“El proyecto no está muerto”: Organizaciones entregan a Semarnat más de 19 mil firmas en defensa de El Saltito

Organizaciones y colectivos ciudadanos alertaron que el desistimiento del trámite forestal en El Saltito representa un freno, pero no una protección definitiva, pues permanecen vigentes autorizaciones ambientales.
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Foto: Rocío Casas

El desistimiento de dos trámites relacionados con el desarrollo turístico de El Saltito, en La Paz, Baja California Sur, frenó, por ahora, el procedimiento para desmontar más de 109 hectáreas de vegetación, pero no terminó con la posibilidad de que se lleven a cabo proyectos inmobiliarios en esta zona costera.

Organizaciones y colectivos ciudadanos advirtieron, este 10 de agosto en conferencia de prensa, que permanecen vigentes autorizaciones ambientales correspondientes a proyectos que, de acuerdo con sus estimaciones, abarcan en conjunto alrededor de 1,500 hectáreas entre El Saltito y terrenos colindantes.

Durante un acto frente a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Baja California Sur, la coalición entregó un oficio con 19 mil 956 firmas ciudadanas y un listado de especies documentadas en la zona que se verían afectadas.

El mensaje de las organizaciones fue que el desistimiento representa un freno, pero no una protección definitiva.

No es una cancelación ni una negativa por parte de la autoridad. Un desistimiento quiere decir que el promovente retiró, por ahora y en este momento, esta revisión ante Semarnat del desmonte de más de 110 hectáreas”, explicó Gabriela Ramírez, de Cómo Vamos La Paz.

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Foto: Rocío Casas

 

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El proyecto puede regresar

La controversia más reciente se originó por el procedimiento El Saltito Segunda Etapa, identificado con la bitácora 03/DS-0011/03/26, mediante el cual se solicitó a Semarnat un Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) sobre 109.622 hectáreas.

El promovente fue Banco Ve Por Más, S.A., en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso 1157.

La solicitud estaba relacionada con un desarrollo que contemplaba lotes residenciales, un campo de golf, cuerpos de agua artificiales, vialidades e infraestructura turística, además de un hotel con club de playa.

Aunque el procedimiento para el cambio de uso de suelo fue retirado, Gabriela Ramírez explicó que el riesgo no desaparece porque, según la información presentada por las organizaciones, permanecen otras autorizaciones ambientales y el suelo continúa en manos del promovente.

“El suelo sigue en manos del promovente con autorizaciones. ¿Qué quiere decir? Que puede volver a meter este cambio de uso de suelo en cualquier momento, cuando decida, porque las autorizaciones ambientales siguen vigentes”.

La integrante de Cómo Vamos La Paz señaló que permanece vigente una autorización ambiental correspondiente a un proyecto de 709 hectáreas, además de otra de 752 hectáreas denominada Azul de Cortés y un tercer proyecto colindante, Boca del Saltito 4, de 47 hectáreas.

“Es importante celebrar que, por ahora, El Saltito sigue siendo nuestro; sin embargo, el proyecto no está muerto, sigue vigente y tiene autorización ambiental de 1,500 hectáreas”, sostuvo Ramírez.

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Ciencia ciudadana documenta 86 especies

Uno de los argumentos de la defensa de El Saltito ha sido su biodiversidad.

El 2 de agosto, alrededor de 50 personas participaron en una caminata de observación organizada por la coalición y guías naturalistas. Durante aproximadamente tres horas registraron 41 especies de flora y fauna, pese a que el ejercicio se realizó antes de la temporada de lluvias.

Los registros se sumaron a un acervo público que, de acuerdo con las organizaciones, documenta actualmente 86 especies en la zona mediante plataformas abiertas de ciencia ciudadana.

Jacqueline Valenzuela, directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, explicó que la documentación busca establecer una línea base sobre las condiciones del ecosistema antes de cualquier intervención.

“La documentación previa nos permite tener una línea base para mostrar cuál ha sido el valor ecosistémico y también social de un territorio que está en peligro, porque no hay vuelta atrás una vez que un territorio es deforestado; no hay vuelta atrás una vez que un territorio es intervenido”.

La información adquiere relevancia porque la solicitud de cambio de uso de suelo contemplaba la remoción de vegetación desértica en más de 109 hectáreas, con miles de ejemplares de especies características del matorral sarcocaule.

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Foto: Rocío Casas

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“¿Para quién se está desarrollando La Paz?”

Para los colectivos, el caso de El Saltito trasciende la discusión sobre un solo desarrollo y plantea cuestionamientos sobre el modelo de crecimiento turístico e inmobiliario de La Paz.

Carlos Mancilla, integrante de BCSicletos, señaló que los desarrollos de gran escala incrementan la demanda de servicios en una ciudad que ya enfrenta presiones sobre recursos básicos.

“Los proyectos autorizados como el de El Saltito, históricamente, implican más demanda de agua, energía y servicios en un territorio donde esas necesidades ya existen para la población actual y siguen sin solucionarse”.

Mancilla planteó que el desistimiento debe ser entendido dentro de una discusión más amplia sobre quién recibe los beneficios y quién absorbe los costos del crecimiento inmobiliario.

“La pregunta de fondo no es cuánto desarrollo cabe en La Paz, sino qué desarrollo necesitamos y para quién. Una ciudad que crece expulsando a su propia gente no es más próspera, es simplemente una ciudad desigual e injusta”.

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Foto: Rocío Casas

Cerca de 20 mil firmas y nuevas exigencias a Semarnat

Durante el acto, Adrián Trasviña, de Vigilantes Peninsulares, leyó el oficio entregado a Semarnat, acompañado de cerca de 20 mil firmas ciudadanas y el listado de especies documentadas en El Saltito.

La principal petición a la autoridad federal es modificar la forma en que se analizan los proyectos en esta zona. En lugar de revisar cada desarrollo por separado, solicitan considerar los impactos acumulados sobre un mismo territorio.

“Hacemos un llamado a los tres órdenes de gobierno; a la Semarnat, que evalúe los proyectos de la zona por sus impactos acumulados y no en pedazos; que esa protección sea permanente, sin importar quién gobierne, y que revise hoy los permisos otorgados hace más de 15 años”, pidió.

Escrito por

Rocío Casas

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