Las emisiones de los sectores de mayores ingresos contribuyen al calentamiento global, mientras que las poblaciones con menos recursos enfrentan mayores dificultades para protegerse y recuperarse de sus efectos.
El informe Desastre ¿para quién? Cómo la crisis climática profundiza la desigualdad y enriquece a una minoría, publicado por el Oxford Committee for Famine Relief (Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, Oxfam) en octubre de 2026, documenta esta brecha a escala mundial y regional.
De acuerdo con el estudio, el 1 % más rico de la población mundial fue responsable del 20 % del calentamiento global registrado desde 1990. Además, las emisiones anuales de este grupo podrían ocasionar 1.9 millones de muertes adicionales relacionadas con el calor. Oxfam señala que las consecuencias se concentran especialmente en países de ingresos bajos y medianos bajos.
El informe estima que una persona perteneciente al 0.1 % más rico ha contribuido casi 400 veces más a los episodios actuales de calor extremo que alguien de la mitad más pobre de la población mundial. Esta diferencia se relaciona con los patrones de consumo y las emisiones asociadas con la riqueza y las inversiones.
La riqueza determina la capacidad de protección
Las condiciones económicas influyen en la exposición a los riesgos climáticos y en la capacidad de recuperación después de un desastre. Según Oxfam, las personas con mayores ingresos pueden acceder a viviendas e infraestructura mejor preparadas, seguros privados, ahorros y alternativas para reubicarse cuando aumenta el riesgo.
Los hogares con menos recursos enfrentan mayores dificultades para reparar sus viviendas, recuperar sus medios de vida y cubrir los gastos básicos después de un fenómeno extremo. La pérdida de cosechas, el deterioro del acceso al agua y el aumento de los precios de los alimentos pueden reducir todavía más sus ingresos y su capacidad de adaptación.
En el informe Oxfam calcula que, en los países con mayores niveles de desigualdad, las muertes relacionadas con inundaciones son siete veces más elevadas. También advierte que la crisis climática podría provocar el desplazamiento de mil millones de personas entre 2014 y 2050, principalmente en el Sur Global.
Oxfam analiza, además, las actividades económicas vinculadas con la contaminación y la recuperación posterior a los desastres. La organización estima que el mercado mundial de recuperación ante desastres crecerá de 70 mil millones de dólares en 2024 a 92 mil millones en 2029.
El índice de Destrucción y Reconstrucción elaborado para el informe identifica 217 empresas que participan en industrias contaminantes y en actividades relacionadas con la preparación y recuperación ante desastres. Según el documento, BlackRock y Vanguard mantienen inversiones en el 92 % de esas compañías.
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América Latina y el Caribe: 222 millones de personas expuestas
En América Latina y el Caribe, 222 millones de personas —alrededor de un tercio de la población regional— están expuestas al menos a una amenaza climática, de acuerdo con el análisis de Oxfam. De ellas, aproximadamente 78 millones se encuentran en una situación de alto riesgo debido a su exposición y vulnerabilidad socioeconómica.
La región también registra una brecha importante en las emisiones: el 0.1 % más rico emite 54 veces más CO₂ que una persona promedio. El informe señala que las poblaciones en situación de pobreza, las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes enfrentan impactos que pueden reducir sus ingresos, sus recursos y sus posibilidades de recuperación.
La escasez de agua y las sequías agrícolas representan dos de los principales riesgos identificados. Cerca de 98 millones de personas están expuestas a sequías agrícolas y alrededor de 150 millones viven en zonas con escasez de agua. Estos fenómenos afectan la producción de alimentos, el acceso al agua potable y las actividades económicas que dependen de los recursos hídricos.
En el Corredor Seco de Centroamérica, una evaluación de Oxfam realizada entre julio y agosto de 2026 en 354 comunidades de Guatemala, Honduras y El Salvador documentó pérdidas agrícolas relacionadas con la sequía asociada con El Niño. De aproximadamente 73 mil hogares que sembraron maíz, más de 70 mil reportaron pérdidas. Entre los hogares afectados, el 78.6 % perdió entre tres cuartas partes y la totalidad de su producción.
En Bolivia, los incendios forestales afectaron alrededor de 10.7 millones de hectáreas durante 2024. El informe relaciona estos daños con impactos en las actividades productivas, los ingresos y los medios de vida de las comunidades rurales e indígenas. La CEPAL estima que un escenario extremo de El Niño podría empujar a 4.8 millones de personas adicionales a la pobreza en América Latina y el Caribe hacia finales de la década, de acuerdo con el informe de Oxfam.
En México, 22 millones de personas se encuentran en situación de alto riesgo climático, de acuerdo con las estimaciones de Oxfam. Esta cifra forma parte de los 78 millones de personas que enfrentan esta condición en América Latina y el Caribe. El informe identifica las sequías como una amenaza para el acceso al agua potable y el riego agrícola en el país.
La reducción del volumen de los cuerpos de agua también puede afectar la navegación y la generación de energía. El informe identifica las sequías como una amenaza para el acceso al agua potable y el riego agrícola en el país. La reducción del volumen de los cuerpos de agua también puede afectar la navegación y la generación de energía».
Las medidas propuestas por Oxfam
Para reducir la desigualdad climática, Oxfam propone gravar los ingresos y la riqueza de los sectores más ricos, aplicar impuestos a actividades de lujo con altas emisiones y aumentar la carga fiscal sobre las inversiones en industrias contaminantes.
La organización también plantea ampliar el financiamiento para la adaptación climática, priorizar las subvenciones frente a los préstamos y fortalecer los sistemas públicos de protección, la infraestructura resiliente y los sistemas alimentarios.
Entre sus recomendaciones incluye medidas para reducir la vulnerabilidad de las comunidades más expuestas, garantizar su participación en las decisiones ambientales y avanzar hacia una transición energética y productiva que reduzca las emisiones y las desigualdades.
El informe coloca la distribución de las emisiones, los recursos para afrontar los desastres y la capacidad de recuperación en el centro del debate sobre la crisis climática.
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