El Gobierno de Baja California Sur sostuvo que se trataba de un antiguo campamento pesquero y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) anunció un proyecto para mejorar este tipo de asentamientos, pero arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) concluyeron que la intervención provocó daños a un sitio arqueológico protegido.
El caso ocurrió dentro de una de las áreas con mayor riqueza arqueológica de Baja California Sur.
El Programa de Manejo del Complejo Insular Espíritu Santo registra 127 sitios arqueológicos, además de reconocer la existencia de aproximadamente 36 parajes pesqueros, de los cuales 20 cuentan con infraestructura básica. Entre sus objetivos establece la preservación del patrimonio histórico y cultural del complejo.
Gobernador defiende que no es un complejo turístico
Las primeras alertas surgieron cuando ciudadanos denunciaron la construcción de una cabaña dentro del Complejo Insular Espíritu Santo y cuestionaron si la intervención cumplía con la normatividad ambiental y de protección al patrimonio arqueológico.
Al ser cuestionado sobre la construcción de la cabaña, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío aseguró que no se trataba de un desarrollo turístico, sino de un campamento pesquero con más de 40 años de antigüedad utilizado por integrantes de una cooperativa.
“Ese campamento tiene años, ya está impactado. ¿Qué andan pidiéndoles? Es como pedirles a los que viven en La Partida un impacto ambiental. Son los mismos, sólo que él invirtió en la cabaña; la diferencia es que no se la hizo el gobierno. Si ellos tuvieran dinero, también habrían construido una cabaña igual”, dijo.
El mandatario afirmó que la estructura era rústica, construida con madera y palma para el resguardo de pescadores y sus herramientas, y sostuvo que no requería una Manifestación de Impacto Ambiental porque no correspondía a un desarrollo inmobiliario.
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El proyecto para mejorar los campamentos
Mientras la discusión pública sobre la cabaña avanzaba, la CONANP difundió un video para anunciar un proyecto dirigido a los campamentos pesqueros de Espíritu Santo y La Partida.
En ese material, el director regional de la dependencia, Benito Bermúdez, explicó que la iniciativa buscaba mejorar las condiciones de los espacios donde los pescadores permanecen durante sus jornadas de trabajo.
“Consiste en mejorar las condiciones de la casa habitación en donde ellos pernoctan, ubicadas en un territorio de playa, que el Programa de Manejo permite la instalación de dichos campamentos pesqueros para que puedan tener un espacio de almacén, un espacio de alimentación, un espacio de descanso y un espacio de trabajo con ecotecnologías que garanticen el uso adecuado del agua y sus desechos”.
El propio video incluyó testimonios de pescadores que respaldaban la iniciativa.
“Tengo 40 años trabajando aquí. Nuestras cabañas están en malas condiciones y aquí nos vino a ofrecer apoyo la CONANP para que el proyecto que traen en mano se lleve a cabo”, señaló Jesús Juárez Lucero.
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La denuncia ciudadana
Mientras el Gobierno estatal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas defendían la permanencia de los campamentos pesqueros, el INAH recibió una denuncia ciudadana por una presunta afectación al patrimonio arqueológico.
El delegado del instituto en Baja California Sur, Alfredo Feria Cuevas, explicó en entrevista con CN Media que, tras recibir el reporte, arqueólogos acudieron al sitio para elaborar un dictamen técnico.
“Mandamos a varios arqueólogos a hacer el dictamen del daño. Ellos hacen el dictamen técnico e identifican que sí hubo daño al sitio arqueológico. Entonces, con base a eso, nosotros tenemos que proceder como marca la ley”, dijo.
Con ese dictamen, el INAH presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
“Ellos tienen sus tiempos... ya fueron a la oficina a entrevistarnos y seguramente lo van a hacer con la gente involucrada”, explicó.
Lo que establece el INAH
Durante la misma entrevista, Feria Cuevas explicó que cuando una obra se proyecta en un sitio donde puede existir patrimonio arqueológico, el promovente debe solicitar la intervención del instituto.
Detalló que especialistas realizan sondeos y registros arqueológicos, cuyos costos son cubiertos por quien promueve la obra, antes de que el Centro INAH determine si puede autorizarse.
“El promovente tiene que pagar esa investigación porque eso marca la ley. Se hace la investigación, se hacen los sondeos, se reporta al Centro de México y se autoriza. Nada más rescatamos el registro y se libera”, contó.
Añadió que incluso cuando aparecen entierros humanos o vestigios arqueológicos, el instituto realiza el rescate correspondiente y, cuando es viable, la construcción puede continuar.
“Cada vez que vayan a hacer una obra, aun en esos sitios, que nos avisen para poder ir a rescatar lo que se pueda y que continúen con su trabajo”.
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Del respaldo institucional a una investigación federal
La denuncia presentada por el INAH colocó el caso en un escenario distinto al planteado inicialmente por las autoridades estatales. Mientras el Gobierno de Baja California Sur defendió públicamente la construcción como parte de un antiguo campamento pesquero y la CONANP promovía un proyecto para mejorar este tipo de asentamientos, el dictamen elaborado por arqueólogos del INAH concluyó que la intervención ocasionó daños a un sitio arqueológico, dando origen a una investigación de la Fiscalía General de la República.
La carpeta de investigación abierta por la FGR deberá establecer si la obra cumplió con el procedimiento de evaluación arqueológica que el propio INAH señala como requisito para este tipo de intervenciones y deslindar, en su caso, las responsabilidades que correspondan por una construcción que fue respaldada públicamente por autoridades y posteriormente denunciada por daños al patrimonio arqueológico.
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