Tras la desaparición forzada y el asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, defensor indígena de la Sierra de Manantlán, el pasado 25 de noviembre, organizaciones de derechos humanos y ambientales exigieron una investigación libre de impunidad y la seguridad de la comunidad de Ayotitlán, Jalisco, ante otras posibles amenazas y agresiones como ha ocurrido en el pasado.
“En la actualidad seguimos sin tener informes claros sobre el proceso de investigación y las medidas urgentes para la salvaguarda de la vida y la integridad de las personas defensoras del territorio y sus familias que se cuentan por decenas”, señaló Eduardo Mosqueda, abogado y director de la organización Tsikini, durante conferencia de prensa.
Higinio se dedicaba a la defensa de la Sierra de Manantlán ante la tala y minería ilegal, así como el pago justo por los trabajos de extracción de hierro que se realizan en la minera Peña Colorada, propiedad de las empresas Ternium y ArcelorMittal. Desde el 2021 formaba parte del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
De acuerdo con la información presentada hasta el momento, la última vez que se le vio fue cuando acudió a una reunión con Jesús Delgado, presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán, el pasado 24 de noviembre. Después de esto no se le vio salir por el ingreso principal y sus familiares lo reportaron como desaparecido. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en la ranchería “Las Marías”.
La municipalidad ha negado estar relacionada con la desaparición y el homicidio. Según lo reportado, ese día el alcalde se encontraba en Guadalajara resolviendo unos asuntos relacionados con su cargo.
Gabriel Rocha, responsable del Programa de Personas Defensoras de Derechos Humanos del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), y Eduardo Mosqueda, abogado y director de Tsikini. Foto: Patricia Ramírez.
Por su parte, Higinio había recibido amenazas constantes. En febrero pasado reportó que gente armada ingresó a su domicilio y lo amenazó. La respuesta por parte del Mecanismo Federal de Protección fue poner malla ciclónica y cámaras de seguridad, mismas que el defensor reportó desde hace semanas que no estaban funcionando. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron como ineficientes las medidas para garantizar su seguridad.
La comunidad de Ayotitlán ha sido constantemente amenazada por sus actividades de defensa del territorio. Además de lo ocurrido este año, en mayo de 2022 Higinio y otro defensor fueron extraídos de sus domicilios y amenazados por grupos armados. Incluso, de la Cruz había trabajado con Celedonio Monroy, líder desaparecido en 2012.
“Este no es el único caso en el que el presidente municipal y policía municipal están desarrollando de manera sistemática desapariciones forzadas”, denunció Mosqueda durante la conferencia de prensa.
En julio de 2021, otro defensor de la comunidad (de quien se reservaron el nombre) también fue citado por la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán. Se le retuvo e interrogó sobre sus acciones de defensa ante la tala y la minería en Sierra de Manantlán, que es una Área Natural Protegida catalogada como Reserva de la Biosfera.
Apenas tres meses antes, el defensor Santos Isaac Chávez se había reportado como desaparecido y encontrado muerto con señales de tortura. Su familia también denunció recibir amenazas.
Laura Furones, asesora de Global Witness, y Fernanda Venzon, abogada en la organización Environmental Defender Law Center (EDLC), durante la conferencia de prensa. Foto: Patricia Ramírez.
Durante la conferencia de prensa también estuvo presente Laura Furones, asesora de Global Witness, quien reportó que México se encuentra en cuarto lugar a nivel mundial de defensores asesinados, por debajo de Colombia, Brasil y Filipinas.
“Tan sólo en 2022 tuvimos que documentar 31 asesinatos sólo en México y sólo en un año. Esta es una cifra escalofriante. Lo que todo esto viene a revelar es que el país está enfrentando una crisis muy grave de seguridad en la cual las personas defensoras están sufriendo de una forma más creciente”, dijo Furones.
En su participación, Fernanda Venzon, abogada en la organización Environmental Defender Law Center (EDLC), compartió las acciones que se esperan como una investigación efectiva; garantizar la seguridad de las comunidades; suspender las actividades mineras de Peña Colorada; así como llamar a las empresas mineras a rendir cuentas sobre el impacto de sus actividades.
“Que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera investiguen y sancionen a las personas responsables por todos los anteriores homicidios, desapariciones y minería ilegal en el territorio de la comunidad de Ayotitlán”, agregó ProDESC, que acompaña a defensores del territorio, en su comunicado respaldado por 60 organizaciones.
Para concluir, las organizaciones presentes insistieron en la importancia de garantizar medidas de seguridad para la comunidad de Ayotitlán en Jalisco mientras se realizan las investigaciones.
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