Al amanecer, el sol emerge sobre el océano frente a Las Barrancas, una pequeña comunidad pesquera de unas 300 personas, situada al sur de Boca del Río, en el municipio de Alvarado, Veracruz. En esta comunidad, un grupo de mujeres hizo historia y logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara al Poder Ejecutivo expedir el reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que estaba pendiente desde 2008.
En esta costa que va desapareciendo poco a poco debido a la erosión costera, —impulsada por el cambio climático, la alteración de los ríos y las grandes obras de infraestructura—, donde la playa, el manglar y el mar sostienen la vida de decenas de familias, algunas personas han tenido que irse a Yucatán para trabajar en la temporada del pulpo ante la escasez de empleo local. Quienes permanecen en el territorio mantienen viva una tradición pesquera, una forma de vida que resiste el paso del tiempo y las presiones ambientales.
Nancy Ochoa Tello, mujer afromexicana y pescadora de cuarta generación, aprendió este oficio de las manos de su abuelo, quien le enseñó a pescar y a conocer el territorio donde desarrollan esta actividad. Desde ese vínculo con la pesca, Nancy explica los problemas que llevaron a la comunidad a presentar un juicio de amparo indirecto en junio de 2023. “Por la problemática que vive el sector pesquero en la pesca artesanal ribereña”, explica, “es una pesca sobreexplotada, que estemos con un medio ambiente no sano, que nuestras pesquerías estén desapareciendo”.
Frente a la lancha familiar, Nancy cuenta que una de las principales formas de pesca artesanal es la “línea de mano”, un método tradicional que consiste en un sedal provisto de un anzuelo que facilita la captura individual y selectiva de los peces. “Desde nuestros ancestros ha sido una pesca selectiva”, comenta.
La contradicción surge en el marco normativo actual, el cual sanciona las artes de pesca selectiva al no estar explícitamente incorporadas en las concesiones de pesca comercial. “Hoy en día por no encontrarnos dentro de un permiso de pesca nos sancionan, nos prohíben hacer nuestra actividad que es nuestra subsistencia”.
Para Nancy esta restricción resulta incomprensible frente a los beneficios de la práctica artesanal. “(Es) la actividad más sana, la que permite que sigamos teniendo pesquerías”.
Lo que le preocupa es el impacto de las técnicas industriales y masivas en el entorno costero. Y advierte sobre el colapso de los hábitats marinos. “Se están acabando el medio ambiente, los arrecifes, que son esas cunas donde nuestras especies se reproducen”.
También te puede interesar: Abandonan a buzos en altamar: el riesgo invisible de la pesca furtiva en Yucatán
Cuatro generaciones de familias pescadoras
Doña Elia, vestida con un delantal blanco y botas impermeables, maneja con destreza un filoso cuchillo para retirar las vísceras de los peces conocidos localmente como “bonitos”. En Las Barrancas, esta labor de limpieza se conoce como "alinear" el pescado, un proceso esencial para aprovechar al máximo el alimento antes de llevarlo a la cocina. De esta especie marina surge también el nombre de la organización local conformada por las mujeres de la comunidad: Las Bonitas, integrada por pescadoras de Las Barrancas, quienes interpusieron el amparo para reclamar la falta del Reglamento de la Ley de Pesca.
El proceso de “alinear” el pescado se basa en un profundo sentido de sustentabilidad: las vísceras retiradas no se desperdician, se guardan en bolsas de plástico en el congelador para ser empleadas posteriormente como carnada en las siguientes jornadas en el mar.
Doña Elia, su esposo Silverio, y Nancy han consolidado en torno a la pesca una dinámica familiar que preserva los saberes colectivos. Juntos preparan la tradicional minilla, la cual se vende de forma directa al consumidor, evitando intermediarios para asegurar el sustento de su hogar.
Para ellos, la pesca forma parte de la historia de su comunidad y de su familia. En el caso de Nancy se trata de una actividad que han realizado durante cuatro generaciones.
“Dependemos de la pesca como una actividad económica, pero sobre todo como nuestra identidad, nuestro origen, nuestra raíz, lo que queremos es que no desaparezca”, comparte.
El amparo que hizo historia
Para conocer cómo se construyó jurídicamente el caso y qué fue lo que las pescadoras y los pescadores llevaron ante los tribunales, la abogada Yoatzin Popoca Hernández, quien acompañó a la comunidad durante el proceso, explica los alcances del juicio y la ausencia de reglas que motivó la demanda.
“La inexistencia de un reglamento de pesca específico, acotado y a la medida de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables constituía una violación directa al derecho a un ambiente sano, a la alimentación, a la cultura y a la gestión de los bienes naturales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables”, relata.
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables fue publicada en 2007. Su sexto artículo transitorio estableció un plazo de seis meses para que el presidente de la República expidiera el reglamento. Ese plazo venció en 2008. Para Popoca la obligación permaneció pendiente durante distintos gobiernos. “Esa directriz jamás se cumplió”.
El problema jurídico que planteó la demanda estaba relacionado con la aplicación de la ley. Popoca lo resume de esta manera: “La ley da las bases, pero el reglamento contiene los ‘cómos’, y sin los ‘cómos’, la ley es letra muerta”. El reglamento que existe actualmente es de 1999.
Después de una larga batalla legal, el 20 de febrero de 2026, un Tribunal Colegiado determinó que, por la trascendencia del asunto, correspondía a la Suprema Corte analizar la existencia de la omisión. Popoca explica que la Corte estableció que el Estado debe contar con normas secundarias que permitan aplicar de manera efectiva los regímenes establecidos por las leyes. “La Suprema Corte determinó que esta omisión reglamentaria no es solo una violación formal al debido proceso, sino que vulnera directamente el derecho a un medio ambiente sano y afecta de manera directa a los pescadores artesanales que dependen de estos ecosistemas”.
La resolución también establece las condiciones que deberán considerarse durante la elaboración del reglamento. Entre ellas están la relación de las comunidades pesqueras con sus ecosistemas, los principios de precaución y prevención, la equidad entre generaciones, la mejor evidencia científica disponible y los derechos de acceso a la información y participación de las comunidades.
Popoca plantea que la participación de las comunidades será una parte central de la siguiente etapa: “No se puede permitir que el Ejecutivo haga el reglamento en lo oscurito, pues correríamos el riesgo de que se legisle a favor del acaparamiento industrial”.
“El reglamento debe regular de forma justa las épocas de veda y garantizar subsidios económicos dignos para que las familias tengan qué comer mientras se regeneran las especies; es injusto prohibir la actividad sin dar alternativas”, explica.
Además, la abogada refiere que los pescadores artesanales enfrentan dificultades para obtener permisos. “Hoy operan en absoluta indefensión. Existe una enorme disparidad institucional. A los pescadores artesanales —que usan artes de pesca amigables con el entorno— se les niegan permisos bajo el pretexto burocrático de que ‘no hay permisos disponibles’, mientras que las embarcaciones industriales, con técnicas de pesca altamente dañinas y contaminantes, obtienen concesiones sin problema”.
La sentencia ordenó al Ejecutivo Federal la elaboración del reglamento. El plazo es de 180 días naturales a partir de que la sentencia surta efectos.
Involucrar a las comunidades pesqueras
Yoatzin Popoca dice que es muy importante reconocer que la comunidad de Las Barrancas, Alvarado, fue la punta de lanza. “Asumió este largo proceso con enorme incertidumbre, pero la victoria ya está aquí”.
Y ahora, toca a las autoridades escuchar a las comunidades. “Hoy los pescadores y las pescadoras alzamos la voz y se logró que ante la Suprema Corte de Justicia hubiera un fallo a favor para que exista un reglamento pesquero, pero que escuche la voz de las comunidades pesqueras”, dice por su parte Nancy.
La resolución de la Corte abrirá un proceso para elaborar el reglamento que desarrolle las disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Uno de los temas que Nancy considera necesario incorporar al nuevo reglamento es la forma en la que se realizan las inspecciones y la vigilancia de la actividad pesquera.
“Es muy importante el tema de inspección y vigilancia, pero que sea algo tomado en cuenta desde el sector industrial y el sector artesanal, y no solamente a la pesca ribereña”, dice.
En Veracruz, los registros de programas públicos permiten identificar a una parte de las personas vinculadas con la actividad pesquera. En marzo de 2026, el Gobierno de Veracruz informó que 5 mil 395 pescadoras y pescadores de Alvarado recibirían el apoyo federal Bienpesca. El padrón estatal de ese programa contemplaba a 24 mil 815 personas.
A nivel estatal, el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024 registró 40 mil 815 personas dedicadas a la pesca y la acuacultura en Veracruz. El documento desglosa esa cifra en 29 mil 679 pescadores ribereños, 907 pescadores de altura y 10 mil 229 personas dedicadas a la acuacultura.
Desde Las Barrancas, Nancy propone mesas de trabajo y foros de consulta con pescadores, cooperativas y personas de todo el país que trabajan de manera independiente.
“Que los pescadores sean los primeros en dar su punto de vista”, finaliza.
No te pierdas: La resiliencia de Cabo Pulmo: tras perder un tercio de sus corales, se recupera poco a poco
Comentarios (0)