Rodrigo sintió miedo, pensó que iba a morir o que podría terminar en la cárcel. Salió el 26 de junio de madrugada a capturar pulpo en plena temporada de veda junto con cinco pescadores en una zona conocida como Costa Esmeralda. Todos sabían que si eran sorprendidos podían ser detenidos, pues se trata de una actividad ilegal. Por eso, cuando Rodrigo descendió al fondo del mar para realizar la captura y sus compañeros notaron la presencia de inspectores de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), quienes realizaban un operativo de vigilancia, salieron huyendo. Los pescadores entraron en pánico, aceleraron el motor y lo abandonaron en medio del mar.
“Uno piensa que todos estamos juntos en esto, ¿no? Pero cuando ves que cada quien quiere salvar su pellejo, entiendes que al final estás solo”, reflexiona Rodrigo, tiempo después de quedar varado en el agua.
Rodrigo no es su nombre real, pero para proteger su identidad y evitar posibles represalias, en este texto fue identificado de esa manera.
Cuando Rodrigo emergió y descubrió que la lancha ya no estaba, entendió de inmediato lo que había ocurrido. Durante unos minutos solo contempló dos posibilidades, intentar nadar hasta la costa o esperar que alguien lo encontrara antes de que fuera demasiado tarde.
“Después vi que se acercaba una lancha con los logos de la Marina. Ahí supe que ya nos habían cachado”, relata.
“Sabemos que lo que hacemos está mal, pero a veces sentimos que no hay de otra porque hay que buscarle para mantener a la familia”, comenta en su defensa.
En menos de un año, al menos seis buzos presuntamente dedicados a la pesca furtiva han sido rescatados por autoridades federales tras ser abandonados en altamar por las embarcaciones con las que operaban en la costa de Yucatán, de acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
Los casos muestran una práctica que además de representar un delito ambiental expone la vida de quienes participan en estas actividades.
Félix Luna Gómez, pescador y exdirigente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), señala que la pesca es considerada una de las actividades laborales de mayor riesgo.
"Desgraciadamente, la actividad en el mar es de alto riesgo porque es inmenso”, dice. Y en la pesca furtiva, añade, el escenario puede ser todavía más complejo.
Al tratarse de actividades clandestinas, algunas embarcaciones operan sin cumplir los requisitos de seguridad o evitan cualquier mecanismo que permita rastrear sus movimientos, lo que dificulta aún más las labores de localización cuando ocurre un accidente.
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Otro de los riesgos de la pesca furtiva
El primer caso de abandono en altamar en Yucatán ocurrió el 26 de junio de 2025, durante un operativo de vigilancia encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) frente al faro Yaxcukul, en la llamada Costa Esmeralda.
Cinco embarcaciones emprendieron la huida al detectar la presencia de las autoridades y dejaron en el mar a cuatro buzos, que presuntamente realizaban captura ilegal de especies como pulpo, langosta y pepino de mar, de acuerdo con la Semar.
Los elementos de la Marina localizaron a los pescadores flotando en el agua. Inicialmente los buzos se negaron a ser rescatados, pues aseguraban que las lanchas regresarían por ellos. Sin embargo, finalmente aceptaron ser trasladados por las autoridades. Durante la inspección, fueron asegurados arpones, ganchos para pulpo y otras herramientas de buceo utilizadas para la extracción de recursos marinos.
Otro hecho de este tipo ocurrió en abril de 2026 frente a las costas de Dzilam de Bravo. En esa ocasión, durante un operativo de vigilancia en el que participaron la Secretaría de Marina, Conapesca y la organización Sea Shepherd Conservation Society, dos buzos fueron abandonados por embarcaciones que escaparon al detectar la presencia de las autoridades.
Los dos pescadores permanecían en el agua mientras las lanchas se alejaban para evitar la inspección.
Estos casos reflejan uno de los riesgos menos visibles asociados a la pesca furtiva en la península de Yucatán, porque además del impacto que estas actividades generan sobre especies sujetas a vedas o restricciones de captura, quienes participan como buzos pueden quedar expuestos a situaciones de alto riesgo cuando las embarcaciones priorizan evitar ser interceptadas por las autoridades.
“No llevan radio. No tienen boya. En ocasiones, apenas sobresale del agua el tubo del esnórquel mientras intentan mantenerse a flote a dos o tres kilómetros de la costa. Los dejan allá y nosotros luego tenemos que ir a buscarlos. Si nadie los ve, simplemente desaparecen”, explica Arturo González, oficial de pesca y vigilancia comunitaria en Yucatán, que desde hace años participa en operativos de vigilancia junto con Conapesca.
Al menos se registran de dos a tres casos de este tipo cada año, comenta Arturo.
"Nosotros vamos por la lancha porque lo que buscamos es retirar ese esfuerzo pesquero ilegal. Pero muchas veces, mientras vamos, encontramos a la gente en el agua y ya no podemos dejarlos ahí", dice.
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Nadar o morir
En ocasiones, los propios buzos rechazan inicialmente el auxilio porque esperan que sus compañeros regresen y si eso no ocurre, entonces les toca nadar kilómetros para sobrevivir.
Los buzos abandonados deben recorrer entre uno y tres kilómetros para intentar alcanzar la costa y lo hacen utilizando únicamente visor, esnórquel y aletas.
Cuando finalmente llegan a tierra, muchas veces esperan durante horas hasta que otra embarcación pase a recogerlos. En la mayoría de los casos sus familias desconocen qué ocurrió.
"Nosotros avisamos a Capitanía (de Puerto) porque los familiares sólo saben que salieron a pescar. No saben si la lancha se volteó, si fueron detenidos o si siguen perdidos en el mar", agrega Arturo.
Jonathan Vergara, ingeniero ambiental, especializado en seguridad marítima, explica que a diferencia de la pesca legal, donde las cooperativas, los permisionarios y los propios habitantes conocen qué embarcaciones salen y quiénes las tripulan, en la pesca furtiva muchas lanchas operan sin registros claros.
“Algunas utilizan matrículas alteradas o falsas para ocultar a sus verdaderos propietarios y cuando son aseguradas, nadie las reclama. Esa falta de información también complica cualquier búsqueda cuando ocurre un accidente”, indica.
El especialista menciona que en puertos pesqueros circulan versiones sobre embarcaciones dedicadas a la captura ilegal en aguas profundas donde, presuntamente, buzos con enfermedad por descompresión no reciben auxilio inmediato.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada afecta la sostenibilidad de las poblaciones marinas, reduce los ingresos de quienes cumplen la ley y suele vincularse con otras actividades ilícitas.
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