Primera semana de agosto, son las 13:45 y la fila de autos se extiende por más de 200 metros a las afueras del punto de acceso a la playa Balandra, en la Paz, Baja California Sur. Algunos esperan afuera de los vehículos con una sombrilla para tolerar los más de 30 grados centígrados de temperatura.
“Tenemos aquí formados como dos horas; ya una vez vinimos y no nos dejaron pasar, así que mejor nos prevenimos”, dijo Raúl, un residente del poblado de Todos Santos, a 80 kilómetros de La Paz. Lleva a su familia, quienes viajan desde Guadalajara, a conocer ‘la playa más bonita de México’.
A Balandra, decretada como Área de Protección de Flora y Fauna (APFF), solo se podía acceder en dos turnos de tres horas cada uno, con una capacidad máxima de 800 turistas por día.
Foto: Alejandro Castro
Esta restricción de acceso, desde que se puso en marcha, ha provocado la irritabilidad de los turistas, quienes viajan desde otros estados de la república o el extranjero para conocer este oasis de aguas turquesa entre el desierto y el Golfo de California.
“Es una medida para proteger al sitio de los impactos del turismo desmedido”, sostuvo Dilia Meza Castro, encargada de la dirección de la Reserva de la APFF, durante un recorrido con organizaciones de la sociedad civil para implementar mejoras de gestión.
Balandra abarca un total de 2 mil 512 hectáreas, entre la superficie marina y terrestre.
Cuidar cada rincón, con una afluencia de más de 400 mil visitantes anuales, poco personal y un presupuesto raquítico se ha vuelto una odisea para la oficina local de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y las organizaciones de las sociedad civil que trabajan en la zona.
Para 2022, esta Área Natural Protegida (ANP) tuvo una asignación presupuestal de 108 mil pesos de gasto operativo, que comprende el pago de oficinas, mantenimiento de vehículos acuáticos y terrestres, gasolina para vigilancia, entre otras necesidades, es decir, 295 pesos disponibles por día.
La dirección de la Reserva se vale de organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada para completar gastos.
Para las labores de vigilancia se cuenta con seis personas, de manera que solo es posible abarcar un turno laboral y vigilar apenas algunos puntos que se consideran críticos.
La poca capacidad operativa no permite dar entrada a más turistas, refirió Meza Castro. Los turistas, por su parte, se quejan de las formas ‘rudimentarias’, pues afirman que no hay una página siquiera de redes sociales que dé aviso cuando el cupo está a su límite.
Directora Dilia Meza Castro. Foto: Alejandro Castro
Con apoyo de la policía municipal de La Paz y voluntarios, el personal del Área da entrada a los vehículos en los horarios establecidos; a pulmón, gritan las instrucciones para que todos escuchen: no está permitido dejar basura, pescar, dañar las dunas y manglares o introducir fauna invasora, como perros y gatos.
Cuando se acaba el turno, sacar a cada uno de los turistas es otro reto. A las 17:00 horas se cierra el acceso terrestre y los vigilantes concluyen sus labores. Sin embargo, el acceso marítimo, por medio de lanchas o yates, no está sujeto a control de horarios ni capacidad de carga.
.
El desastre que se veía venir
El pasado 21 de agosto las aguas azul claro que distinguen a estas playas se tiñeron de negro, al derramarse combustible por el hundimiento de un Yate Fortius que prestaba servicios turísticos.
Dicha embarcación se hundió en una zona donde están prohibidas las embarcaciones motorizadas, según lo dispuesto en el Programa de Manejo. No obstante, a esa hora, no había vigilancia.
Miguel Rivas, de la organización Oceana, sostuvo que hubo varias faltas notables por parte del capitán de la embarcación: haber entrado, haber jugado con bengalas y el derrame con contaminación.
“Se trata de un deliberado incumplimiento del programa de manejo”, indicó en su momento.
Foto: Alejandro Castro
Asimismo, apuntó que lo ocurrido es consecuencia de la falta de inspección y vigilancia, para lo que se necesitan recursos humanos, técnicos y económicos.
El siniestro provocó el cierre inmediato a los visitantes, debido a los riesgos a la salud, y así se ha mantenido hasta ahora.
Sin embargo, la noticia no pasó desapercibida entre la comunidad ambiental de La Paz, pues a raíz de dicho percance se han organizado al menos tres protestas, para exigir respuestas a las autoridades involucradas.
“Si se pudo prevenir, no fue accidente”, se lee en una de las pancartas de la manifestación del 28 de agosto, una semana después del derrame.
A través de un video publicado en sus redes sociales el 1 de septiembre, la Conanp negó que la contaminación haya representado afectaciones a la fauna e incluso alegó que los parámetros de calidad del agua ya eran óptimos.
La organización Oceana, a través de un comunicado, solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) establecer las sanciones correspondientes de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
El futuro en un hilo
La conservación de Balandra tiene detrás un proceso histórico de lucha. En 2007 el Colectivo Balandra logró sumar a más de 18 mil ciudadanos para solicitar la protección de este sitio, que era por tradición la playa de los locales.
Foto: Alejandro Castro
Este movimiento social generó la inclusión de Balandra en la Lista Ramsar de humedales de importancia internacional y marcó el inició del proceso para volver a esta una área protegida de carácter federal, según se lee en el sitio web del colectivo.
Hoy en día, las principales amenazas para el área natural protegida son la pesca furtiva y el turismo masivo, aunque los intentos de desarrollo inmobiliario también mantienen en alerta a los ambientalistas , dijo Maximimo Pérez, de la Red de Observadores Comunitarios (Roc), una organización que coadyuva en las tareas de monitoreo y vigilancia.
Los proyectos de cruceros marítimos representan otra señal de alarma.
La operación del área protegida está rebasada, coincidieron organizaciones de la sociedad civil durante el recorrido realizado el 17 de agosto, organizado por la asociación civil La Mano del Mono.
Una oficina, caseta de vigilancia, más personal capacitado, equipo de trabajo, así como vehículos terrestres y embarcaciones son algunas de las necesidades prioritarias, reconoció la directora Dilia Meza Castro.
Juntando todas las necesidades, gestionar Balandra de forma idónea, sin carencias de personal ni equipo, tendría un costo anual de 5.5 millones de pesos, de acuerdo con un análisis realizado por La Mano del Mono. Pero actualmente no recibe siquiera el 5% de esos recursos.
La organización actualmente trabaja en una estrategia para volver sostenible financieramente a Balandra, a través de la recaudación de un cobro de entrada a los turistas nacionales e internacionales.
Según el escenario planteado, si cada turista paga 40 pesos y se incrementa la capacidad de carga de 800 a 3 mil diarias (el tope previsto en el Programa de Manejo es de 4 mil 400 personas). Con ello, Balandra alcanzaría una recaudación anual de hasta 12.9 millones de pesos por año.
Para esto se trabaja en un sitio web para comprar los accesos de forma directa, con tarjeta de débito o crédito, sin necesidad de tener que hacer filas.
Esto, señaló Mauricio Martínez, director de La Mano del Mono, ayudaría a tener un flujo de recursos constante para garantizar la operatividad del área y, al mismo tiempo, brindar una mejor experiencia a los visitantes.
‘Si Balandra es nuestra, que nos dejen pasar’
“Balandra parece una playa privada, hace mucho que dejó de ser de los paceños”, alegó Mariana Esquivel, de 48 años, residente de La Paz, al preguntarle su opinión sobre la situación del área protegida.
Foto: Alejandro Castro
Entre los entrevistados se notó un grado de molestia por la gestión de Balandra, pues coincidieron en que no es accesible para los locales.
“Nosotros ya no vamos, no queremos formarnos tres horas, mejor le damos para El Saltito, ya se la dejaron a los gringos”, respondió Manuel Estrada, de 34 años, comerciante del centro de La Paz.
Con respecto al cobro de derecho, tanto Esquivel como Estrada coincidieron en que es positivo imponer una cuota a los turistas extranjeros, pero no así a los locales que deseen ingresar.
“Lo que deberían hacer es darnos facilidades de transporte para ir, no restringirse más”, concluyó Mariana Esquivel.
Comentarios (0)