Especialistas alertan que los proyectos de gas natural licuado emplean territorio e infraestructura en México para transportar gas de Estados Unidos hacia mercados asiáticos. Esta operación en el Golfo de California plantea severos riesgos para los ecosistemas marinos, las rutas migratorias de cetáceos y las actividades de las comunidades costeras.
Durante el conversatorio "El Golfo de California en una encrucijada: industrialización frente a conservación y uso sustentable” realizado el 10 de noviembre en El Colegio Nacional, especialistas en energía, economía, derecho y conservación expusieron las implicaciones de este modelo.
En sus intervenciones señalaron la relación entre la expansión de la infraestructura para exportar gas, la dependencia mexicana de las importaciones estadounidenses y las limitaciones de las evaluaciones ambientales para dimensionar los efectos del conjunto de proyectos.
Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, describió el esquema como una forma de “maquila energética”: México aporta territorio e infraestructura para recibir, transportar y procesar un combustible que proviene de otro país y que tiene como destino a compradores internacionales. La operación, explicó, se desarrolla mientras el sistema energético nacional depende cada vez más del gas importado para generar electricidad y abastecer a la industria.
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México, los contratos de la CFE y su dependencia del gas estadounidense
Adrián Fernández Bremauntz, director de Iniciativa Climática de México, señaló que durante 2025 las importaciones cubrieron 76% de la demanda nacional de gas natural, principalmente mediante suministros provenientes de Estados Unidos. De acuerdo con el Balance Nacional de Energía de 2024 que citó durante su intervención, el sector eléctrico consumió 67% del gas seco utilizado en México.
Esta demanda está relacionada con la expansión de las centrales eléctricas de ciclo combinado, que utilizan gas natural para generar electricidad. Fernández indicó que el país cuenta con 51 centrales de este tipo y que el programa de desarrollo de la CFE contempla incorporar cinco más antes de 2030.
Azamar explicó que la dependencia se ha profundizado durante las últimas dos décadas. Según las cifras que presentó, las importaciones pasaron de 288 millones de pies cúbicos diarios en 2000 a más de 6 mil 400 millones en 2024.
La investigadora relacionó este crecimiento con la expansión de los gasoductos que conectan los yacimientos estadounidenses con el sistema energético mexicano. El desarrollo del fracking en Estados Unidos permitió aumentar la disponibilidad de gas y favoreció la integración de ambos mercados.
La tormenta invernal Uri, ocurrida en Texas en febrero de 2021, mostró los riesgos de este modelo. La interrupción del suministro provocó incrementos en los precios y afectaciones a centrales eléctricas y procesos industriales en México.
Azamar también señaló que el país dispone de almacenamiento de gas equivalente a alrededor de tres días de consumo. Esta capacidad limita el margen de respuesta ante interrupciones prolongadas del suministro.
La participación de la CFE en los proyectos exportadores fue otro de los puntos expuestos por la investigadora. Explicó que la empresa pública interviene en la compra, comercialización y transporte del combustible mediante sus áreas de negocio y la capacidad que tiene contratada en gasoductos operados principalmente por empresas privadas.
Un ejemplo es el acuerdo establecido en 2023 entre la CFE y México Pacific para suministrar durante 20 años alrededor de 40% del gas requerido por Saguaro Energía, la terminal de licuefacción proyectada en Puerto Libertad, Sonora. El combustible provendría de la cuenca Pérmica, en Estados Unidos, y utilizaría capacidad de transporte vinculada con la empresa pública.
Azamar aclaró que la terminal no pertenece a la CFE. La participación de la compañía estatal se encuentra en la cadena de suministro del combustible que será procesado para su exportación.
La investigadora señaló que las condiciones financieras completas del acuerdo no son públicas, por lo que no es posible determinar el beneficio neto para la empresa estatal. En mayo de 2026, el gobierno anunció inversiones por alrededor de 141 mil millones de pesos para ampliar, rehabilitar y mantener gasoductos hasta 2030.
Según Azamar, esta estrategia involucra a la CFE y al Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), y busca garantizar el suministro para nuevas centrales eléctricas y corredores industriales.
Para la investigadora, estos compromisos de largo plazo deben analizarse junto con la disponibilidad de combustible para el consumo nacional y las necesidades de los proyectos de exportación.
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Siete proyectos buscan ampliar la exportación de GNL
Adrián Fernández identificó siete proyectos de gas natural licuado en México, distribuidos en distintas etapas de desarrollo.
Dos cuentan con instalaciones de licuefacción: Energía Costa Azul, de Sempra, en Ensenada, Baja California, y FAS LNG, de New Fortress Energy, frente a la costa de Altamira, Tamaulipas.
Los otros cinco son Saguaro Energía, de México Pacific, en Puerto Libertad, Sonora; Amigo GNL, en Guaymas, Sonora; Gato Negro, de Big River, en Manzanillo, Colima; una terminal proyectada en Coatzacoalcos, Veracruz, por Ursus Energía e Infraestructura, y Bravo LNG.
Fernández explicó que estos proyectos se encuentran en diferentes fases de desarrollo y que, de acuerdo con la información presentada durante el conversatorio, ninguno de los cinco proyectos en etapa de desarrollo había alcanzado la decisión final de inversión.
La ubicación de las terminales responde a una estrategia para conectar los yacimientos estadounidenses con las costas mexicanas. Roberto de la Maza, abogado especializado en derecho ambiental, explicó que el gas procedente de Texas atravesaría ductos en Chihuahua y Sonora hasta llegar a las plantas, donde sería enfriado para convertirlo en líquido y posteriormente embarcado hacia Asia.
De la Maza señaló que las condiciones regulatorias de California han dificultado el establecimiento de terminales de exportación en la costa oeste estadounidense. Fernández precisó que no existe una prohibición formal en ese estado, aunque sus regulaciones ambientales y de seguridad representan obstáculos para construir instalaciones de este tipo.
Para el abogado, la expansión de esta infraestructura debe analizarse a la luz de los objetivos de soberanía, seguridad y autosuficiencia energética establecidos en la legislación mexicana. Cuestionó que el país promueva instalaciones destinadas a exportar gas mientras depende de las importaciones para cubrir buena parte de su propia demanda.
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Evaluaciones ambientales incompletas y sin considerar los impactos regionales
Las consecuencias ecológicas de los proyectos ocuparon las intervenciones de Alejandra Rabasa, abogada y especialista en sostenibilidad, y de Roberto de la Maza. Ambos cuestionaron que las evaluaciones de impacto ambiental analicen las terminales de manera individual, sin integrar los efectos del conjunto de la infraestructura.
Rabasa recordó que el Golfo de California forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2005, con ampliaciones en 2007 y 2011, y que se encuentra en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro desde 2019. También identificó al menos 18 sitios Ramsar en la región, reconocidos por la importancia internacional de sus humedales.
En este contexto, señaló que las manifestaciones de impacto ambiental deben considerar los efectos acumulativos y sinérgicos de los gasoductos, las plantas de licuefacción, las instalaciones de almacenamiento, la logística portuaria y las rutas de navegación.
«Se está evaluando cada proyecto como si estuviera ocurriendo en el vacío», afirmó Rabasa.
La especialista identificó información incompleta sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y la falta de análisis suficientes sobre la compatibilidad de los proyectos con los compromisos climáticos de México y el Acuerdo de París.
También señaló que las evaluaciones deben considerar el tránsito de buques metaneros y sus posibles efectos sobre los mamíferos marinos. Estas embarcaciones pueden atravesar zonas utilizadas por cetáceos para migrar, alimentarse y reproducirse. A ello se suman los riesgos asociados con el ruido submarino, las colisiones y el agua de lastre de los barcos, que puede transportar especies invasoras.
De la Maza coincidió en que las autoridades deben evaluar la cadena completa de infraestructura. Señaló que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece la obligación de considerar los elementos de los ecosistemas que podrían resultar afectados.
El abogado también recordó que el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California identifica como principales vocaciones de la región la conservación, la protección ecológica, la pesca y el turismo. De la Maza contabilizó 25 áreas naturales protegidas federales y sus zonas de influencia en el Golfo.
Por ello, consideró necesario revisar la compatibilidad de los proyectos con los instrumentos de ordenamiento territorial y las declaratorias de protección ambiental.
Rabasa añadió que existen problemas de acceso a la información y participación pública. Entre ellos mencionó documentos técnicos de difícil comprensión, información incompleta y obstáculos para que las comunidades conozcan los proyectos y participen en las decisiones que afectan sus territorios.
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Amparos mantienen en disputa Saguaro Energía y Amigo GNL
La situación jurídica de Saguaro Energía y Amigo GNL fue abordada por Rabasa y Nora Cabrera Velasco, directora de la organización Nuestro Futuro. Ambas expusieron los procedimientos judiciales promovidos por organizaciones y comunidades contra las autorizaciones ambientales y los posibles efectos de los proyectos.
Sobre Saguaro Energía, Rabasa cuestionó los cambios realizados a sus permisos.
Explicó que en 2006 se autorizó una instalación de regasificación, destinada a recibir gas natural licuado para convertirlo nuevamente en gas. En 2018, la autorización se modificó para permitir una planta de licuefacción, cuya función es transformar el gas en líquido para exportarlo.
La especialista sostuvo que el cambio se aprobó sin una nueva evaluación de impacto ambiental que analizara las diferencias entre ambas actividades.
Cabrera explicó que existe una suspensión definitiva que impide el tránsito de buques metaneros vinculados con Saguaro y el inicio de su construcción mientras se resuelve el juicio correspondiente. La resolución se encontraba en proceso de impugnación, según expuso.
La abogada también explicó que la estrategia jurídica de Nuestro Futuro, denominada «Las ballenas demandan», busca utilizar herramientas legales para defender los derechos de los ecosistemas y las especies que habitan el Golfo de California.
En el caso de Amigo GNL, Cabrera señaló que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) emitió la autorización ambiental el 13 de abril de 2026. Durante uno de los procedimientos judiciales, relató, la autoridad informó bajo protesta de decir verdad que la evaluación seguía en curso. Posteriormente, las organizaciones conocieron la existencia de la autorización.
La abogada indicó que los tribunales concedieron medidas para impedir que esa autorización tuviera efectos habilitantes para iniciar la construcción. Las resoluciones fueron impugnadas por la empresa y las autoridades.
Ambos casos mantienen abiertos procedimientos judiciales relacionados con las autorizaciones y los posibles impactos ambientales. Las medidas concedidas tienen carácter provisional y su alcance depende de las resoluciones que emitan los tribunales.
Conservación una de las alternativas económicas para la región
Carlos de la Parra, especialista en políticas del agua y restauración ecológica transfronteriza, director del Centro Luken y presidente de Restauremos el Colorado, propuso analizar de manera conjunta la cuenca y el delta del río Colorado con el Golfo de California.
Durante su intervención planteó que la gestión de la región debe integrar la restauración ambiental, el agua, la agricultura, la pesca y el bienestar de las comunidades. De la Parra advirtió sobre el costo de oportunidad de orientar el territorio hacia actividades extractivas y destacó la necesidad de construir alternativas económicas para las poblaciones que dependen de los ecosistemas del Golfo.
Por su parte, Alejandro Robles recordó el antecedente del proyecto de una salinera en San Ignacio, que finalmente no se concretó, y planteó que existen espacios naturales donde determinadas actividades industriales no son compatibles con sus características ecológicas.
En el cierre del conversatorio, Julia Carabias Lillo, moderadora del encuentro, consideró necesaria una intervención del Ejecutivo federal para revisar las implicaciones ambientales, económicas y jurídicas de los proyectos. Señaló que la discusión debe centrarse en la integridad del ecosistema y la responsabilidad pública frente a un patrimonio natural de importancia internacional.
La segunda parte de la discusión, anunciada por Carabias para el 10 de febrero, estará dedicada a las alternativas de desarrollo para la región y a la relación entre conservación, economía y bienestar de las comunidades que dependen del Golfo de California.
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