El 21 de octubre de 2026, parte de la estructura del desarrollo inmobiliario Punta Paraíso en San Pancho, Nayarit, construido irregularmente en la playa, se desplomó sobre su barda perimetral después de que el oleaje erosionara la costa y socavara los cimientos.
Se trata de un proyecto de la empresa Pacific Lifestyle Properties con un largo historial de problemas judiciales. De hecho, el colapso ocurrió mientras sigue vigente una orden judicial de demolición por obras sancionadas en terrenos ganados al mar.
“Casualidad o no, por el fenómeno de El Niño, condiciones asociadas al cambio climático, las ondas Kelvin y múltiples huracanes (‘Polo’, ‘Raquel’ y ‘Simón’, entre otros), estos en lugar de traer arena como los anteriores (‘Kena’ y ‘Patricia’) comenzaron a erosionar la playa de manera quirúrgica. Socavaron los cimientos del edificio porque estaba construido en los 20 metros de la Zona Federal Marítimo Terrestre original”, dice en entrevista un residente, quien pide el anonimato para no ser expuesto.
“El mar reconoció su terreno y empezó a socavar hasta que el primer edificio —construido plenamente sobre bienes nacionales con mucha prisa, jugando a hechos consumados— empezó a hundirse del frente y a irse de bruces hacia el océano”, añade.
Tras el derrumbe, Protección Civil evacuó a los residentes y resguardó el inmueble ante el riesgo de nuevos desprendimientos.
La historia detrás de las imágenes virales
Las imágenes del hundimiento se viralizaron rápidamente, pero la controversia del complejo se remonta a 2017, cuando habitantes de la comunidad presentaron denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la construcción del condominio frente a la playa.
El conflicto se relacionaba con los cambios en la costa y la delimitación de los terrenos federales. La fuente explica que varios huracanes favorecieron el crecimiento de una duna y, con ello, cambió la referencia utilizada para delimitar la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). A partir de una concesión previa, se gestionó una nueva delimitación que desplazó la franja unos 30 metros hacia el mar.
“La playa —ese conjunto de dunas y arena— es un bien nacional que se clasifica en terreno ganado al mar, Zona Federal Marítimo Terrestre o playa franca”, dice. “En aquel entonces, no todos reconocían esa distinción técnica. La gente decía que construían sobre la ZOFEMAT, mientras el desarrollador alegaba que la ZOFEMAT estaba más adelante. Esto fue porque, a partir de una concesión previa, gestionaron la delimitación de terrenos ganados al mar y recorrieron la ZOFEMAT unos 30 metros hacia el frente, colindando con la pleamar máxima de una duna que había crecido tras varios huracanes”.
Fue así que entre la propiedad privada y la nueva delimitación de la ZOFEMAT, quedaron identificados terrenos ganados al mar. Según el vecino, el desarrollador comenzó a construir en esa franja, lo que motivó las denuncias de habitantes de San Pancho.
Las primeras actuaciones de la Profepa se concentraron en una reja instalada sobre la arena mientras avanzaba la construcción. El procedimiento administrativo derivó en una resolución que ordenó demoler las obras sancionadas y restituir 1,466.008 metros cuadrados de terrenos ganados al mar.
La evaluación ambiental y los terrenos ganados al mar
Pacific Lifestyle Properties presentó el proyecto Punta Paraíso ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2017. Durante la evaluación ambiental, la dependencia solicitó información adicional. El 8 de junio de ese año, Carlos Lemus Mateos, representante legal de la empresa, entregó la documentación requerida.
En la revisión documental de 2017 se detectó un traslape de 1,695.20 metros cuadrados entre el predio presentado como propiedad privada por la empresa y la zona oficial de terrenos ganados al mar. Ante este hallazgo, se recomendó turnar la revisión a la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros.
Años más tarde, en un procedimiento independiente dentro del mismo caso, la Profepa ordenó la restitución de 1,466.008 metros cuadrados.
Semarnat también solicitó aclaraciones sobre las terrazas con piso tipo deck, un espejo de agua y jardineras proyectadas cerca de la zona federal marítimo-terrestre. La dependencia pidió explicar las características constructivas de esos elementos y su relación con las restricciones urbanísticas aplicables al sitio.
Los requerimientos incluyeron la relación del proyecto con la NOM-162-SEMARNAT-2012, que establece especificaciones para la protección, recuperación y manejo de las poblaciones de tortugas marinas en sus hábitats de anidación. Además de las especies presentes, sus hábitats, las zonas de reproducción y alimentación, los corredores biológicos y las medidas previstas para prevenir o mitigar impactos.
El inventario de vegetación incluido en la documentación del proyecto contabilizaba 95 ejemplares arbóreos. La propuesta contemplaba conservar 37, equivalentes al 39 %, y someter 58 a tala previa autorización municipal; las palmas se contemplaban para reubicación.
Semarnat solicitó además demostrar que el sitio no correspondía a un terreno forestal conforme a la legislación aplicable, revisar la vinculación del proyecto con el Plan de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas y aclarar las restricciones del predio y el número de cajones de estacionamiento.
Además, pidió información sobre instalaciones existentes, entre ellas estructuras provisionales con cubierta de palapa y una pequeña edificación, para determinar si requerían autorización ambiental.
La empresa detrás de Punta Paraíso
Pacific Lifestyle Properties, S.A. de C.V., aparece en los expedientes de Semarnat y Profepa como responsable del proyecto Punta Paraíso San Pancho. La documentación entregada a Semarnat en junio de 2017 identifica a Carlos Lemus Mateos como representante legal de la sociedad.
Lemus también está vinculado con Lemmus Real Estate, una firma inmobiliaria que comercializa propiedades en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. En su sitio comercial, la empresa presenta Punta Paraíso entre los desarrollos relacionados con su actividad inmobiliaria.
La página corporativa de Century West Realty identifica a Francis Bast como presidente de esa compañía y de Century Management and Development Corporation. En la presentación de su trayectoria, Bast refiere una asociación comercial con Pacific Lifestyle Properties para desarrollar propiedades en México.
En diciembre de 2017, la Profepa informó que una malla ciclónica instalada fuera del polígono autorizado invadía parcialmente la zona federal marítimo-terrestre y terrenos ganados al mar, además de impedir el libre tránsito por la playa. La dependencia ordenó corregir la situación e impuso una clausura parcial temporal después de verificar que la barrera permanecía instalada.
En marzo de 2018, la procuraduría informó que la malla había sido reubicada y que se habían recuperado aproximadamente 210 metros cuadrados de duna costera, con lo que se restableció el paso público por esa franja. En ese momento, la dependencia señaló que la medida correctiva se había cumplido y que el proyecto podía continuar bajo la autorización ambiental correspondiente.
El 1 de diciembre de 2021, Profepa realizó una inspección integral del área. El procedimiento culminó con una resolución sancionadora del 15 de agosto de 2022, que ordenó demoler las obras sancionadas y restituir la superficie afectada.
Pacific Lifestyle Properties impugnó la determinación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El 6 de mayo de 2025, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación reconoció la validez de la resolución de Profepa.
La empresa promovió después un amparo directo, que fue negado en octubre de 2026. La resolución confirmó las obligaciones de la empresa para la demolición y restitución, además de la multa de 96,220 pesos.
Sin embargo, fue el mar el que derribó parte de la estructura.
“Si el edificio cae al mar, se contaminará”
“El 21 de octubre nos amanecemos con la noticia de que por el nuevo oleaje el hotel condominio había sucumbido, yéndose de bruces sobre su barda perimetral. Afortunadamente, el gobernador y el presidente municipal enviaron a Protección Civil para evacuar a los residentes y custodiar el edificio”, dice el residente que pidió no ser identificado.
Ahora, a los habitantes les preocupa el posible arrastre de los restos del inmueble al mar. “Estamos ante un hecho inédito que se resuelve al tiempo de la autoridad, con enorme presión de la naturaleza que tumba el edificio y de la comunidad aterrada porque, si el edificio cae al mar, se contaminará la principal fuente de ingreso del pueblo —el turismo de sol y playa— con vidrios, concreto, varillas, muebles y electrodomésticos que no pudieron sacar porque estuvieron habitando ahí hasta el último momento”, agrega.
Mientras tanto, la Profepa tiene la obligación de que se lleve a cabo la demolición de las obras sancionadas y restituir los terrenos federales.
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