El agua fluye con fuerza en el río El Corte de Santa María Chimalapa, Oaxaca. La corriente es continúa y rápida en la parte más ancha. A la orilla, sobre las piedras que ha ido dejando al descubierto, está plantado el comunero Alejandro López, molesto por el uso industrial que el gobierno federal pretende darle a esa cuenca que nace en la selva de Chimalapa para abastecer un parque industrial en Coatzacoalcos, Veracruz.
En esta zona montañosa ubicada en el oriente del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, viven los indígenas zoques (autodenominados angpøn, los que hablan la lengua) que ahora enfrentan una doble presión: la construcción del acueducto La Cangrejera- Coatzacoalcos que podría afectar el caudal de su río y por otro lado las corporaciones, los caciques y el crimen organizado.
“Este es el río que nos mantiene y nos da vida. Es el que irá hasta ese acueducto la Cangrejera-Coatzacoalcos. La Conagua pretende beneficiarse, sin que haya consultas o acuerdos con nosotros”, sostiene el comunero zoque, desde un paraje ubicado entre Chimalapilla y Pinal de la selva zoque.
El afluente es motivo de un conflicto legal desde agosto de este año. La comunidad interpuso un amparo ante el Poder Judicial de la Federación contra el acueducto La Cangrejera-Coatzacoalcos, alegando la falta de consulta indígena sobre el uso de la cuenca, afluente del río Uxpanapa, que nace y se nutre en la selva de Chimalapa, violentando así su derecho a una consulta previa, libre e informada.
El foco de la controversia
La Cangrejera-Coatzacoalcos es una obra de infraestructura hídrica en construcción a cargo de Grupo Impulsor Pajeme SA de CV Planeación y Sistemas de Control SA de CV.
El proyecto impulsado por el Gobierno de México se ubica en la localidad de La Verónica, también conocida como “Entrada a la Cangrejera Dos”, en el municipio de Coatzacoalcos, a una distancia de unos 272 a 274 kilómetros de Santa María Chimalapa, Oaxaca.
El gobierno federal prevé llevar 1,350 metros cúbicos por segundo desde la presa “La Cangrejera”, hasta el punto llamado “La Verónica”. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) indica en su apartado “Naturaleza del proyecto” que el objetivo es garantizar el crecimiento industrial en esa zona, donde se instalará el polo industrial Coatzacoalcos I que forma parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y donde también operan los complejos petroleros y refinerías Morelos, Pajaritos, Coatzacoalcos, La cangrejera y 15 industrias privadas.
La evaluación sobre el impacto en la población queda en segundo término en la MIA. Solo contempla estadísticas menores sobre el crecimiento de la población y las 10 principales lenguas habladas en Coatzacoalcos, no considera los impactos posibles a partir de los cambios que se presentarían en la zona como efecto del proyecto, ni las condiciones que influyen en el bienestar de la gente en el área del proyecto u otras áreas de influencia. Tampoco incluye la posibilidad de una consulta pública.
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Advierten presión sobre recursos hídricos y la biodiversidad
Sobre el mismo paraje de Santa María Chimalapa está el presidente de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa, Jesús Esteva González, acompañando al comunero Alejandro López.
El líder comunal explica que en agosto de 2026 presentaron el amparo 583/2026. Después de la audiencia incidental, en septiembre del mismo año, un juez federal ordenó a la Conagua la suspensión definitiva de los trabajos de construcción del acueducto. Sin embargo, este resolutivo solo es una medida cautelar, aunque ordena detener la ejecución de un acto reclamado, es solo mientras se resuelve el fondo del juicio. De hecho, la obra continua y registra cerca del 40 por ciento de avance, según reportes oficiales.
Debido a que la Conagua niega lo que se está reclamando, en el mes de octubre la comunidad presentó un escrito ante el juez federal en el que proponen realizar trabajos periciales. “Queremos que se hagan las inspecciones en la zona del río Uxpanapa”, reclama el líder zoque.
Destaca que Santa María Chimalapa es una de las comunidades con mayores recursos naturales y prueba de ello, apunta, es el río que fluye frente a él. Advierte que el acueducto promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por medio de la Conagua, busca extraer agua para uso industrial y podría presionar el caudal y afectar el equilibrio ecológico de la selva zoque.
“Este río se ha mantenido gracias al cuidado que se le ha dado a través de los habitantes”, dice. Y adelanta que a la par de las acciones legales, Santa María Chimalapa organizará un movimiento social para llamar la atención del gobierno federal. “Desafortunadamente no hemos tenido la atención ni del gobierno federal ni de las instancias involucradas en este proyecto”.
La organización Geo Comunes afirma que la defensa del agua en Chimalapa se enmarca en un contexto de álgidas amenazas a los territorios, múltiples arbitrariedades agrarias.
Por lo que el proyecto del acueducto constituye parte de toda una lógica de despojo a los bienes comunales que se despliega en todo Chimalapa e incluso la región istmeña, donde las comunidades y colectivos han empezado a organizarse ante el avance de nuevas obras hidráulicas y energéticas vinculadas a los polos industriales.
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Ni información ni consulta
En junio de este año, la comunidad se enteró por las redes sociales de la construcción de dicho acueducto. “Hasta ahora no han recibido información”, comenta Roselia Luis Lorenzo y Julián López López, comunera y técnico forestal de la región.
“Hemos sido ignorados como población indígena, como poseedores y cuidadores de la biodiversidad”, sostienen.
Julián advierte que la sobreexplotación podría alterar el ciclo del agua y reflejarse también a nivel regional e incluso nacional. Un afluente, explica, no es solo una corriente aislada, sino una arteria vital dentro de una cuenca hidrológica; cuando se extrae más agua de la que el sistema puede reponer de forma natural, se rompe el equilibrio del ciclo.
“Al final de cuentas es un impacto negativo, lo estamos sintiendo ahora mismo, el cambio climático es básicamente eso, la sobreexplotación de los recursos, en este caso el agua”.
El comunero relata que hace siete años, cuando el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo las consultas sobre los proyectos federales, el personal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) llegó a la comunidad y le aseguró que no habría impacto para la región. “Sin embargo, el acueducto es el reflejo de esos proyectos de desarrollo”, indica.
En el mismo sentido, la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle dijo públicamente que ese acueducto no afectaría a Santa María Chimalapa porque se encuentra muy lejos. Julián asegura que sí. “Este tipo de obras están asociados a la sobreexplotación, incluso podría dejar un impacto mayor para quienes viven en la parte baja", comenta.
Además, señala, podría haber un impacto en la gran biodiversidad de Santa María Chimalapa, que alberga en su territorio especies que se diversificaron en el Jurásico, es decir entre 201 y 145 millones de años, le llaman “fósiles vivientes”, tal como documentaron investigadores de la Sociedad para el Estudio de los Recursos Bióticos de Oaxaca, A.C. (SERBO).
Hasta ahora, no saben si el gobierno federal consideró un estudio hidrológico sobre el caudal del río. Pero tienen claro que si las industrias van a obtener ganancias, la comunidad también debería beneficiarse.
“En tiempos atrás no sabíamos lo que pretendían hacer, pero ahora ya sabemos. Creo que es el momento de hacer conciencia, son personas de entendimiento, deben de razonar, ya es el momento de que a Santa María le toque algo para que pueda sostenerse y cuidar su medio ambiente”, reprocha el comunero Alejandro López.
En su comunidad hacen falta doctores, medicamentos, escuelas y suceden muchas cosas, pero hay un gran problema que los gobiernos y diputados no quieren ver, dice. “¡Deben ver lo qué está pasando con nuestro territorio!”, exclama.
La batalla por el territorio comunal
Durante décadas, los zoques han protegido sus tierras comunales. En los 70 lograron expulsar a empresas madereras que se habían instalado en la región. Sin embargo hoy, además del acueducto, enfrentan la presión de un conflicto por límites territoriales que derivó en una controversia constitucional en el que la Corte resolvió a su favor en el año 2021.
Pese a ello, durante este 2026, el Tribunal Superior Agrario determinó que la comunidad debe aceptar dos núcleos agrarios chiapanecos: General Rafael Cal y Mayor y Canaán, como ejidos dentro de su territorio.
Pero hay un tema que le preocupa aún más, la inseguridad derivada de acciones caciquiles y del crimen organizado. El presidente del Comisariado cuenta que hace unas semanas, los comuneros estaban dispuestos a llegar hasta la zona oriente, donde está el conflicto, pero rectificaron. De ese lado, un agente municipal y una secretaria auxiliar están pendientes de lo que sucede, les reportan todos los días. “No duermen en su casa, están en el monte por temor al crimen organizado. Está caliente el tema ahí”, continúa.
El líder agrario tiene la mente a mil por hora, no para de darle vueltas al problema en esa parte del territorio zoque. “Ahí el asunto es por los recursos naturales, la madera. Entran y salen de nuestro territorio como si fueran dueños”.
—¿Qué respuesta les da el gobierno del estado?
—Dice que sí, que ya se van hoy, que ya se van al rato, que ya se van, pero no terminan de llegar”.
Esteva reitera que el planteamiento de la asamblea es hacer un movimiento social, conjunto con Uxpanapa, o en el último de los casos, cerrarle la llave de paso a los proyectos del gobierno federal.
“Nosotros los indios zoques hemos tenido paciencia, pero queremos una solución a lo que sucede en la zona colindante con Chiapas. Ha habido intentos de levantamientos, de derrame de sangre”, lamenta Alejandro López, quien camina cuesta arriba, por ahora, dejando por atrás el río.
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