Tras las agresiones ocurridas el 18 de febrero por parte de policías a la comunidad maya de Sitilpech, en el sureste de México, pobladores presentaron una declaratoria que busca que cualquier granja porcícola o proyecto industrial deba contar con la autorización de pobladores.
“Si alguna empresa o autoridad quiere instaurar un megaproyecto que afecte el territorio o medio ambiente de Sitilpech, primero debe consultar y pedir el consentimiento del pueblo. Esto significa que se debe informar y nos deben permitir tomar una decisión colectiva” señala dicha declaratoria que fue leída en conferencia de prensa este 22 de febrero.
El documento se divide en cinco puntos relacionados a la protección de sus derechos y el rechazo a nuevas granjas porcícolas. Más otros cinco puntos en los que se desglosa que, si ingresa un proyecto, será necesaria una consulta pública en maya y español, con aviso previo de un mes y sin compra de votos.
También incluye un rechazo a las operaciones de la megagranja de Kekén, con la que la comunidad del estado de Yucatán enfrenta una lucha legal por la contaminación de agua y aire.
“El pueblo de Sitilpech es la autoridad que decide sobre todo lo relativo a su tierra, territorio y medio ambiente en relaciones con empresas e industrias”, señala la declaratoria firmada por la comunidad. Misma que será promovida ante autoridades locales y federales con el acompañamiento de Kanan Derechos Humanos A.C.
Sitilpech es una comunidad maya ubicada en el municipio de Izamal, estado de Yucatán. En 2021 comenzaron una defensa legal a la que llamaron “La Esperanza de Sitilpech” contra las granjas porcícolas.
Las acciones fueron emprendidas cuando la megagranja en la región, de la empresa Productos Pecuarios para Consumo (aparcera de Kekén y conocida por este mismo nombre), obtuvo un permiso para duplicar su producción, de 22 mil cerdos hasta alrededor de 50 mil.
La presencia de las megagranjas en Yucatán ha provocado conflictos sociales. Foto: Martín Zetina/Cuartoscuro
En Yucatán, donde la industria porcícola ha tenido auge, se han documentado los daños al ambiente, la salud y el territorio que traen consigo este tipo de granjas. Especialmente, la contaminación a reservas de agua como los cenotes.
La comunidad maya de Sitilpech ya había conseguido la suspensión de operaciones de la megagranja, pero en enero el juez del Tribunal Colegiado de Mérida, Jorge Enrique Edén Winter, favoreció a Kekén y se reanudaron labores.
Esto llevó a que la comunidad mantuviera un bloqueo en la granja desde el 8 de febrero. Duró 10 días hasta el pasado sábado en la madrugada cuando fueron agredidos por alrededor de 70 policías estatales y municipales.
“Policías estatales de Yucatán y municipales de Izamal reprimen, asedian y agreden físicamente a integrantes de la Esperanza de Sitilpech en el canal de bloqueo a la granja. Además, robaron sillas, mesas y celulares para evitar la documentación del hecho”, reportó la organización Kanan Derechos Humanos A.C. mediante sus redes sociales, en las que también se difundieron videos de las agresiones a hombres, mujeres y adultos mayores.
Al día siguiente un juzgado federal ordenó frenar la intervención de la policía en contra de la comunidad de Sitilpech.
“Celebramos esta decisión que garantiza los derechos a la libertad de expresión, a la protesta y a defender los derechos humanos”, compartió Kanan.
Conferencia de prensa por la comunidad de Sitilpech para presentación de declaratoria. Foto: Kanan A.C.
Durante la conferencia de prensa para la presentación de la declaratoria también estuvieron algunas de las personas atacadas la madrugada del sábado, quienes informaron que una mujer sigue internada por golpes en la cabeza.
De acuerdo con la comunidad, hasta el momento no ha habido ningún acercamiento por parte de las autoridades de Yucatán para un diálogo respecto a lo sucedido en los últimos días. Pero el siguiente paso ante la ley es que se reconozca la validez de la declaratoria.
Respecto a la defensa legal, Kanan A.C comentó que la decisión del tribunal a favor de que continúe operando la megagranja no es una sentencia, sino que se desechó la demanda de la comunidad por un formalismo, por lo que esperan seguir en la batalla.
Bajo los gritos de consignas como “Granjas no, agua sí” y “Fuera Kekén” también estuvieron presentes personas de otras comunidades como Seyé y Samahil para presentar sus propios casos de granjas porcícolas y otros megaproyectos industriales en el estado.
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