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El boom inmobiliario de Querétaro y la disputa por el agua

A medida de que la mancha urbana de la ciudad de Querétaro se expande, crece la tensión entre la ciudadanía y empresas por el manejo y ab...
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A medida de que la mancha urbana de la ciudad de Querétaro se expande, crece la tensión entre la ciudadanía y empresas por el manejo y abasto del agua, en una zona con alta tendencia a la sequía, que se agudiza año con año.

El pasado 19 de mayo, en medio de protestas, el Congreso de Querétaro aprobó la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

“Es una ley para favorecer a las inmobiliarias”, dijo tajante Claudia Romero, integrante de la organización Bajo Tierra.

Foto: Khalid Osorio.

Dicha Ley estipula que el sector privado podrá participar en la prestación de los servicios públicos de agua potable, potabilización, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, incluyendo la recirculación y reutilización de dichas aguas, a través de concesiones, mismas que serán otorgadas por la Comisión Estatal de Aguas (CEA) o por los municipios.

Para Romero, quien también es especialista jurídica en temas hídricos, la concesión del servicio público del agua tiene una relación directa con el crecimiento urbano y la depredación ecológica.

La experta afirmó que no es un tema nuevo. Entre 2006 y 2017 se presentaron

cuatro iniciativas que tenían el mismo objetivo, otorgar a empresas privadas facilidades para la prestación del servicio público de agua, aunque ninguna de estas fue aprobada.

En 2018 también fue creada la Dirección Divisional de Concesiones dentro de la Comisión Estatal de Aguas.

Más de 32 desarrollos habitacionales, extendidos sobre una superficie de más de 13 mil 462 hectáreas, cuentan con autorización para ser abastecidos por 17 operadoras privadas, de acuerdo con la organización Bajo Tierra.

“Las operadoras controlan más de 28 millones de metros cúbicos anuales de agua a través de 38 títulos de uso agrícola, pecuario, urbano e industrial del agua”, se lee en el informe ‘Acaparamiento de lo público, mercantilización de lo común’.

De las operadoras con títulos de concesión para el abasto de agua, ocho están relacionadas solo con dos inmobiliarias.

Sistemas de Agua Querétaro, Desarrollos y Construcciones del Centro, Aquagenis y el Organismo Operador de Agua Administradora Queretana están vinculadas a Desarrollos de Provincia Juriquilla.

En tanto, Servicios Industriales Aquagenis, Operadora Querétaro Moderno, Hidro Corregidora y Abastecedora Queretana de Agua y Alcantarillado están ligadas a Desarrollos Residenciales Turísticos.

“La concesión del servicio de agua es un modelo muy polémico en el mundo, en todas las ciudades donde se ha implementado. En el caso de Querétaro, la principal característica que tiene es que permite expandir el mercado de la vivienda y construcción, la urbanización de espacios donde normalmente no se podría porque son zonas a donde no llega la infraestructura pública”, expuso Romero.

La académica pide hacer caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Leo Heller, relator especial sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento, identifica en su informe “La privatización y los derechos humanos al agua y al saneamiento”, publicado en 2020, tres principales riesgos en este modelo.

El primero es la maximización de ganancias y, por ende, la exclusión de comunidades vulnerables que no se consideran rentables; el segundo, la concentración de poder y acaparamiento del territorio y, en tercer lugar, la monopolización.

En la justificación de la Ley se toma como ejemplo la existencia de la figura jurídica de la concesión como una modalidad para la prestación de los servicios de agua.

El Artículo 127 indica que las modalidades de participación del sector “social o privado” pueden ser a través de la concesión de los servicios de agua, contratación de obra pública, contrato para la prestación de servicios o proyectos de asociación público-privada, así como “cualquier otro que derive de la normativa”.

Guillermo Vega Guerrero, líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), dijo en su discurso en la sesión de votación que el objetivo es meter orden al suministro de agua. Alegó que se trata de una propuesta positiva para la entidad.

Teresa Roldan, ambientalista queretana, afirmó que la Ley fue aprobada sin consultar a la ciudadanía.

Foto: Especial Cuartoscuro

Previo a la aprobación, indicó, se llevó a cabo un foro ciudadano, pero las posturas no fueron consideradas. “Estuvimos peleando para poder entrar. De las siete personas que fuimos, cinco votamos en contra y justificamos por qué no podía ser”, refirió Roldán.


“De dicho Foro se recabaron inquietudes y aportaciones que, una vez analizadas, sirvieron para darle un enfoque ciudadano”, se lee en la Ley.

La activista fue una de las impulsoras de las protestas ciudadanas, para inconformarse por la iniciativa impulsada por el grupo parlamentario del PAN.

Manifestaciones y represión

Organizaciones de la sociedad civil, académicos, activistas y pueblos indígenas, agrupados en la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi), cumplieron ya nueve semanas en movilización.

Las jornadas de protesta en las calles y frente a la sede del Congreso buscan que se eche atrás la Ley, por considerarla contraria al derecho humano al agua.

Las confrontaciones con la policía, agresiones y hostigamiento han formado parte de las manifestaciones, dijo Teresa Roldán.

El pasado 10 de junio la policía detuvo a tres personas durante la protesta realizada sobre la avenida 5 de febrero, una de las principales vialidades de la ciudad.

En videos difundidos a través de las redes sociales se observa al cuerpo de granaderos intentando contener el tumulto de inconformes.

La organización internacional Frontline Defenders emitió un pronunciamiento de respaldo a la Redavi y condenó las detenciones arbitrarias durante las protestas.

Se documentó el hostigamiento al líder comunitario Braulio Ayala García, integrante de la Confederación Indígena del barrio de San Francisquito, quien fue detenido y sometido a una revisión por policías estatales el 14 de junio mientras circulaba en su auto por la avenida 5 de febrero.

La red internacional de asociaciones defensoras del medio ambiente #EscazúAhora también condenó las acciones del Congreso con respecto a la negativa de escuchar a la ciudadanía y la criminalización de los activistas.

De la calle a los tribunales

El último reporte del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) apunta que prácticamente todo el estado de Querétaro está en situación de estrés hídrico. Quince de los 18 municipios se encuentran en sequía severa, entre estos la capital; dos en sequía moderada y uno ‘anormalmente seco’.

Claudia Romero aseguró a Periodismo Causa Natura que la ciudad de Querétaro no está tan lejos de la situación que atraviesa Monterrey u otras urbes, con escasez extrema, principalmente en colonias vulnerables.

La Redavi expuso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría Estatal de Derechos Humanos (DEDH) los posibles impactos en las personas y solicitó a ambas instituciones promover un recurso de inconstitucionalidad. No obstante, ambas se declararon incompetentes, señaló Teresa Roldán.

También se solicitó a los legisladores de Morena, quienes se opusieron a la Ley, inconformarse por la vía legal. Con este recurso buscaban que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara esta Ley como violatoria de la Constitución.

Roldán adelantó que las organizaciones y activistas preparan otras vías de defensa jurídica, a través del amparo.


Escrito por

Alejandro Castro

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