La pesca de arrastre, el mecanismo más utilizado en el mundo para la captura de peces a gran escala, es tema de discusión en muchos países por sus implicaciones económicas, ambientales y sociales.
¿Vale la pena perpetuar una actividad económica que arrasa con los ecosistemas marinos? ¿Es posible hacer pesca de arrastre sostenible? ¿Qué implicaciones tiene el cese de esta actividad para la economía y el abasto de alimentos? Estos son, a groso modo, algunos de los puntos que discuten científicos y organizaciones de la sociedad civil.
Este tipo de pesca, como su nombre lo indica, consiste en el arrastre de una red sobre el fondo marino, impulsada por una o dos embarcaciones, para capturar lo que encuentra a su paso.
De acuerdo con la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), a nivel mundial la pesca de arrastre representa aproximadamente un cuarto del total de producción de las capturas marinas. En América Latina, la cifra estimada es de 17 %.
Andrés Beita Jiménez, científico pesquero cuantitativo del Marine Institute de la Memorial University of Newfoundland, en Canadá, explica que son varias las razones por las que la actividad de pesca de arrastre representa un riesgo para los ecosistemas marinos.
Al tratarse de redes de pesca no selectivas, en la mayoría de los casos, hay altos volúmenes de pesca incidental (descartes), es decir, de especies marinas que se extraen sin que sean de interés comercial y sin respetar tallas de pesca.
“No distingue las especies que quedan atrapadas ni su estado de crecimiento”, explicó en entrevista con Periodismo Causa Natura.
En 2019, la FAO publicó su tercera evaluación de los descartes mundiales de la pesca marina. El informe estima que alrededor de 9.1 millones de toneladas de pesca incidental se extraen cada año, de las cuales 4.2 millones corresponden a pesca de arrastre.
Aunado a esto, los océanos son grandes reservorios del Dióxido de Carbono (CO2) generado por las actividades humanas. Cuando una red enorme de pesca se arrastra también destruye el fondo marino y libera grandes cantidades de CO2 almacenado, apuntó Beita, situación que empeora el calentamiento global.
Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Una mirada a la regulación internacional
De acuerdo con el Informe de la OCDE sobre la pesca, 26 de sus 35 países miembros utilizan técnicas de pesca de arrastre para la captura de peces y crustáceos.
Las legislaciones locales han apuntado hacia prácticas que permitan reducir el impacto en los ecosistemas marinos de este tipo de técnicas de pesca y, en contados casos, se ha llegado a su prohibición absoluta.
Otra forma de regulación son las certificaciones independientes. Una de las más reconocidas es el estándar del Marine Stewardship Council (MSC), un programa de ecoetiquetado de pesquerías que cumple con los requisitos de mejores prácticas establecidos tanto por la FAO como por la Asociación Mundial para Estándares de Sostenibilidad.
El programa tiene actualmente 218 certificaciones en el mundo, de las cuales 111 corresponden a pesca de arrastre.
En Estados Unidos, las pesquerías de arrastre están reguladas por la Ley de gestión y conservación de la pesca Magnuson-Stevens, que contempla ocho consejos regionales de administración pesquera, un sistema de gestión que busca desarrollar estrategias locales de sostenibilidad.
En Estados Unidos, para el caso de la Pesca de Arrastre, las redes de fondo pueden usarse sólo en áreas que estén designadas, a mínimo 3 millas alejadas de la costa.
En enero de 2020 se extendió en más de 31 mil kilómetros cuadrados una área marina en la costa este de Estados Unidos, en la cual se prohibió por completo la pesca de arrastre, a propuesta de uno de los consejos, el Pacific Fishery Management Council.
El especialista Andrés Beita refirió que tanto Estados Unidos como Canadá han avanzado en la implementación de tecnologías para disminuir la pesca incidental, así como en la generación de datos sobre las pesquerías.
En el caso del pacífico de Canadá, afirmó, la pesca incidental es inferior al 3% por ciento del total del producto que se extrae, a diferencia de otras pesquerías en América Latina, donde en ocasiones supera el 100 %.
Los países nórdicos también han implementado una serie de estrategias para buscar la sostenibilidad de la pesca de arrastre. Por ejemplo, en Dinamarca la Política Pesquera Común tiene restricciones al uso de redes de arrastre en zonas específicas e impone la obligatoriedad de uso de tecnologías y complementos como bolsas de protección o ventanas de salida.
En Nueva Zelanda la Ley local también impone tallas mínimas de capturas, prohíbe aditamentos de redes que dañen el fondo marino y la pesca en áreas restringidas.
En México la pesca de arrastre está permitida, bajo algunas normas. El Reglamento de la Ley de Pesca prohíbe el uso de redes en bahías y esteros, “excepto en aquellos casos que expresamente lo autorice la Secretaría oyendo la opinión del Instituto Nacional de la Pesca”, según se indica en el artículo 33.
La Carta Nacional Pesquera prohíbe el uso de redes de arrastre en algunas Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Refugio Pesquero, como la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano, la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, el Sistema Arrecifal Veracruzano, entre otras.
Foto: Inapesca
Las artes, métodos, sistemas y equipos de pesca, tallas mínimas de captura, porcentajes de pesca incidental son establecidas por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), a través de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca) y el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca).
En Argentina existen Resoluciones que norman la pesca en aguas nacionales, en las cuales se acota las características de las redes a utilizar, tipo de barcos y límites de pesca simultánea.
Venezuela fue el primer país en prohibir por completo esta práctica, tras la aprobación de una nueva Ley de Pesca y Acuacultura, en marzo de 2009. La medida, en su momento, fue aplaudida por ambientalistas y cuestionada por empresarios de la industria.
El segundo país de la región en restringir por completo esta técnica de pesca fue Costa Rica, en 2013, tras una resolución de la Sala Constitucional que dio la razón a ambientalistas, quienes alegaron violaciones a su derecho a un medio ambiente sano.
El caso de este país centroamericano es una excepción en América Latina, pues además de la restricción, estudios posteriores han permitido evaluar la decisión.
Randall Arauz, ambientalista en Costa Rica e investigador de la organización Fins Attached Marine Research and Conservation, con sede en Estados Unidos, contó que la prohibición definitiva de la pesca de arrastre en este país fue un proceso de más de 20 años, de prueba y error.
Tras estancarse en las cortes nacionales, los ambientalistas decidieron llevar la demanda a Estados Unidos, lo que derivó en varios embargos a las importaciones de camarón desde Costa Rica, el más largo fue de dos años.
En 2012, sin poder aún implementar la tecnología, los activistas y académicos decidieron llevar el caso a la Sala Constitucional de Costa Rica, que en 2013 resolvió que la pesca de arrastre atentaba contra el desarrollo sostenible de la nación. La última operación de un barco de arrastre fue en 2019.
En 2020, con base en un estudio técnico propio, el Congreso de Costa Rica resolvió que era viable volver a otorgar permisos para pesca de arrastre. No obstante, tras una serie de críticas por parte de la comunidad científica y ambiental, el entonces presidente Carlos Alvarado Quezada desechó la propuesta.
Arauz, también galardonado con el Premio Ambiental Goldman en 2010, aseguró que los beneficios ya son visibles.
“Solo 2 años después de que terminó la flota pesquera, ya se está reportando 30% más capturas de pargo”, afirmó.
Los pescadores artesanales de Chile y organizaciones de la sociedad civil también impulsan una actualización a la Ley de Pesca y Acuacultura. En una carta enviada al presidente Gabriel Boric, quien recién tomó protesta, los pescadores le pidieron cumplir con promesas inconclusas de gobiernos anteriores.
“Nos prometieron terminar con la pesca de arrastre y aún está vigente, nos prometieron terminar con las perforaciones y los industriales siguen pescando en zona artesanal y nos prometieron plataforma social y seguimos desprotegidos”, dice la misiva firmada por el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp).
¿Buena o mala? Depende del contexto: expertos
Andrés Beita Jiménez refirió que evaluar la sostenibilidad o perjuicio de la pesca de arrastre a nivel global es prácticamente imposible, pues esto depende del contexto de cada país: la existencia de normas y su aplicación adecuada; implementación de tecnologías para reducir la pesca incidental; biodiversidad en las zonas de captura, entre otras cuestiones.
El biólogo aseguró que la información científica es clave para garantizar la sustentabilidad de los mares, pues es uno de los principales déficits, en especial en América Latina.
“Hay pocos datos y pocos especialistas. Llegar al punto de hacer pescas de arrastre sostenibles requiere muchísimo trabajo científico”, agregó.
Randall Arauz, por su parte, aseveró que es posible desarrollar pesca de arrastre minimizando los daños ambientales, pero para ello es necesario que los Estados tengan la capacidad de inspeccionar y hacer cumplir las normas.
“Si los Estados no pueden regular la pesca de arrastre, lo mejor es que no exista”, concluyó.
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