La evaluación ambiental estratégica, el acceso a la información, la participación pública, los plazos para resolver expedientes, la protección de personas defensoras y la capacidad institucional, son algunos de los puntos que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) coloca bajo la lupa de la propuesta de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).
Para Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo de CEMDA, la actualización de la legislación requiere revisar su relación con las demás leyes ambientales del país. Por ejemplo, los ordenamientos sobre economía circular, desarrollo forestal sustentable, residuos, agua, cambio climático y vida silvestre como parte del conjunto jurídico que tendría que mantener una relación coherente con la nueva LGEEPA.
“Tiene que haber una buena sincronía” y “una buena armonización” entre estos ordenamientos, explica.
Para el director ejecutivo de CEMDA, esta revisión resulta necesaria porque las disposiciones de la LGEEPA tienen efectos sobre distintos instrumentos de política ambiental.
Otro de los puntos centrales para CEMDA es la capacidad de las instituciones encargadas de aplicar la legislación. Alanís Ortega describe una brecha entre la producción de normas ambientales y los recursos disponibles para hacerlas cumplir. “México ha sido un campeonazo en legislar”, señala.
Por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) requiere contar con más inspectores, personal, presupuesto y recursos materiales para realizar tareas de inspección, vigilancia y sanción.
“Luego platicando uno con la gente de Profepa en los estados se encuentra con que pues que no hay dinero ni para la gasolina o para cambiar una llanta”, relata.
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Evaluación ambiental estratégica, al fin sobre la mesa
La propuesta de ley incorpora la evaluación ambiental estratégica, que organizaciones de la sociedad civil y académicos llevaban años solicitando, pues se trata de instrumento que permite analizar los efectos ambientales de planes, programas y políticas públicas.
CEMDA reconoce esta incorporación como un avance, pero advierte que debe existir una relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental. “Una no sustituye a la otra”, explica Alanís Ortega. Ambos instrumentos deben conservar funciones diferenciadas y aplicarse de acuerdo con el tipo de decisión o proyecto que corresponda, agrega.
También se refiere a los proyectos que comienzan actividades sin contar con autorización en materia de impacto ambiental y después buscan regularizarse. Para estos casos, plantea revisar cuándo corresponde restaurar el sitio. “Hay casos en los que tendría que haber restauración, no regularización”.
La información de los expedientes de impacto ambiental constituye otro de los puntos clave. Alanís Ortega señala que los datos protegidos por propiedad industrial, propiedad intelectual o secretos comerciales pueden mantener un tratamiento reservado. “Todo lo demás tiene que ser público”, sostiene.
Los plazos de resolución también forman parte de la discusión. Alanís Ortega explica que actualmente existen periodos de 60 días para resolver, otros 60 días cuando se solicita información adicional y hasta 60 días adicionales cuando la autoridad considera que las dimensiones o la complejidad de una obra requieren más tiempo.
En este punto, CEMDA plantea revisar los tiempos a partir de la capacidad que tienen las autoridades para procesar los expedientes.
La organización también identifica un problema relacionado con la información adicional que entregan los promoventes durante el procedimiento, por lo que propone establecer mecanismos que permitan que esa información sea conocida por la sociedad y forme parte de la participación pública.
La participación de las personas en las decisiones ambientales constituye otro de los componentes que CEMDA considera que se deben fortalecer. Alanís Ortega menciona las consultas públicas y las reuniones públicas de información como mecanismos que deben tener reglas claras y relaciona su fortalecimiento con los compromisos establecidos en el Acuerdo de Escazú.
El acceso a la información también aparece vinculado con la forma en que las comunidades pueden utilizar las herramientas jurídicas disponibles. Para CEMDA, la nueva legislación debe facilitar que las personas, los grupos, las comunidades y los pueblos y comunidades indígenas conozcan la información ambiental y participen en las decisiones que afectan sus territorios.
Además, plantea que las experiencias de las comunidades con los instrumentos ambientales existentes deben incorporarse al proceso legislativo. La información jurídica y ambiental, señala, debe presentarse de una manera que pueda ser comprendida y utilizada por quienes necesitan acceder a ella. “Que la información esté fácil, que esté accesible, que sea digerible”, expresó.
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Puntos favorables
En materia de protección ambiental, CEMDA también reconoce elementos favorables de la propuesta. Alanís Ortega destaca la incorporación de principios del derecho ambiental internacional, entre ellos el in dubio pro natura, el interés superior del ambiente, los principios de prevención y precaución, y el principio de máxima publicidad relacionado con el acceso a la información ambiental.
La propuesta incorpora además nuevas categorías de áreas naturales protegidas, como geoparques, sitios de humedales y recursos naturales ubicados en sitios sagrados. Para CEMDA, estas figuras requieren recursos suficientes para cumplir sus objetivos de conservación y evitar que existan “áreas naturales de papel”.
La protección de las personas defensoras ambientales también forma parte de la propuesta. CEMDA considera que este componente puede fortalecerse dentro de la discusión legislativa. Durante la entrevista, Alanís Ortega señaló que 199 defensores ambientales han sido asesinados en los últimos 11 años en el país.
Otro elemento que CEMDA considera relevante es la incorporación de la conservación de los polinizadores como principio de política ambiental y su reconocimiento como una prioridad, y la incorporación de los derechos de la naturaleza.
La propuesta plantea nuevos criterios para el ordenamiento ecológico territorial relacionados con la disponibilidad de servicios ecosistémicos, la atención de zonas degradadas y la restauración.
Estos criterios pueden contribuir a que la planeación ambiental considere las condiciones de los ecosistemas y sus procesos de recuperación.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 26 de agosto la iniciativa para expedir una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El 31 de agosto la envió a la Cámara de Diputados y el 1 de septiembre fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la elaboración del dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que brinde una opinión.
Durante la presentación, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó que la legislación vigente data de 1988 y que la propuesta busca actualizarla frente a desafíos ambientales actuales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. La iniciativa, dijo, incorpora herramientas relacionadas con la restauración ecológica y plantea integrar avances científicos, tecnológicos y conocimientos ancestrales.
Para CEMDA, el siguiente paso es la discusión pública de la iniciativa. La organización ha solicitado un parlamento abierto con mesas temáticas y participación de distintos sectores, lo que ya fue respaldado por la secretaria Bárcena.
Ortega recordó que la reforma de 1996 tuvo un proceso de discusión de casi dos años y planteó ese antecedente para el proceso legislativo actual.
Ahora, el proceso permitirá, de acuerdo con la organización, discutir los instrumentos de evaluación, las reglas de acceso a la información, la participación pública, la protección de quienes defienden el ambiente y las capacidades institucionales necesarias para aplicar la legislación.
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