
En estos casos la máxima consecuencia ha sido la retención de las embarcaciones, pero al pasar unos días estas son devueltas a los pescadores ilegales.
La inseguridad que viven hace que vean la solución únicamente en la Semar, ya que aunque sus elementos no tengan atribuciones para inspeccionar embarcaciones si pueden combatir a los pescadores ilegales armados.
Los socios solicitaron que se dote de mayores recursos a la Semar y se designe a personal que pueda estar de planta en Isla Magdalena, así como mejorar la operatividad de Conapesca y de Capitanía de Puerto para que se aplique la inspección y control de las embarcaciones indebidas.
La sostenibilidad de la vigilancia
Para el sostenimiento de la vigilancia, la cooperativa ha sido apoyada por el Fonmar, un fideicomiso creado por el gobierno del estado de Baja California Sur para administrar los ingresos de la pesca deportiva, que les brinda de 200 a 400 litros de gasolina al mes.
Sin embargo el resto de los gastos, que en promedio son un millón y medio de pesos al año, corren por cuenta de las cooperativas.
Recientemente compraron “La Bestia II”, una embarcación con dos motores con un valor de 790 mil pesos para mejorar las labores de vigilancia. Esta tiene mayor capacidad y velocidad que la anterior que tenían y les da la posibilidad de no descuidar la zona en caso de que una se descomponga.
Aún con las dos embarcaciones los encargados de vigilancia señalaron que no es suficiente, ya que se han enfrentado a grupos de hasta siete lanchas y es imposible poder perseguirlas a todas para disuadirlas.
Los encargados de vigilancia reciben un sueldo semanal por parte de la cooperativa que les ayuda a cubrir sus necesidades, sin embargo, señalaron que es poco para todo el trabajo que hacen y los riesgos que corren, pero al mismo tiempo se enfrentan al reto de determinar cuál es el valor de la labor que realizan y quién debería ser quien asuma estos costos.
El eslabón de oro
Todo el esfuerzo comunitario por proteger los recursos y extraerlos de manera sustentable no sería posible sin la comercialización de la producción de las cooperativas. Son las comercializadoras las que demandan productos legales y las que motivan a las cooperativas a cumplir con las regulaciones y les generan ingresos para subsistir.
Jorge Chávez trabaja desde 1992 con la cooperativa y exporta toda su producción de langosta, abulón y callo de hacha a Asia y a otros destinos de México.
Al final los recursos que invierten en la vigilancia para pagar sueldos, comprar embarcaciones, equiparlas y la gasolina, viene de las ganancias que generan sus producciones y a su vez, este esfuerzo es retribuido al ser comprado a buenos precios en un mercado internacional.
En parte esto es resultado del trabajo que hace Jorge de concientizar a sus clientes de la importancia que tiene consumir productos del mar que sean legales y de impulsar a los pescadores a certificarse y a mantenerse dentro de la legalidad para poder seguir exportando sus productos a otros países.
Los pescadores insisten en sortear los retos de llevar a la práctica la pesca sustentable, incluso puede que en este momento lo estén haciendo a bordo de La Bestia II persiguiendo alguna embarcación ilegal que intenta huir después de ser descubierta extrayendo langosta durante la veda.
De momento es lo que pueden hacer, indicó uno de ellos, y lo que les ha funcionado para asegurar su subsistencia en la isla, mientras esperan que sus reclamos hagan eco entre las autoridades y la propias comunidades aledañas de donde proviene la pesca ilegal.
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