En el primer día de audiencias públicas sobre la iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), diputados de oposición e investigadores alertaron sobre retrocesos presentes en el proyecto, mientras que la secretaria Alicia Bárcena reconoció que ha causado “confusión” una parte de la reforma.
En el Salón Legisladores de la República en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se llevó a cabo este lunes 28 de septiembre la primera de tres jornadas en las que se debatirá la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum con la que se pretende derogar la LGEEPA y crear una nueva ley ambiental con el nombre de Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental.
Por parte de la academia, Jesús Enrique Pablo Dorantes, fundador de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C. (AMIA), calificó como una “distorsión” la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en la reforma, “que se le otorga una equivalencia para sustituir a la Evaluación de Impacto Ambiental”.
“La EAE compara opciones de desarrollo, mientras que la Manifestación evalúa proyectos con coordenadas exactas. La EAE no realiza inventarios bióticos de especies en peligro de extinción, no modela descargas, ni escurrimientos ni garantiza la participación de las comunidades”, explicó.
También Daniela Pedroza Paez del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló como “un error técnico y legal”, en los artículos 28 y 54, que se pretenda hacer equivalentes los dos instrumentos. “Es un riesgo que estos artículos permanezcan y se deben quitar”.
“Otro riesgo nos parece es que, en el artículo 53, están permitiendo la presentación de una MIA posterior al inicio de una obra. Esto desvirtúa completamente el objetivo del instrumento y amenaza nuestro derecho al medio ambiente sano”, indicó.
En tanto, la diputada Irais Virginia Reyes de la Torre de Movimiento Ciudadano señaló que a su partido también le preocupa que, aunque la Evaluación Ambiental Estratégica es un avance que han pedido desde hace décadas las organizaciones civiles, “la iniciativa la diseña de manera que podría sustituir y no complementar a la Manifestación de Impacto Ambiental”.
“Es un riesgo que podría debilitar la prevención, debilitar la participación pública y abrir espacios de discrecionalidad”, opinó Reyes de la Torre.
Además, destacó que en la iniciativa la consulta pública se “convierte en facultativa”, es decir, deja de ser una obligación y pasa a ser una decisión discrecional, lo que contraviene el Acuerdo de Escazú.
“Se mantiene la posibilidad de regularizar las obras iniciadas sin autorización, lo cual contradice el principio preventivo y premia el hecho consumado”, agregó.
Mientras tanto, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dijo que la reforma pretende modernizar el marco jurídico para “lograr una ley inclusiva que esté a la altura de los desafíos que enfrenta México”. Sin embargo, admitió que ha causado confusión la introducción de la Evaluación Ambiental Estratégica en cuanto a la autorización de los proyectos.
“Ha causado confusión la Evaluación Ambiental Estratégica, es una herramienta para hacer planeación preventiva, pero no sustituye la Manifestación de Impacto Ambiental. Cada proyecto tiene que ser evaluado en su justo valor, cada proyecto, pero tener una visión de planeación estratégica también es importante”, afirmó.
“Nadie está reemplazando la justicia ambiental, al contrario, se fortalece el papel de la Profepa. La Profepa tiene que ser el gran instrumento que nos ayude a esta procuración de justicia ambiental”, aseguró Bárcena. “Darle más dientes”, remató.
Preocupa incumplimiento del Acuerdo de Escazú
Para estas audiencias públicas, que se desarrollarán del 28 al 30 de septiembre, se inscribieron más de 130 especialistas, organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas, defensores ambientales y activistas e integrantes del sector privado tanto industrial, turístico y empresarial. La primera mesa, este lunes 28 de septiembre, contó con la participación de académicos y especialistas.
Durante su intervención, Bárcena destacó cinco puntos centrales de la reforma que pretende modernizar la LGEEPA que data de 1988 y que tuvo una reforma integral posterior, en 1996. Se trata de la actualización del marco normativo para adaptarla a los estándares internacionales; garantizar el derecho efectivo a un medio ambiente sano y reconocer el Acuerdo de Escazú, que posiciona el derecho al acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental; la modernización de las herramientas como la Evaluación Ambiental Estratégica; la certeza jurídica y crear criterios de sustentabilidad.
“Porque el cambio climático ya nos alcanzó y aunque el país tiene un compromiso de mitigar las emisiones de cambio climático, tenemos una responsabilidad en la adaptación. Estamos perdiendo costas, crece el nivel del mar, estamos perdiendo playas, entonces nos interesa recuperar esto y eso es restauración”, dijo la titular de SEMARNAT.
“Queremos que se potencie también el cuidado a los defensores ambientales, la protección. Cuidar a los que nos cuidan. Porque también sabemos que están en riesgo”, añadió.
Por su parte, los académicos y especialistas participantes consideraron que la reforma presenta avances como el reconocimiento de las personas defensoras ambientales, la defensa de los polinizadores y las zonas de restauración ecológica. Sin embargo, algunos pidieron que las audiencias públicas se descentralicen y sean realmente plurales, con mesas regionales, con jóvenes y enfoque de género. La mayoría hizo énfasis en lo que está dejando de lado la ley o lo que causa preocupaciones y podría implicar riesgos.
Claudia Brindis Zavala del Consejo del programa Armonía con la Naturaleza de Naciones Unidas (ONU) y fundadora del consejo de Guardianes de la Naturaleza, dijo que la reforma, como la ley que pretende actualizar, sigue teniendo un “enfoque utilitarista”, en “función del beneficio que reporta a las personas” y no “reconoce su valor intrínseco”.
“Propongo que se reconozca expresamente a la naturaleza como sujeto de derecho, junto con el equilibrio ecológico”, apuntó.
“En materia de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas propongo sustituir el estándar de consentimiento previo, expreso e informado, por el más protector: consentimiento libre, previo e informado, en los artículos 16 y 175, y ampliar el 239 para garantizar expresamente el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia conforme al Acuerdo de Escazú”.
Ximena Ramos Pedrueza, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, compartió que hay preocupación por el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. “En el tema de Evaluación Estratégica no existe un proceso claro sobre participación de todos los sectores y al ser una política pública, debe incluirse”.
“Así mismo la sociedad civil, las comunidades, han llamado a fortalecer la Evaluación de Impacto Ambiental en el tema de participación, pero estamos desaprovechando esa oportunidad al no establecer que debe ser obligatoria la participación y la consulta pública”, dijo.
“No tenemos todos los recursos que requerimos”
La secretaria Alicia Bárcena indicó que el medio ambiente no cuenta con los recursos económicos necesarios que requiere. “Sabemos que es un sector que no tiene, quizá, todos los recursos que requerimos”, señaló.
“Espero que los diputados nos ayuden tantito”, dijo Bárcena ante las y los diputados sobre el paquete presupuestal para el siguiente año que se discute en el Congreso.
Al respecto, la académica Jarumy Méndez, catedrática de la Universidad Anáhuac Oaxaca y secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático de Somos México, criticó que en los transitorios de la reforma dice que “no tendrá un solo peso adicional”.
“Crea obligaciones nuevas sin dinero nuevo y el dinero que sí existe está mal etiquetado. El gobierno llama cambio climático a la construcción de trenes. Un tercio del presupuesto de cambio climático se va a infraestructura ferroviaria”, ejemplificó.
“Esta ley protege todo, pero no financia nada. Lo que no se presupuesta no se protege”, remató.
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