Más de 3,734 acciones colectivas, entre denuncias públicas, asambleas, solicitudes de información, marchas, amparos y redes de acompañamiento forman parte de las estrategias que comunidades, organizaciones sociales y colectivos han impulsado para defender los territorios frente a proyectos extractivos e inmobiliarios en México. Así lo documenta en un informe el Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Como parte de su segundo informe, en el que amplía una investigación publicada en 2021 sobre proyectos extractivos, afectaciones sociales y ambientales, el OCSA registró que entre 2017 y 2024 el 58.59 % de los proyectos que debían someterse a consulta pública no lo hicieron. Ante esta omisión las comunidades se han tenido que articular en defensa del territorio mediante litigios, asambleas y redes de organización.
Para la doctora Paola Lili García Alanís, integrante del observatorio, estas acciones reflejan la capacidad organizativa de las poblaciones frente a un sistema desigual.
"Lo que quisimos es enmarcarlo en esta serie de mecanismos para dar cuenta de cómo se articulan y actúan en conjunto”, dice García Alanís.
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Las acciones colectivas y la defensa del territorio
La organización y la articulación entre comunidades son elementos que García Alanís destaca al analizar las estrategias de defensa territorial.
“Lo que hemos visto es que funcionan cuando se sostienen en el tiempo”, señala y explica que estas respuestas suelen construirse mediante alianzas.
“Rara vez es a través de grupos aislados, sino que vienen redes que combinan distintos tipos de alianzas”.
Y es que en el informe, el equipo documentó cuatro mecanismos utilizados para el despojo: legales, institucionales, coercitivos y socioeconómicos. Los mecanismos legales comprenden los instrumentos jurídicos que facilitan la implementación de proyectos; los institucionales, los procedimientos burocráticos y las actuaciones de funcionarios; los coercitivos, el uso de la fuerza y la violencia contra las comunidades; y los socioeconómicos, las prácticas que buscan conseguir la aceptación de los proyectos o modificar las formas de organización comunitaria.
Frente a esos mecanismos, las comunidades han encontrado distintas formas organizativas. El caso de la planta de cianuro de sodio de Chemours Company, que se pretendía construir en 2017 en Gómez Palacio, Durango, muestra cómo se combinaron distintas herramientas. Representantes de 22 comunidades conformaron el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio. La organización recurrió a bloqueos, un plantón permanente, denuncias públicas y litigio.
En abril de 2018 obtuvo una suspensión mediante amparo y, en diciembre de 2020, se anuló la autorización ambiental tras acreditarse inconsistencias e información incompleta y falsa en la manifestación de impacto ambiental.
En Huayacocotla, Veracruz, pueblos otomíes, nahuas y tepehuas organizaron asambleas y acuerdos ejidales para rechazar las actividades de exploración de la empresa La Victoria Exploración. En 2024, la comunidad de Tzocohuite obtuvo una suspensión definitiva que impide realizar obras en el territorio, con acompañamiento de clínicas jurídicas del Sistema Universitario Jesuita.
En Juan C. Bonilla, Puebla, habitantes de 20 pueblos nahuas se organizaron frente a la extracción de agua de la planta embotelladora Bonafont. En 2021 ocuparon las instalaciones y las transformaron en Altepelmecalli, “La Casa de los Pueblos”, un espacio destinado a asambleas, talleres, radio autónoma y proyectos agroecológicos. El campamento fue desalojado en febrero de 2022.
Los tres casos documentan distintas estrategias: la impugnación de autorizaciones, los acuerdos entre comunidades y la creación de espacios autónomos de organización. En conjunto, permiten observar cómo la defensa territorial combina acciones jurídicas, movilización y formas comunitarias de organización.
Los mecanismos que intervienen en los conflictos
García destaca que uno de los patrones que identificaron es la ausencia sistemática de la consulta libre, previa e informada, concebida como una herramienta para proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Según los datos expuestos por la investigadora, de 227 proyectos que debían someterse a consulta indígena en 133 de ellos no se encontró un registro de ese proceso, se trata del 58.59 %. Entre las 94 consultas registradas el informe identifica 84 que, de acuerdo con su análisis, sirvieron para legitimar el despojo.
También señala problemas en el uso de las evaluaciones de impacto ambiental. Estos instrumentos deben aportar información sobre las consecuencias de una obra y permitir valorar sus efectos.
En los casos revisados por el OCSA, las comunidades han cuestionado evaluaciones que consideran incompletas o insuficientes.
Los mecanismos socioeconómicos también intervienen en la relación entre las empresas y las comunidades. García menciona proyectos eólicos en Oaxaca en los que se ofrecen pagos por ocupar terrenos ejidales. Según explica, estos acuerdos pueden generar beneficios desiguales, tensiones internas y cambios en las relaciones comunitarias.
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El territorio más allá de la obra
El OCSA documentó 1,139 proyectos extractivos en los 32 estados del país mediante la revisión de 4,667 notas periodísticas publicadas entre 2017 y 2024.
La hiperurbanización representa una proporción importante del registro: incluye desarrollos inmobiliarios, plazas comerciales y otras transformaciones del espacio urbano.
El estudio identificó 298 proyectos con afectaciones al agua y 327 con afectaciones a la biodiversidad. Los impactos abarcan cambios en los usos del suelo, alteraciones de ecosistemas y afectaciones a actividades productivas que dependen de los recursos naturales.
García explica que un megaproyecto transforma el territorio mediante la obra principal y la infraestructura que requiere. Carreteras, gasoductos y otras instalaciones pueden modificar caminos utilizados durante décadas, fragmentar selvas y humedales y cambiar las actividades cotidianas de las comunidades.
“Un megaproyecto no solo ocupa el terreno, sino que reorganiza todo el territorio”, afirma.
El informe registra 202 proyectos con afectaciones al suelo y 96 con impactos en el patrimonio biocultural. Este último comprende lugares sagrados, conocimientos y prácticas vinculados con los paisajes y la vida comunitaria.
En materia de medios de vida, el estudio documenta afectaciones a actividades como la agricultura y la pesca. García también menciona proyectos relacionados con el cultivo de berries y el uso de insecticidas que afectan la producción apícola en zonas de Yucatán.
Mientras que en las costas, los cambios ambientales y la infraestructura pueden modificar las condiciones de las que dependen las comunidades pesqueras. La transformación del territorio también puede generar desplazamiento.
Las comunidades que dependen directamente de la pesca pueden verse obligadas a cambiar de oficio cuando se deterioran sus condiciones de trabajo, dice García.
En otros lugares, las zonas habitadas se convierten en áreas industriales o turísticas, con consecuencias para quienes han vivido allí durante generaciones.
Los riesgos para quienes defienden el territorio
El informe también documenta asesinatos, desapariciones y otras formas de violencia vinculadas con los conflictos extractivos. García menciona más de 103 asesinatos, 24 desapariciones y cuatro ejecuciones extrajudiciales registrados por el Observatorio entre 2017 y 2024.
La violencia aparece relacionada con otros mecanismos que intervienen en los conflictos, entre ellos la criminalización y la represión de la protesta. Para el OCSA, analizar estas prácticas permite observar cómo se articulan las decisiones institucionales, los instrumentos legales y las acciones coercitivas en los territorios.
El informe se construyó principalmente a partir de fuentes periodísticas. Esta metodología deja fuera conflictos que no llegan a la prensa, en particular los que ocurren en comunidades rurales e indígenas con menor cobertura mediática y donde el ejercicio periodístico enfrenta mayores riesgos.
“Lo que no llega a los medios, entonces no queda en nuestro observatorio”, explica la doctora García Alanís.
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A esta limitación se suma la falta de información oficial. La investigadora señala que no existe un registro público de personas defensoras asesinadas ni de desplazamientos vinculados con proyectos extractivos. Para completar los registros periodísticos, el equipo recurrió a informes de la Auditoría Superior de la Federación y a solicitudes de información. García Alanís subraya que el alcance de la investigación debe entenderse a partir de esas limitaciones.
“Nuestro informe presenta un piso, un punto de partida que debe complementarse con otro tipo de investigaciones”, indica.
La falta de información también tiene consecuencias para quienes defienden sus territorios. “Esta falta de información, esta falta de acceso a la información, pues no tiene un origen neutral”, sostiene García Alanís.
A su juicio, esa ausencia contribuye a invisibilizar a las personas que sostienen la defensa en las comunidades. “En primera línea lo que hacen es la defensa de la vida”, afirma la investigadora.
Con este informe, el OCSA busca hacer visibles las experiencias de quienes enfrentan proyectos extractivos y las condiciones en que defienden sus territorios.
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