La violencia que persigue la defensa ambiental en Chihuahua mantiene a sus habitantes en alerta. Por eso el 19 de noviembre que desapareció Artemio Iglesias nadie dudó en compartir la fotografía de búsqueda señalando su trabajo en Salvemos los Cerros (SLC), donde unos días antes habían recibido amenazas de muerte por su labor en la protección del cerro Coronel Guaguachic, ubicado en la ciudad de Chihuahua. No era la primera vez.
Antes de su desaparición, Artemio estuvo con sus compañeros en la colonia Adición Rubén Jaramillo, un asentamiento indígena que se ubica en el cerro, donde la organización enfrenta a un grupo criminal que se dedica a la extorsión y la venta ilegal de terrenos pertenecientes al área natural.
“Hemos recibido calumnias; mensajes en nuestras redes sociales; hostigamiento de personas desconocidas; agresiones directas en nuestras casas donde nos han aventado animales muertos en más de 7 ocasiones, también excremento.”, dijo Luis Andrés Rivera, vocero de Salvemos Los Cerros.
Los defensores vinculan a los perpetradores de estas agresiones con el gobierno, las empresas y los grupos criminales que están siendo afectados por la defensa del territorio y del agua.
La organización, recordó Rivera, se fundó en 2015 por varias colonias de vecinos. El propósito principal era proteger el cerro Coronel Guaguachic donde, además de los grupos criminales, destacan los proyectos inmobiliarios de la empresa CTU (Corporación Técnica de Urbanismo), misma que ha estado involucrada en el despojo de comunidades en la Sierra Tarahumara, acuasan sus habitantes.
También la batalla se da desde la educación ambiental hasta la defensa legal por los ríos Chuvíscar y Sacramento. Ambos atraviesan la ciudad de Chihuahua y al ser territorios sagrados apaches tienen una importancia no sólo ambiental, también cultural.
Aunque Artemio Iglesias fue localizado ese mismo día por la noche, el suceso recordó el caso de Francisco Benito, quien era miembro de la organización y fue asesinado en diciembre pasado.
“La desaparición de Artemio nos puso alerta porque a finales del año pasado asesinaron a un compañero de la colonia Adición Rubén Jaramillo. Fue una situación extremadamente extraña donde apareció con signos de golpes y colgado en su casa. Y quien descubrió su cuerpo no fue nadie de la colonia, lo cual también es muy extraño”, recordó el vocero de SLC.
Aquel día, una persona desconocida llamó para reportar el homicidio de Francisco Benito. Vecinos recuerdan que al menos un convoy de 20 patrullas de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal se amontonaron en las estrechas calles del cerro.
En cambio, cuando han solicitado seguridad frente a grupos criminales, las autoridades no han llegado, se quejó Luis Andrés.
La realidad y los datos
En los últimos nueve años, de 2012 a 2020, se perpetraron 564 agresiones contra personas defensoras ambientales en México, de acuerdo con los informes anuales del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). En la lista, Oaxaca es la más afectada, seguida por Sonora, Estado de México, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Veracruz.
Se evidencia el asesinato como el tipo de agresión letal más frecuente, seguido de las amenazas, los actos de intimidación, la criminalización y las agresiones físicas, principalmente, de carácter sexual en el caso de las mujeres. En los años recientes el gobierno es responsable del 40% de estos ataques, según el informe.
“Respecto a la impunidad, como factor del incremento (de agresiones), identificamos que la mayoría de los casos de agresiones contra defensores ambientales no están siendo investigadas, no se está sancionando a los agentes perpetuadores y, por lo tanto, las víctimas no están siendo reparadas”, explicó Luz Coral Hernández, abogada del Cemda.
Algunos otros datos recabados, que permiten desglosar las agresiones que viven defensores ambientales, son en relación a los sectores más perjudicados. Históricamente, el sector forestal ha sido el que más concentra los ataques, particularmente en la zona norte del país por casos de deforestación y tala ilegal.
En entrevista, la abogada Hernández explica que existe una relación entre el alto número de agresiones, la entidad federativa y el tipo de sector donde se ejerce la defensa del territorio. Por ejemplo, en los últimos años se destacan los de construcción de vías de comunicación o energía eléctrica ante los principales megaproyectos del sexenio en curso.
Sin embargo, los datos muestran sólo una parte de la realidad. Por ejemplo, en 2019 y 2020 a la par de que identificó al gobierno como el principal agente agresor, hay otro 40% que no está identificado.
“El no tener datos evidencia mucho del problema que ocurre en México sobre la situación de las personas defensoras ambientales. Y es que el día de hoy a pesar de que existen mecanismos de protección para personas defensoras no tenemos fuentes oficiales, no tenemos registro ni seguimiento puntual de los casos, de las agresiones, de los violaciones a derechos humanos o delitos que están preparando contra defensores ambientales”, explicó Luz Coral Hernández.
El estigma y la prevención
Ha pasado un año desde el asesinato de Francisco Benito en Chihuahua y, hasta el momento, no hay resolución.
“Por un lado tenemos canales de diálogo con el gobierno (de Chihuahua) que hemos abierto gracias a la participación ciudadana, pero a la par hay una impunidad muy grande dentro del aspecto de seguridad. Nuestras denuncias a la Fiscalía, a la Policía y a la Guardia Nacional no han tenido avances, algunas han sido desechadas”, agregó el vocero de SLC.
Lo mismo ocurrió este año con Irma Galindo desaparecida desde el 27 de octubre. La guardabosques de origen mixteco denunciaba tala ilegal en su comunidad al sur de Oaxaca y ya había sido agredida anteriormente cuando quemaron su casa.
“La respuesta al porqué esto sigue es la falta de voluntad política. Especialmente los poderes Ejecutivo y Legislativo deberían estar creando un mecanismo adecuado que pueda aplicar y vigilar el cumplimiento de una política pública integral de protección. El mecanismo de hoy está rebasado, los recursos económicos y las capacidades humanas que tiene no se ajustan a las necesidades vigentes”, respondió la abogada del Cemda.
Ante esto, sin esperar respuesta, los colectivos y las organizaciones de defensa ambiental continúan la batalla. Al cierre de este texto, Salvemos los Cerros estaba en proceso de solicitar la publicación del estudio técnico justificativo que realizaron con miras a decretar Monumento Natural el Cerro Grande de Chihuahua.
Respecto a las agresiones, Luis Andrés comentó sobre la elaboración de bitácoras de registro, al igual que el apoyo de otras organizaciones ambientales.
“Nosotros tendremos que seguir tomando nuestras propias medidas porque el estado, el municipio y la Federación no ha respondido para nada. Pese a que tenemos canales abiertos y reuniones, no hay una contundencia en las acciones de los tres niveles de gobierno para atender nuestras quejas y denuncias”, sentenció.
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