La Comisión Federal de Electricidad (CFE) prevé financiar con capital privado una parte importante de la expansión de su capacidad de generación eléctrica y de sus proyectos renovables. La empresa necesita invertir 25 mil millones de dólares para elevar de 31% a 38% la participación de energías renovables en su matriz hacia 2030, una meta que involucra a bancos, inversionistas y organismos multilaterales en el financiamiento de la infraestructura energética del país.
Eugenio Amador Quijano, director de Finanzas de la CFE, explicó que los proyectos mixtos con empresas privadas concentrarán 64% de las fuentes de financiamiento previstas para la generación eléctrica durante este sexenio. El modelo contempla que las compañías aporten recursos y participen en la construcción y operación de las centrales, mientras la empresa pública garantiza la compra de electricidad mediante contratos de largo plazo.
“El privado aporta el financiamiento de deuda, su conocimiento en diseño, construcción, puesta en marcha y operación del activo; mientras que la CFE toma una cobertura de compra de electricidad a largo plazo, hasta 25 años”, señaló Amador durante el panel Del riesgo a la resiliencia, ¿hacia dónde fluirá el capital climático en América Latina?, celebrado en el marco de México por el Clima.
La participación privada permitirá financiar proyectos que requieren inversiones superiores a la capacidad anual de endeudamiento de la CFE, fijada en mil 500 millones de dólares. Para la empresa, estos mecanismos también buscan conservar su grado de inversión y ampliar el alcance de su programa de expansión eléctrica.
“Cuando el privado alcanza una tasa interna de retorno objetivo en el tiempo, el activo se revierte y regresa a la CFE”, explicó Amador. El esquema establece así una participación privada durante el desarrollo y la operación de los proyectos, con la incorporación posterior de los activos al patrimonio de la empresa pública.
La estrategia incluye la ampliación de la red de transmisión, necesaria para transportar la electricidad de las nuevas centrales. La CFE prevé destinar 6 mil 900 millones de dólares a este rubro y construir cerca de 7 mil 500 kilómetros de líneas para conectar plantas y reforzar la infraestructura en distintas regiones del país. También contempla sistemas de almacenamiento con baterías para atender las variaciones de la generación solar.
El financiamiento de estos proyectos se desarrolla en un mercado donde el capital compite entre distintos sectores y las tasas de interés elevan el costo de las inversiones. Adrián Garza, vicepresidente sénior de Estrategia y Asesoría Crediticia de Moody’s Ratings, resumió las condiciones actuales con una frase: “En general, esto se puede resumir con que el dinero es más caro”.
Garza señaló que las necesidades de inversión en inteligencia artificial, centros de datos, energía y minerales críticos compiten por los recursos disponibles en los mercados financieros. En ese escenario, la inversión privada y la banca adquieren relevancia para cubrir las necesidades de infraestructura y transición energética de América Latina.
“Es evidente que la inversión privada, junto con la banca privada y la banca multilateral, será clave para financiar esta brecha del 2.5%”, afirmó. La estimación presentada durante el panel sitúa las necesidades de inversión climática de la región en un monto equivalente a 2.5% del producto interno bruto anual hasta 2030. En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calcula que la brecha de financiamiento sostenible asciende a 13.6 billones de pesos hacia 2030.
Gabriela Rincón, directora de Control y Seguimiento ASG de la dependencia, explicó que el gobierno cuenta con instrumentos para orientar recursos hacia proyectos que contribuyan a objetivos ambientales y sociales.
“Estas herramientas se enmarcan en una arquitectura de financiamiento sostenible más amplia que parte del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan México y la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible”, dijo Rincón.
Entre esos instrumentos se encuentra la Taxonomía Sostenible de México, que clasifica las actividades económicas según sus contribuciones ambientales y sociales e incorpora objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático. Hacienda trabaja también con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el desarrollo de un objetivo de biodiversidad.
La movilización de capital depende asimismo de que los proyectos ofrezcan condiciones claras para los inversionistas. Diego Spannaus, director ejecutivo de Finanzas Sustentables para HSBC Latinoamérica, señaló que los contratos de largo plazo y la distribución de riesgos hacen financiables los proyectos de la CFE.
“Vemos esto bancable porque la CFE encontró una solución equilibrada a 25 años donde el sector público tiene el 54% de participación y el privado el 46%, compartiendo riesgos y garantizando la compra de energía por parte de la CFE”, afirmó.
Spannaus también destacó el financiamiento combinado, mediante el cual los gobiernos aportan capital o garantías junto con la banca comercial para reducir el costo de los proyectos. Este mecanismo puede ampliar las opciones de financiamiento para infraestructura energética y otras inversiones vinculadas con la sostenibilidad.
La CFE ha recurrido además a instrumentos etiquetados como verdes y a líneas de crédito de organismos multilaterales. Amador informó que una emisión reciente de 20 mil millones de pesos tuvo una demanda equivalente a 2.2 veces el monto ofrecido y que dos de sus tramos se destinaron a bonos verdes. La empresa cuenta también con una línea de crédito de 500 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica para proyectos verdes, así como con acuerdos de financiamiento con CAF y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial.
El alcance de estos mecanismos será relevante para determinar cómo se distribuyen los recursos entre generación renovable, transmisión y almacenamiento, y cómo se incorporan los objetivos climáticos a las decisiones de inversión. Al cierre del panel, Amador señaló que la planeación vinculante del sector eléctrico debe ofrecer certidumbre a quienes financian los proyectos: “Hay que vincular la planeación con acciones claras que den credibilidad al sector financiero”.
Las intervenciones formaron parte del panel Del riesgo a la resiliencia, ¿hacia dónde fluirá el capital climático en América Latina?, realizado durante México por el Clima, donde representantes de la CFE, Hacienda, Moody’s Ratings y HSBC analizaron las condiciones para movilizar inversiones hacia la transición energética y la resiliencia climática.
Proyectos, estados e inversión prevista
La Comisión Federal de Electricidad proyecta invertir 651 mil millones de pesos entre 2026 y 2030 para ampliar la generación eléctrica, construir líneas de transmisión y modernizar la distribución. El programa contempla 467 mil 299 millones de pesos para generación, 131 mil 889 millones para transmisión y 51 mil 770 millones para distribución. La empresa calcula que más de la mitad del financiamiento procederá de mecanismos externos a su balance, principalmente asociaciones con empresas privadas y emisiones de Fibra E.
En generación, la CFE destinará 335 mil 258 millones de pesos a proyectos mixtos con una capacidad prevista de 13 mil 800 megawatts. Otros 132 mil 041 millones de pesos se asignarán a proyectos desarrollados directamente por la empresa, con una capacidad de 4 mil 768 megawatts. El Programa de Desarrollo de la CFE 2026-2030 estima que los proyectos mixtos movilizarán alrededor de 16 mil 700 millones de dólares.
En estas sociedades, la CFE tendrá al menos 54% de participación y el socio privado, 46%. Entre 70% y 80% de la inversión total se financiará mediante recursos obtenidos por las propias sociedades. Eugenio Amador Quijano, director de Finanzas de la CFE, señaló que el límite de endeudamiento de la empresa es de mil 500 millones de dólares anuales y que el plan de expansión equivale a tres veces esa capacidad. Amador afirmó que 64% de las fuentes de financiamiento para generación durante el sexenio procederá de proyectos mixtos.
En Sonora, las secuencias III y IV de la central fotovoltaica Puerto Peñasco aportarán 580 megawatts y tienen prevista su entrada en operación para 2028. El programa incluye estas obras entre los proyectos propios de generación, cuyo presupuesto conjunto asciende a 132 mil 041 millones de pesos. El documento no especifica cuánto costará cada secuencia.
El plan de expansión también contempla cinco centrales de ciclo combinado con una capacidad conjunta de 3 mil 174 megawatts, cuya entrada en operación está prevista para 2030. A estas obras se suman proyectos de combustión interna, cogeneración y unidades aeroderivadas. El programa no presenta el costo individual de cada central.
El plan de fortalecimiento incluye cuatro centrales de ciclo combinado: Tuxpan Fase I, en Veracruz; Riviera Maya/Valladolid IV, en Yucatán; San Luis Río Colorado, en Sonora, y Lerdo, en Durango. En conjunto, aportarían 3 mil 403 megawatts entre 2026 y 2028. Las cuatro forman parte de un programa de fortalecimiento que contempla una inversión global de 25 mil millones de pesos; el documento no especifica el presupuesto de cada central.
La expansión hidroeléctrica contempla las centrales Santa María, Picachos, Amata y Chicoasén II, además de trabajos de rehabilitación y modernización. El programa estima 7 mil 698 millones de pesos para el conjunto de obras, que aportarían 403 megawatts de capacidad.
En transmisión, la CFE prevé invertir 131 mil 889 millones de pesos en 175 proyectos que añadirían 7 mil 545 kilómetros de líneas eléctricas. De ese monto, 48 mil 310 millones se financiarían mediante Fibra E y 83 mil 579 millones mediante presupuesto y financiamiento de largo plazo.
Para distribución, la inversión estimada asciende a 51 mil 770 millones de pesos. El programa contempla cuatro líneas de trabajo, la construcción de 97 nuevas subestaciones, la ampliación de otras 95, la modernización de redes y proyectos de electrificación mediante Justicia Energética.
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