Pesca ilegal sin infractores: la impunidad comienza en el papel

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Una embarcación menor sin nombre ni matrícula con dos tripulantes emprende una huída a toda velocidad y deja como único rastro una red camaronera. Las redes de enmalle están prohibidas en el Alto Golfo de California y un día antes había iniciado la veda de camarón en la región.

Los oficiales federales de pesca a bordo de una embarcación interceptora de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) sólo recogen las artes de pesca y continúan su recorrido por las aguas de San Felipe, Baja California.

Las redes tendidas son la principal causa de pesca incidental para la vaquita marina. Pero en la zona la prohibición es letra muerta, opina Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.

Una hora y media después del primer incidente, los oficiales observan una embarcación de las mismas características con una red camaronera, pero esta vez dentro del polígono del área de refugio para la vaquita marina, uno de los mamíferos marinos más amenazados del mundo, por lo que emprenden una persecución de 16 kilómetros hasta que los tripulantes se detienen. 

Aquel 24 de marzo del 2022, los perseguidos se niegan a firmar el acta, a identificarse, entregan una red de 300 metros de longitud y se retiran del lugar; los oficiales levantan el acta contra “quien resulte responsable”. 

Este tipo de consignación en el acta se encuentra en el 74% de las 288 analizadas para esta investigación. Se trata de actas donde “no existe una persona física o moral a quien se pueda presumir que es responsable de la infracción administrativa”, señala Rigoberto García Soto, extitular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Conapesca y actual abogado litigante en temas pesqueros.

“A quien resulte responsable” queda asentado cuando los oficiales encuentran evidencia de pesca ilegal (producto pesquero o artes de pesca); se halla a los infractores pero éstos no se identifican y huyen; o son alcanzados pero simplemente tiran la red antes de que los atrapen y dicen que no es de ellos. “Y es tu palabra contra la de él”, señala un exinspector en entrevista para Causa Natura Media, quien pidió guardar su identidad.

Un año después de los hechos no hay infractor, la resolución del expediente I00.2C.21/PA/BC/080/2022, hecha pública por la Conapesca, indica que la sanción  a “quien resulte responsable” fue el decomiso de las artes de pesca retenidas. 

De esta forma, mientras hay un embargo de los Estados Unidos sobre el camarón y otros ejemplares capturados con redes de enmalle en el Alto Golfo, una medida para forzar acciones contra la pesca ilegal en México, gran parte de las actas que levanta la Conapesca se centran en hechos sin responsables identificados. 

“Las pocas actas de inspección que se han levantado no están vinculadas; todas las redes que han confiscado no están vinculadas a ninguna persona, a ningún permiso, a ninguna embarcación”, explica Olivera.

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Mayoría de actas sin identificado

“Yo creo que sí como un 70 u 80% de las actas del total son ‘a quien resulta el responsable’”, explica uno de los inspectores entrevistados, que pidió guardar su identidad y a quien identificaremos con “(2)” para separarlo de otros testimonios anónimos.

Esta percepción es corroborada en un análisis de actas administrativas hechas públicas por la Conapesca. De las 162 analizadas en 2022, 122  (75% del total) son “a quien resulte responsable”. Mientras que de las 126 en 2023, 90 aparecen también con esta categoría, lo que representa el 71.4%. 

Este porcentaje es consistente con las resoluciones. Se trata de actas que concluyeron su procedimiento con una sanción a “a quien resulte responsable”, es decir, sin infractor. De las 105 resoluciones analizadas por el equipo de Causa Natura Media, 84 terminaron de esta manera, un 80% del total. 

“Son las actas más frecuentes y se debe a que en su momento cuando se realiza un acto de inspección que regularmente es en campo in fraganti, gran parte de las veces la gente al verse sorprendida lo que hace es darse a la fuga por diferentes medios”, señala el inspector (1) de la Conapesca entrevistado para este reportaje, quien pidió resguardar su identidad. 

Las situaciones a las que hace referencia el inspector son comunes en zonas como el Alto Golfo de California, donde se concentran los esfuerzos de inspección y vigilancia. 

En los procesos administrativos, los inspectores son los encargados de hacer los trabajos de vigilancia y una vez que se levantan las actas, las envían al área jurídica para que ésta sea la responsable de procesar, indagar y establecer la sanción correspondiente.

Sin embargo, el personal de Conapesca coincide en que la falta de protocolos, personal y recursos que reciben impacta en la capacidad de localizar al responsable. 

“Las actuaciones que uno hace deberían de ser resueltas con cierta prontitud para que se vea el efecto inmediato. Pero eso depende de la unidad de asuntos jurídicos (de Conapesca) y a veces uno se frustra, pero también entiende que es demasiado el trabajo que tienen y llega un punto en el que las actuaciones importantes y con el infractor identificado son las únicas que merecen esa celeridad”, dice el inspector (1).

 

Redes y producto, pero no responsables

Cuatro tripulantes en una embarcación sin nombre y dos motores fuera de borda navegan en las costas frente a la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, en Quintana Roo. Se acercan a la orilla y una de las personas baja con un costal, quien se detiene al percatarse de la presencia de un grupo de autoridades.

En la playa se encuentran elementos de Conapesca, Secretaría de Marina, Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Las autoridades se acercan a la persona pero ésta sube nuevamente a bordo y en el proceso suelta el costal.

De las cuatro dependencias, ninguna decide realizar una persecución. Tampoco llevan el vehículo para lograrlo ya que sólo contemplaban un recorrido por tierra. Les queda permanecer en la orilla mientras ven cómo la embarcación se aleja. 

Un oficial se acerca al mar para recoger el costal de 75 kilogramos. “Nos percatamos que en su interior traía pulpa de caracol rosado, lo retiramos del agua y se procedió a la retención precautoria por encontrarse en veda”, reporta en el acta de inspección que se consignará como “a quien resulte responsable”.

Dependiendo del proceso administrativo, las redes, embarcaciones o producto pesquero capturado pueden ser puestos a remate en subasta pública; vendidas directamente; donado a establecimientos de asistencia social o de rehabilitación; destruidos si se trata de pescado en estado de descomposición o artes de pesca prohibidas.

Los inspectores de pesca se encargan de realizar los actos de inspección, levantar las actas y retener el producto o el arte de pesca, pero una vez realizada esta parte, todo se remite a la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

Dicha unidad inicia el procedimiento administrativo para notificar al presunto responsable (si es que existe), llevar un litigio y determinar la sanción. El decomiso de lo retenido se hace efectivo una vez que se acabe el procedimiento administrativo. 

Sin embargo, según lo narrado por los inspectores y antiguo personal de Conapesca, lo que establece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), a veces dista de aplicarse a cabalidad. 

“La realidad es que termina echándose a perder, termina pudriéndose, se termina destruyendo, termina yendo a dar a un basurero, en el mejor de los casos, y cuando se trata de artes de pesca o equipos de pesca como embarcaciones, motores o redes terminan generalmente siendo destruidos al final del procedimiento. No es un hecho del que exista mucha información, mucho menos pública, muy poco se da a conocer sobre eso”, señala Rigoberto García.

De acuerdo con el abogado, en el tiempo que duran los procesos administrativos, las retenciones de capturas pierden las características que los hacen aptos para el consumo humano. 

Además, es necesario un dictamen por parte de la autoridad sanitaria, pero no siempre se recaba ese documento. Incluso, en ocasiones, faltan los espacios o sujetos que puedan resguardar en condiciones óptimas lo retenido.

Un exinspector de Conapesca contactado para este reportaje declaró que no existen bodegas de la dependencia donde se pueda resguardar todo el producto. Por lo que se realizan acuerdos con cooperativas pesqueras, productores o empresarios durante los primeros cinco días hábiles para presentar la documentación de alegar la procedencia del producto. 

“En el caso del producto, si el producto no se pelea, se debe de regalar, digamos a la beneficencia, se debe dar una casa hogar, una casa de ancianos, la verdad es todo esto lo dice la ley, pero esto nunca pasa porque hay mucha corrupción en todo el sistema. Estamos hablando de autoridades, empresarios, oficiales, productores, todo el mundo está metido porque hay acuerdos no escritos donde el oficial deposita casi siempre el producto en un lugar en particular con algún empresario conocido que ya son cuates y dependiendo del producto o cuánto sea el empresario lo vende”, narra el exinspector.

También es común la retención de redes tendidas en mares y costas. La mayoría de las actas revisadas para este reportaje reflejan casos en el Alto Golfo de California, donde se encuentra la zona de tolerancia cero de la vaquita marina. 

Existen campañas como la de World Wildlife Fund (WWF) en México que se dedican a la recolección de redes fantasma, ya que son consideradas plástico marino. El principal riesgo de que queden en el mar es que pueden capturar peces, mamíferos marinos, tortugas y tiburones. Además de dañar a los arrecifes de coral. 

“Normalmente, esas redes (cuando se retienen por inspectores) se terminan pudriendo en una bodega y la otra que también es una realidad es que muchos oficiales -la mayoría ya no están en la institución, algunos lo siguen haciendo- hacen el acta y declaran el arte de pesca como dañada, pero estaban en buenas condiciones entonces iban y las vendían”, recuerda el exinspector.

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De la mano de la Marina

Dos oficiales de la Conapesca, acompañados de la Semar y de la Profepa, recorren vía terrestre la playa Bahía Encantada en San Felipe, Baja California, cuando ven una boya entre las rocas unida a una red de enmalle tipo totoabera de 15 metros y un auto que huye a toda velocidad.

Durante los recorridos de inspección y vigilancia no existe ninguna diferencia entre las actas que levantan los oficiales en la presencia de elementos de la Semar y las que levantan cuando están solos. Los oficiales proceden a retirar la red y al final se establece el decomiso como sanción a “quien resulte responsable”, conforme queda asentado en el acta del 21 de febrero del 2022 del expediente I00.2C.21/PA/BC/048/2022.

De los 288 expedientes revisados para esta investigación, en el 11.5% se detectó algún tipo de participación de la Semar; cuatro casos en puntos de control vehicular donde dan aviso a la Conapesca sobre una posible infracción al transportar producto pesquero y 29 casos donde la Marina prestó su embarcación y/o acompañó en los recorridos.

El artículo 10 de la LGPAS faculta a elementos de la Semar para levantar actas de inspección, retención de equipos y artes de pesca y productos de pesca. “Pero los mandos en las regiones, zonas y sectores navales no le dan esas instrucciones a su personal y no lo hacen. En las fuerzas armadas únicamente hacen lo que se les instruye: cadena de mando”, explica Rigoberto García.

En la práctica, los oficiales señalan que los elementos de la Semar sólo acuden con el objetivo de proteger al oficial de pesca, y queda en decisión del elemento si se procede a perseguir o no al presunto infractor.

“Muchas veces cuando tú sales a operar en las mañanas te dan a ti una orden de operaciones que dice que tienes que ir a la sección naval de la Marina a recoger una escuadra y de ahí te vas a actuar. Ellos traen una orden de operaciones que es resguardar la integridad física a toda costa del oficial de pesca, entonces literalmente ellos van de guardaespaldas y el oficial de chofer, los correteas. Pero ellos hacen su chamba, bien o mal”, señala el exinspector entrevistado.

Pese a que la Semar ha acompañado a la Conapesca en los recorridos de inspección y vigilancia en el Alto Golfo de California, en el reciente informe de Semarnat ante el CITES estableció como meta una coordinación entre Semar, Conapesca y Profepa para actuar frente a un delito en materia pesquera.

“Todavía se están poniendo este tipo de metas, estamos a ese nivel. Después de tantos años que llevan las dependencias trabajando juntas y que convergen en el cuidado de los recursos marinos, evidencian una falta de coordinación”, señala Olivera.

 

El problema de la militarización

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La Semar también participa en operativos junto con la Conapesca en tierra. Foto: Fonmar.  

 

En abril de 2020, la Conapesca firmó un convenio de colaboración con la Semar en las labores de inspección y vigilancia, lo cual generó resistencia de inicio. 

Para Sarahí Gómez, bióloga marina y coordinadora del área de investigación para la oficina noroeste del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) existen varios retos para hacer efectivo este convenio en el que la Conapesca le cedió a la Semar algunas actividades de inspección y vigilancia.

El CEMDA apuntó que hay “poca capacidad de Semar para manejar el tema social respetando los derechos humanos, así como las implicaciones que conlleva la militarización de puertos y costas”, en el “Análisis del marco político y legal en Materia Pesquera: Oportunidades y Retos”. 

La Semar tiene un gran poder para decidir la ruta, los días de los recorridos de inspección y vigilancia, y da la instrucción de perseguir o no a los infractores, como señalan los inspectores.

“La voz cantante en el agua la tiene la Semar, ellos son los que deciden para dónde, cuándo, si persiguen o no persiguen. Ahí nosotros no tenemos ni voz ni voto, específicamente en el Alto Golfo, es netamente la marina. Regularmente vamos nosotros en embarcaciones de ellos entonces nosotros no determinamos los protocolos; los protocolos los tienen ellos para ellos, incluso hasta puedo dudar que los haya bien establecidos, pero si los hay, en ningún momento los comparten con nosotros. Llega el punto en el que hay unos que actúan de una manera, pero llega otro a la misma unidad sea interceptor, sea defender y actúa de diferente manera. Entonces uno está sujeto a ellos totalmente”, señala un inspector (1).

En ocasiones la Semar emprende acciones correspondientes a sus atribuciones como Capitanía de Puerto que no se relacionan con las acciones de inspección y vigilancia de la Conapesca.

“Cuando hacemos un recorrido revisamos todo lo que es pesca, pero también el personal de Capitanía revisa pues lo que lo que le toca a ellos y se extiende un poquito más el trabajo. En cierta forma nos afecta, porque en vez de revisar solamente embarcaciones de pesca, ahora también están revisando embarcaciones de otro tipo”, explica otro inspector (2), de quien se resguarda su identidad.

Desde la perspectiva de Rodrigo Elizarrarás, consultor y analista político en Humint, consideró el convenio como poco transparente, además no hay una sola autoridad que tenga las atribuciones legales adecuadas para detener a los pescadores en flagrancia. 

Por un ladocuando los oficiales de pesca actúan solos, no pueden detener a las personas. Portan un lápiz y un cuaderno. Tienen que notificar a otra autoridad como la policía, la marina o Guardia Nacional para ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal. 

Un exinspector da su testimonio de que los oficiales notifican, pero las demás autoridades, en ocasiones no quiere realizar la detención de los infractores y prefiere que los liberen; o el Ministerio Público no responde al llamado, por eso los oficiales han llegado a consignar en el acta que encontraron a la persona in fraganti y que se dió a la fuga.

“Como el proceso es muy engorroso qué prefiere el oficial de pesca, pues levanta un acta a quien resulte responsable", señala.

Así se refleja en los datos abiertos de la Conapesca donde indica que de 2021 a junio de 2023 puso a 31 personas a disposición del Ministerio Público o de los cuerpos de seguridad pública, esto es el 0.4% del total de casos (7 mil 680) reportados con resolución. 

Por otro lado, Elizarrarás señaló que la Semar no tiene las atribuciones legales adecuadas para  accionar durante las inspecciones, por lo que se está preparando una iniciativa de ley para resolver este vacío legal. 

“Si ya vamos a darle todas las atribuciones a Semar, sí necesita la reforma legal para poder actuar. De lo contrario, todo el tiempo está actuando pues fuera de la ley. Porque todas esas atribuciones, las pocas que hay de inspección y vigilancia pues las tiene Conapesca”, comentó.

Para García, no es estrictamente necesario cambiar las leyes sino aplicarlas, ya que “las facultades de la Marina para actuar en contra de la pesca ilegal son claras, lo que hace falta es la decisión de ejercerlas y mejor capacitación a su personal, para que actúen conforme a la ley y en estricto respeto de los derechos humanos”.

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable (LGPAS) es el instrumento jurídico a nivel nacional que regula, fomenta y administra el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas.

El 98% de los artículos vinculados a infracciones, sanciones y responsabilidades, son obligatorios del Estado Mexicano, de acuerdo con una investigación de la organización Comunidad y Biodiversidad A. C. (Cobi).  

Sarahí Gómez del CEMDA considera que este marco normativo es robusto pero poco claro, no está actualizado y sus procesos están centralizados, lo cual se debe atender porque son factores que pueden estar propiciando la pesca ilegal.

“Parte de lo que CEMDA en su momento realizó es señalar la omisión de emitir un reglamento de la LGPAS, que es la ley vigente emitida en 2007”, explica.

Este reglamento ahonda en las formas de ejercer la inspección y vigilancia, e incluye la verificación; asimismo brinda mayor certeza sobre las atribuciones de la Semar al hacer vigilancia y le da facultad de emprender acciones de inteligencia para recabar información, según se lee en el anteproyecto del reglamento de pesca.

Por eso desde el CEMDA insisten en que antes de atender el proceso de impartición de justicia es importante resolver las deficiencias del marco normativo.

“Si no atiendes los problemas de fondo, pues difícilmente lo que hagas arriba va a tener el resultado o el impacto esperado. En ese sentido, lo que señalamos es, primero fortalece tu marco normativo, alinea, vincula, armoniza, homologa con los demás instrumentos y planes en la materia y entonces ya parte de ahí”, señaló Gómez.

 

Los límites de las órdenes de inspección

Las actuaciones de los inspectores de la Conapesca vienen limitadas desde la LGPAS. El artículo 126 establece que deben contar con una orden escrita que precise el lugar o la zona en las que habrá inspecciones, el objetivo del operativo y su alcance. 

Esto en la práctica hace que los oficiales no puedan intervenir cuando detectan infracciones más allá de la orden, incluso si miran a alguien cometiendo un delito en flagrancia. 

“Acuérdate que también nosotros trabajamos en base a órdenes de inspección, si yo no tengo una orden de inspección no debo realizar una inspección o una verificación”, explica el inspector (2).

De esta forma, refiere, su labor dista de ser un “policía del mar”, ya que para actuar necesita primero una orden, las cuales son giradas para todo el estado y tienen un periodo de caducidad. 

“Yo por ejemplo al principio del mes, digamos en octubre reviso si tengo órdenes de inspección vigentes para empezar a trabajar, si no tengo pues la solicitó para que me las hagan llegar etcétera, porque si tengo una orden de inspección en octubre que no está vigente y yo la uso, a mí me deben de fincar responsabilidades”, explica. 

Las órdenes de inspección no se expiden de forma general, sino que las hay para embarcaciones, vehículos y establecimientos, ejemplifica el exinspector entrevistado. 

 

¿Investigación sobre las infracciones del mar?

En el área de Tolerancia Cero en el Alto Golfo de California, oficiales de la Conapesca encuentran una boya unida a una red de 180 metros.

Acto seguido una embarcación con nombre y matrícula se acerca y uno de los tres tripulantes reclama la red como su propiedad. Al ser cuestionado por la autoridad huye del lugar, como quedó asentado en el acta DGIV/BC/021222/07-01 

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Sede central de la Conapesca, en Mazatlán.  Foto: Juan Luis García.

La Conapesca “no cuenta con un marco jurídico explícito amplio robusto suficiente para llevar a cabo actos de investigación y mucho menos tiene recursos materiales, humanos ni tampoco financieros destinados a investigar quién es la persona detrás de un hecho consignado como ‘a quien resulta responsable’” en un acta, señala Rigoberto García.

En estos casos el proceso se sigue “en automático contra nadie”, explica, y concluye,  en todos los casos en el decomiso de los bienes que fueron retenidos provisionalmente durante el levantamiento del acta, pese a que puedan haber datos en el acta que den indicios de la identidad de “quien resulte responsable”.

Pese a que se cuente con indicios del propietario de la embarcación y probable infractor, la autoridad no investiga. 

“Ese tipo de actos por los valores y los bienes jurídicos tutelados implícitos en el tipo de ordenamientos administrativos no se encuentra ahí, y se reserva un poco más a otras materias como por ejemplo la penal… por no ser una fiscalía la dirección general de inspección y vigilancia sus atribuciones son eso, son vigilar, realizar los actos de inspección y en su caso procesar y sancionar esos actos de inspección lo que se da en el ámbito de la autoridad pesquera a través de la dirección general de inspección y vigilancia y la unidad de asuntos jurídicos de la misma”, explica.

Al no haber capacidad de investigar, el material con el que cuenta la Unidad de Asuntos Jurídicos para calificar una infracción es únicamente lo asentado en las actas, las cuales se toman por ciertas a menos que alguien se apersone y presente pruebas que demuestren lo contrario.

Sin investigación, sólo es posible que un expediente cambie de “a quien resulte responsable” a un procedimiento con infractor identificado si alguien se apersona voluntariamente y asume la responsabilidad, señala García Soto.

 

Nadie levanta la mano

La Conapesca notifica sobre diferentes fases del proceso sancionador a través de estrados, espacios abiertos al público en las oficinas de la Conapesca y también en la página web de la institución.

“Un acta levantada como se dice ‘a quien resulta responsable’, bueno pues ésta (Conapesca) efectúa un procedimiento administrativo al interior de la propia autoridad pesquera en la que en unos estrados que se encuentran publicados en el edificio sede de la Conapesca que en su planta baja sí da a conocer que existe un procedimiento ‘a quien resulta responsable’”, dijo García Soto. 

Los estrados evitan que se utilice un procedimiento administrativo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles de utilizar edictos, los cuales rondan entre los 30 mil y 35 mil pesos por publicación, agregó el abogado. 

Si bien, las actas fijadas como “a quien resulte responsable” se publican en estos espacios para dar la oportunidad a que el infractor aludido se acerque, difícilmente alguien a quien se le acuse está dispuesto a presentarse por sí mismo. 

Esta es la razón por la cual muchos pescadores furtivos deciden no identificarse desde un principio y los casos se consignan como a “quien resulte responsable” , afirma un exinspector entrevistado. 

“No se identifica con una indicación oficial porque nunca traen identificaciones, porque tampoco son tontos los pescadores y dos, por ejemplo, en el caso del camarón si los agarras pescando durante la veda  es un delito federal, que está en el Código Penal, el artículo 420”, explica. 

No obstante, sí hay reclamos recurrentes de parte de infractores cuando las retenciones incluyen vehículos o embarcaciones, lo que obliga a estos peticionarios a identificarse. 

“Lo que son automóviles como camionetas, autos, trailers, eso siempre lo van a pelear. Y la Ley General de Pesca está tan mal hecha es tan permisiva, que normalmente los pescadores ilegales consiguen facturas de alguien más y entonces argumentan que no estaban pescando, que estaban transportando solamente, que tienen las facturas de legal procedencia… y se puede recuperar, o sea, hay un proceso legal para recuperar tus bienes”, apuntó el exinspector. 

 

Se anuncian logros

Evaluar los avances en combate a la pesca ilegal es una tarea compleja. Dependencias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) presentan datos de Conapesca con base en los actos de inspección que realizan.

“Parece que (la Conapesca) es una institución que no se dedica a proteger los recursos marinos, sino a emitir permisos de pesca y otro tipo de políticas. Tiene vacíos muy fuertes en cuanto a la inspección y vigilancia”, describe Alejandro Olivera.

De acuerdo con el último informe de labores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023 se efectuaron 18 mil 111 actos de inspección y vigilancia, de los cuales 15 mil 657 corresponden a verificaciones a vehículos y embarcaciones y en 2 mil 454 se levantaron como actas de inspección.

En el desglose se incluyen revisiones a recorridos terrestres, acuáticos y retenciones. En dicho informe se destaca la retención de mil 400 toneladas de producto pesquero, más de 7 mil artes de pesca, 333 vehículos, 186 embarcaciones menores, 2 embarcaciones mayores y cinco personas remitidas al Ministerio Público Federal.

La falta de recursos ha hecho que estas acciones vayan a la baja en el presente sexenio. 

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Especialistas coinciden en que el conteo de las acciones en el combate a la pesca ilegal puede prestarse a una simulación. 

“Sí, yo creo que objetivamente no tenemos una buena forma de evaluar el progreso en pesca ilegal. Es que tampoco nos va a servir si hacemos el número de inspecciones de parte de autoridades de Conapesca o en conjunto con Semar o todo lo que se haga, no va a ser suficiente de todos modos (si no se cuenta con recursos)”, señala Rodrigo Elizarrarás, consultor y analista político en Humint.

Los recuentos de acciones anunciados por el gobierno federal se construyen desde las metas impuestas a los oficiales. Un exinspector entrevistado para este reportaje afirmó que hay metas que cumplir anualmente para inspección, pero que no hay consecuencias si no se alcanzan. 

“La verdad, (los inspectores) pueden inventar un procedimiento, entregar el acta y con esa acta cumplir sus metas. Aunque si no cumples las metas tampoco pasa nada, no te castigan, no hay una sanción al servidor público. O sea, son metas que te piden cumplir, pero si no las cumples te van a llamar y decirte que le eches ganas para el próximo año”, dice el exinspector.

De vuelta al habitat de la vaquita marina, uno de los temas prioritarios para la inspección y vigilancia, las autoridades anunciaron la reducción de la pesca ilegal en un 79% en la región durante la segunda la sesión ordinaria del Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California (GIS), que se llevó a cabo en junio. 

El plan consta de acciones para vigilar y restringir el acceso a la zona de tolerancia cero; combate a la delincuencia organizada, programas para artes de pesca alternativas, monitoreos a la población de la vaquita e instalación de bloques de concreto para que las redes queden atrapadas en dichas estructuras. 

“Puedes hacer muchas metas pero como siempre digo, la mejor meta para evaluar es cuando un recurso pesquero esté recuperándose o esté sano, es el mejor resultado que podría presentar la Conapesca. Cuando haya más vaquitas de las que hay hoy es el mejor resultado que se puede presentar, es el fin, mientras tanto nos vamos a perder en metas de presupuesto, metas de recorridos, otro tipo de metas más burocráticas que no dicen mucho sobre el bienestar de los recursos marinos”, afirma Olivera.

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Y aunque inspectores entrevistados señalan que los actos de inspección de la Conapesca se han concentrado en el Alto Golfo tras la serie de embargos por parte de Estados Unidos debido a la falta de protección a la vaquita marina, a la vez el presupuesto destinado para la Conapesca va a la baja. 

De acuerdo con Elizarrarás, las acciones deberían enfocarse en el uso de tecnologías, en mejorar el sistema de arribos en los puertos y en conseguir una adecuada sistematización y ordenamiento pesquero, principalmente los permisos y las matrículas de las embarcaciones. 

“Y el clásico enforcement, pues no hay enforcement, no hay vigilancia, no hay nadie que realmente imponga la ley en esa zona, ¿no? En muchas zonas del país. Antes el Alto Golfo era el foco rojo, actualmente todo el país se está volviendo el Alto Golfo”, concluye.


Este trabajo contó con la colaboración de la periodista Lilia Balam.

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