El agua en el desierto es una cuestión de vida o muerte. Y al norte de Baja California Sur la vida se sostiene a través del agua de las sierras La Giganta y Guadalupe.
Baja California Sur, al noroeste de México, es una de las 8 provincias latinoamericanas y el único estado de México, cuyo estrés hídrico es catalogado como de riesgo extremo de acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés). Esto porque gasta 80% o más del total del agua de la que dispone en un año.
Con miras a proteger los recursos hídricos de la zona norte, la organización civil Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C presentó en 2014 un proyecto para decretar ambas sierras dentro de un Área Natural Protegida (ANP), en la modalidad de Reserva de la Biosfera, una designación que se hace a una zona para proteger su riqueza natural.
El proyecto fue retomado por la autoridad y tiene entre sus propósitos principales proteger el agua, el recurso más crítico para el desarrollo de una región árida como Baja California Sur, tal como se expresa en el Estudio Previo Justificativo publicado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en dónde se expone la justificación y los objetivos de convertir las sierras en ANP.
Pese a contar con el apoyo de la autoridad, el rechazo de las comunidades mantiene paralizado el proyecto.
Él área que se pretende proteger es de 1.6 millones de hectáreas. Inicia cerca de El Mechudo, un acantilado rocoso y termina en el sur de la localidad de San Ignacio, correspondientes a los municipios de La Paz y Mulegé, de forma respectiva. En la zona se encuentran alrededor de 34 cuencas asociadas a las sierras La Giganta y Guadalupe, una zona importante de recarga hidrológica que alimenta los mantos acuíferos de Mulegé, Comondú y Loreto.
Organizaciones como el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y el Consejo de Académicos Sudcalifornianos acusan de incongruencia que la misma área que se pretende proteger por sus recursos hídricos cuente con por lo menos 16 concesiones mineras, que aunque inactivas, siguen vigentes, según menciona el Estudio Previo Justificativo.
San José de Comondú, un oasis en la montañosa sierra. Crédito: Daniela Reyes.
Las comunidades rechazan el proyecto de ANP
A dos horas de la capital del municipio de Comondú, en medio de grandes montañas, con un camino en mal estado y sin transporte público ni privado, escasa señal telefónica y costoso y deficiente servicio de internet, se encuentra San José de la Noria, una comunidad de 90 familias dedicadas a la ganadería.
El número de habitantes en toda la extensión de las Sierras Giganta y Guadalupe es relativamente bajo (aproximadamente 4 mil 420 de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2010) y hay cerca de 485 pequeños ranchos y comunidades dispersas que cuentan con su propia asamblea de ejidatarios, la máxima autoridad del ejido, organizada a través de consejos.
José Manuel Talamantes Cota es presidente del comisariado ejidal y aunque su padre fue fundador de la comunidad y tiene su rancho y ganado en San José de la Noria, su vida está ligada más a la ciudad, debido a la incomunicación de la comunidad y la falta de oportunidades educativas y laborales.
Esta comunidad rechaza el proyecto de ANP que absorbería el 99.7% de su territorio porque temen que las autoridades y particulares hagan mal uso de ella y se restrinjan las actividades en el polígono, afectando su economía y sus usos y costumbres.
“Para mí es alarmante tener que dársela (la tierra) a la Conanp. Tampoco veo la necesidad de hacer la declaratoria para que el gobierno cumpla con su obligación que es cuidarla junto conmigo”, menciona José Talamantes.
En San José de la Noria tres personas conforman el consejo de vigilancia y se encargan de cuidar las 89 mil 885 hectáreas que abarca la superficie del ejido, con los recursos que cuentan les alcanza para hacer tres recorridos mensuales por la zona.
Estas actividades y en general la comunidad se sostienen por recursos de programas federales, como la Unidad de Manejo para la Conservación del borrego cimarrón, una especie sujeta a protección especial por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Si bien este modelo proporciona fondos para implementar el cuidado del medio ambiente con el uso racional, ordenado y planificado de los recursos, no es suficiente, y algunos miembros de las comunidades, ven a la minería y al desarrollo turístico e inmobiliario como alternativas para que haya mayores ingresos económicos, sin pensar en que tendrá un costo ecológico elevado.
Para atender la situación económica de los habitantes, Mareli Higuera Arce, presidenta del comisariado del Ejido La Purísima, dice que han recibido promesas de recursos a los que van a poder acceder una vez que se decrete la ANP y que eso impulsará el desarrollo ecoturístico en la región.
Sin embargo, con la creación de nuevas áreas protegidas y con un recorte del 7.3% al presupuesto de la Conanp, este 2023 hay $9.70 pesos para cada hectárea protegida. Actualmente el mayor reto es la operación y manejo de las áreas ya declaradas de acuerdo con el informe “Cuidar lo que importa” realizado por Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (Nossa), una alianza de organizaciones civiles que analiza el presupuesto para la protección ambiental.
Las comunidades como La Purísima que se han dedicado por años al ecoturismo, se sienten subestimadas y no creen ni en la justificación ni en los beneficios ambientales del proyecto de ANP.
En 2014 las comunidades se unieron y firmaron el Pacto de Cadejé, donde rechazan la declaratoria de ANP de sus territorios, ya que al contrario de beneficiarlos, ellos consideran que sería un obstáculo para el desarrollo turístico y sus propiedades perderían valor.
“Vamos a ser dueños de una tierra que nada más vamos a poder ver de lejos, que no vamos a poder vender, ni siquiera vamos a poder matar una cachora o cortar un leño porque no lo permite la ANP… Estas comunidades han pasado años y años, y generación tras generación sin que el gobierno voltee a verlos y han sobrevivido, entonces ahorita no va a ser la excepción”, dice Higuera Arce.
De acuerdo con la propuesta de manejo hecha para la ANP, las restricciones más significativas serían para las identificadas como zonas núcleo que alimentan los acuíferos, las cuales representan el 1.55% (25 mil 260 hectáreas) del total de la superficie (1.6 millones de hectáreas).
Ahí no se podrían desarrollar actividades contaminantes, modificar el flujo hidráulico, actividades de explotación y aprovechamiento de flora y fauna, introducir ejemplares de la vida silvestre, más las que se establezcan en la declaratoria de ANP y en el Programa de Manejo, un instrumento de planeación y normatividad para el manejo y operación del área.
El 98.4% restante será la zona de amortiguamiento que se dividiría en subzonas y será hasta que haya una propuesta de decreto donde se asentará puntualmente qué tipo de actividades de preservación, de uso tradicional, de aprovechamiento de recursos y ecosistemas, de uso público, de asentamientos humanos y de recuperación se podrán realizar y en qué polígonos.
Por ahora, lo que establece el Estudio Justificativo es que en estas subzonas sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las comunidades hasta el momento de la declaratoria y que sean compatibles con el proyecto de ANP.
El área quedaría bajo la administración de la Semarnat a través de una dirección para el área y un consejo asesor para la operación y manejo, mientras que la inspección y vigilancia para el cumplimiento de todas las disposiciones sería la Profepa.
Ambas comunidades coinciden en que no están de acuerdo con que alguien más administre sus recursos y que hagan mal uso de ellos, cuando la solución es que las autoridades como Semarnat y Profepa hagan su trabajo como es debido, colaborando con la vigilancia, atendiendo denuncias y facilitándoles más recursos a través de programas de conservación.
Las ideas y opiniones de quienes son ejidatarios tiene un peso importante, ya que el 81.5% del polígono (1.3 millones de hectáreas) es propiedad ejidal en las que se localizan 20 ejidos, de los que al menos 13 rechazan el proyecto aún.
Para los últimos, los únicos que se benefician de este proyecto es el gobierno federal y las organizaciones civiles, que con el argumento de una ANP van a captar más recursos económicos.
San Miguel. Crédito: Daniela Reyes.
Las sierras: pilar del sistema hidrológico en BCS
Saúl Chávez López, investigador del programa de planeación y conservación ambiental del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), explica que el sistema hidrológico de Baja California Sur depende en su totalidad del agua que se extrae del subsuelo por no contar con ríos.
Los mantos acuíferos se recargan principalmente del agua de lluvias asociadas a huracanes. Sin embargo, mientras que en el sur hay una precipitación de 400 milímetros anuales, conforme se avanza hacia el norte el clima se vuelve cada vez más árido y la escasez de lluvia aumenta, presentando por ejemplo una precipitación cuatro veces menor que en el sur.
De acuerdo con el Estudio Previo Justificativo, el polígono de las Sierras La Giganta y Guadalupe aportan un promedio anual de escurrimiento de 271 milímetros por cada 106 metros cúbicos; agua necesaria para que las comunidades lleven a cabo sus actividades tanto domésticas como productivas.
En el estudio Niparajá sostiene que estas sierras proveen de agua a casi el 50% de las localidades del estado, en las que habita el 20% de la población y suministra de agua a la región donde se siembra y cosecha el 76% de la producción estatal.
Estas comunidades se dedican principalmente a la ganadería, a la agricultura y en menor medida a la pesca, la cacería y el turismo. Sin embargo, estas dos primeras actividades representan una amenaza ambiental para la zona por la deforestación y la fragmentación ambiental, resultado de la parcelación y privatización de terrenos.
Estas actividades que atentan contra los recursos hídricos sobreexplotándolos, también son vitales para la mayor parte de la población que depende de ellas para subsistir.
Sin embargo, Higuera Arce de La Purísima insiste en que al menos en su ejido no hay sobreexplotación, “es únicamente manipulación” y que ésta sólo está presente en el municipio de Comondú, específicamente en Ciudad Insurgentes y Ciudad Constitución, donde se ubican los pozos que abastecen la producción agrícola.
Las comunidades como La Purísima y San José de la Noria se mantienen firmes en su negativa ya que creen que para prohibir la minería y proteger los recursos hídricos, la flora y la fauna no es necesario decretar una ANP.
Otras vías para proteger el agua
La doctora Janette Murillo, investigadora del Instituto Politécnico Nacional y miembro del Consejo de Académicos Sudcalifornianos (CAS), señala que para atender el problema del agua se torna urgente crear y actualizar los Programas de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), sobre todo de la zona en la que se recargan los acuíferos.
El POEL es el instrumento de política ambiental a nivel municipal que regula o induce el uso del suelo y las actividades productivas de una región a través de procesos que buscan el consenso y el equilibrio entre preservación del ambiente y desarrollo económico y social.
Los programas de los municipios que abarcan las sierras (La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé) deben incluir obras hidráulicas como presas para retener y almacenar la mayor cantidad de agua de lluvia y la disminución de concesiones de agua para uso industrial por parte de empresas que necesitan mucho más recurso que otros pobladores que hacen actividades agrícolas de pequeña escala, de acuerdo con Saúl Chávez López.
Por ejemplo, Juan de Dios Encinas Molina, un ranchero sudcaliforniano al norte de la Sierra del Mechudo, en la subdelegación de La Soledad, da muestra de cómo el Rancho Primer Agua ha mejorado su producción agrícola y la disponibilidad de agua gracias al fortalecimiento del sistema de riego tradicional.
Estos resultados quedaron documentados en el cortometraje “La tierra, el agua y la seca”, que formó parte del proyecto “Florecimiento del Rancho Sudcaliforniano” impulsado por la propia comunidad y que recibió un apoyo económico del Fondo de Acción Solidaria A. C. (FASOL).
Parte del proyecto Florecimiento del Rancho Sudcaliforniano.
Este caso es ejemplo de land sharing de académicos, que sustenta que la agricultura alternativa, diversa y agroecológica puede mantener la biodiversidad a nivel paisaje, integrando la producción y la conservación.
Exigen blindamiento del área ante minería y desarrollo turístico
Juan Ángel Trasviña Aguilar, consejero del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y presidente de Medio Ambiente y Sociedad A. C., señala que es una total incongruencia que existan concesiones mineras en el área que se pretende proteger.
Aunque la ANP atraviesa cuatro municipios, el 71.5% de la superficie se encuentra en los municipios de Mulegé y Comondú, que en conjunto suman 1 millón 162 mil 415 hectáreas del 1.6 millones que conforman el área total.
En estos dos municipios hay mil 567 concesiones de agua vigentes con la capacidad de extraer 209 millones 483 mil 681 metros cúbicos de agua al año, equivalente a 190 millones 500 mil tinacos de mil cien litros, del cual el 61% es utilizado para la actividad agrícola.
Estos municipios son acechados por proyectos mineros. Mulegé y Comondú tienen registradas 62 concesiones mineras que comprometen 305 mil hectáreas de su territorio.
Ante esto, Trasviña exige que en la declaratoria y en el programa de manejo de la ANP se puntualice que no se va a permitir ningún proyecto extractivista como la minería y el fracking que destruyen el relieve y la forma del paisaje, impacta la flora y fauna y contamina permanentemente los cuerpos de agua.
Esto toda vez que en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, zona de recarga de los mantos acuíferos que abastecen a los municipios de La Paz y Los Cabos en el sur del estado, se ha visto amenazada desde 2008 por proyectos mineros.
Así como que se proteja de proyectos de desarrollo turísticos y poblacionales, que también rompen el equilibrio ecológico y ponen en riesgo los recursos hídricos, los usos y costumbres y los derechos de los habitantes.
“¿Protegidas en beneficio de quién?”, cuestiona Trasviña Aguilar, ya que para él los únicos beneficiados con el proyecto de ANP sin estas puntualizaciones sería un pequeño grupo de empresas mineras y políticos y empresarios que promueven el desarrollo turístico, pero no las poblaciones y el ecosistema.
El futuro y modificaciones al proyecto de ANP
El tema de la ANP estuvo paralizado hasta julio de 2022 cuando el gobernador del estado de Baja California Sur, Víctor Castro Cosio, se reunió con la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, y anunció que retomaría el proyecto para blindar las sierras contra la minería.
Para septiembre eran fuertes los rumores de que el gobernador iba a publicar el decreto para declarar la nueva ANP y los ejidatarios intensificaron las manifestaciones de rechazo.
En respuesta, el diputado federal Alfredo Porras a nombre del gobernador de Baja California Sur y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo una transmisión en vivo junto a Adán Peña, titular de la Conanp, donde aseguró que no habría decreto de ANP sin la aceptación de los ejidatarios.
Así mismo, señaló que no se permitirá la autorización de ninguna “mina tóxica a cielo abierto” en el polígono ni aumentos en la explotación agrícola, a menos que haya una mayor recarga de los acuíferos de la que usualmente se registra.
Por su parte, Adán Peña anunció que se emprendería un proceso de consulta para dialogar con las comunidades y explicarles el proyecto con nuevas modificaciones que incluye una reducción del polígono a proteger y los programas a los que pudieran acceder en el futuro.
“Quédense con la tranquilidad de que vamos a ir a hablar con ustedes. Los invitamos a que nos reciban en sus ejidos”, dice en el video.
Sin embargo, las comunidades comentan que no han tenido contacto con las autoridades ni han recibido ningún documento con las actualizaciones al proyecto.
Desde 2014 que se presentó el proyecto de ANP, también se planteó hacer una consulta ciudadana que hasta la fecha no se ha realizado. Un punto con el que coincide el consejero del frente.
“Es muy importante una verdadera consulta a todas las personas que estamos relacionadas con la sierra de manera directa e indirecta, porque todas las poblaciones, en las ciudades, las rancherías, los ejidos, recibimos beneficios directos e indirectos de la sierra”, dice Trasviña Aguilar, quien señala que es importante que se hagan campañas con información sin sesgos sobre el proyecto y posteriormente se lleve a cabo la consulta
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