A cinco días de que líderes mundiales se reúnan en Antalya, Turquía, para participar en la COP31, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advirtió que el financiamiento internacional destinado a la adaptación al cambio climático se encuentra muy por debajo de las necesidades de los países en desarrollo.
El organismo estima que, incluso si se cumple el objetivo de triplicar estos recursos hacia 2035, alcanzarían para cubrir entre 20 y 29 por ciento del financiamiento requerido.
La advertencia forma parte del Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026: Ready? Not., publicado el pasado 4 de noviembre. El documento calcula que 155 países en desarrollo necesitarán entre 255 mil y 328 mil millones de dólares anuales durante la próxima década para financiar medidas de adaptación. La estimación central se sitúa en alrededor de 305 mil millones de dólares anuales hacia 2035.
El cálculo se basa en las necesidades identificadas en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y los planes nacionales de adaptación (NAP). El PNUMA señala que estas estimaciones excluyen en gran medida las necesidades del sector privado, cuya incorporación podría casi duplicar los requerimientos totales de financiamiento. El organismo resume el problema en una frase: “Los impactos climáticos se están acelerando, pero las acciones de adaptación no avanzan al mismo ritmo”.
El informe identifica tres dimensiones de esta brecha: la insuficiencia de recursos para adaptación, las condiciones institucionales que limitan la implementación de medidas y el aumento de las pérdidas y los daños asociados con los impactos climáticos.
El financiamiento internacional para la adaptación permite que los países en desarrollo preparen sus territorios, economías y servicios públicos frente a los efectos del cambio climático, como desarrollar infraestructura resistente a inundaciones y ciclones, mejorar los sistemas de abastecimiento de agua, proteger la producción agrícola ante sequías y lluvias extremas, fortalecer los sistemas de alerta temprana y reducir los riesgos para las comunidades expuestas a olas de calor y otros fenómenos climáticos.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el financiamiento para adaptación proporcionado y movilizado por países desarrollados pasó de 10 mil 100 millones de dólares en 2016 a 13 mil 300 millones en 2017, 17 mil millones en 2018, 20 mil 300 millones en 2019, 28 mil 600 millones en 2020 y 24 mil 600 millones en 2021, hasta alcanzar 32 mil 400 millones en 2022. Esta última cifra incluye recursos públicos y financiamiento privado movilizado.
El PNUMA utiliza una medición más específica para los flujos públicos internacionales de adaptación: estima que los recursos transferidos de países desarrollados a países en desarrollo aumentaron de 22 mil millones de dólares en 2021 a 28 mil millones en 2022.
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El financiamiento internacional crece lentamente
Los flujos de financiamiento público internacional para adaptación, provenientes de países desarrollados hacia países en desarrollo, alcanzaron entre 28 mil 200 y 31 mil 700 millones de dólares en 2024. El incremento respecto a 2023 fue de apenas mil millones de dólares, de acuerdo con el informe.
El crecimiento se mantiene por debajo del ritmo necesario para cumplir el objetivo del Pacto Climático de Glasgow, que plantea alcanzar aproximadamente 40 mil millones de dólares anuales para 2025, el doble del nivel registrado en 2019.
El PNUMA calcula que triplicar los flujos actuales permitiría movilizar entre 85 mil y 120 mil millones de dólares anuales hacia 2035. Esa cantidad cubriría entre 20 y 29 por ciento de las necesidades estimadas para los países en desarrollo. Al ajustar las proyecciones por inflación, los requerimientos podrían alcanzar hasta 420 mil millones de dólares anuales.
El informe identifica necesidades especialmente elevadas en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo. Para ambos grupos, el financiamiento requerido durante la próxima década se estima en alrededor de 50 mil millones de dólares anuales, según los planes nacionales de adaptación y las contribuciones climáticas.
Esa cantidad equivale a entre tres y cuatro por ciento de su producto interno bruto. La cooperación Sur-Sur registró un aumento durante el periodo analizado. Sus flujos pasaron de 3 mil 800 millones de dólares en 2019 a 9 mil 600 millones en 2024. El PNUMA señala que estos recursos no se contabilizan dentro de los compromisos de financiamiento climático de los países desarrollados.
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América Latina: financiamiento para pérdidas y daños
Para América Latina y el Caribe, el informe retoma una estimación de cinco mil millones de dólares en necesidades de financiamiento para atender pérdidas y daños, elaborada por el Comité Permanente de Finanzas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La cifra procede de información reportada por los países, incluidos sus compromisos climáticos nacionales.
El PNUMA advierte que estos registros no representan la totalidad de las necesidades y presentan limitaciones de información. Las estimaciones disponibles varían por su cobertura geográfica, periodo de análisis, metodología y supuestos, por lo que no pueden sumarse ni interpretarse como una medición única de la brecha mundial de financiamiento para pérdidas y daños.
El documento incorpora casos de la región para mostrar las condiciones que influyen en la implementación de medidas de adaptación. En Brasil, el financiamiento público destinado a este propósito alcanzó 993 millones de dólares entre 2016 y 2020. El 81 por ciento provino de fuentes nacionales, de acuerdo con un estudio citado por el PNUMA.
En la Amazonía brasileña, el informe documenta impactos combinados de sequías, inundaciones, incendios y olas de calor, con efectos desproporcionados en municipios con alta concentración de población indígena. Las consecuencias abarcan los sistemas alimentarios, la salud, las prácticas culturales, la medicina tradicional y las relaciones de las comunidades con sus territorios.
El reporte presenta otros dos casos relacionados con la gestión del agua y la producción agrícola. En Granada, el proyecto G-CREWS recibió una subvención de 35.29 millones de euros del Fondo Verde para el Clima para fortalecer la resiliencia del sector hídrico mediante mejoras en infraestructura, gobernanza, eficiencia operativa y disponibilidad de agua.
En Bolivia, el proyecto Pro Resiliente comenzó en 2024 con cinco millones de euros asignados por Alemania. Su objetivo es fortalecer la capacidad de adaptación de pequeños productores agrícolas de los valles bolivianos frente a sequías, lluvias intensas y heladas, mediante prácticas agroecológicas, desarrollo de cadenas de valor y mecanismos de financiamiento.
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Las pérdidas y los daños rebasan los recursos disponibles
El informe advierte que los registros de desastres ofrecen una imagen incompleta de los impactos. Entre 2020 y 2025, los países de ingresos bajos y medios concentraron 99 por ciento de los 765 millones de personas registradas como afectadas por inundaciones y deslizamientos. Durante el mismo periodo se registraron cerca de 240 mil muertes por calor extremo; 27 por ciento fueron reportadas en países de menores ingresos.
El organismo relaciona esta diferencia con el subregistro sistemático y las distintas capacidades de observación de los países, además de las posibles diferencias en su preparación frente al calor. El documento precisa que se requiere evidencia adicional para atribuir completamente esos impactos al cambio climático provocado por actividades humanas.
Las pérdidas identificadas por el PNUMA abarcan dimensiones económicas y no económicas. Entre estas últimas se encuentran los daños a la salud mental, la identidad, el patrimonio cultural, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad.
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La adaptación depende de las capacidades institucionales
El informe identifica ocho factores: marcos jurídicos y de política pública; distribución de responsabilidades entre instituciones; coordinación entre niveles y sectores de gobierno; participación de actores sociales; mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas; intercambio de conocimientos; administración de recursos financieros, y continuidad de las políticas públicas.
El PNUMA sostiene que la disponibilidad de recursos debe acompañarse de instituciones capaces de planear, administrar y ejecutar proyectos. La coordinación entre dependencias, la participación de las comunidades y los mecanismos de evaluación forman parte de las condiciones necesarias para implementar medidas de adaptación.
Como referencia, el informe señala que 89 por ciento de 118 países menciona las pérdidas y los daños en sus contribuciones climáticas o planes nacionales de adaptación. El 54 por ciento cuenta con algún sistema de información para registrar esas afectaciones y 38 por ciento dispone de un marco jurídico relacionado con el tema.
Los casos de Granada y Bolivia muestran cómo los proyectos de adaptación pueden apoyarse en estructuras institucionales existentes y fortalecerlas durante su ejecución. En Granada, la coordinación entre dependencias públicas, organismos financieros y actores locales permitió desarrollar el proyecto para el sector hídrico. En Bolivia, la participación de pequeños productores y gobiernos locales forma parte del diseño de las medidas agroecológicas y de las cadenas de valor.
El PNUMA plantea que los gobiernos deben fortalecer sus sistemas de información, establecer mecanismos de coordinación, garantizar recursos previsibles y facilitar el acceso a los fondos internacionales.
La participación de las comunidades afectadas y la incorporación de conocimientos locales son elementos para evaluar la pertinencia de las respuestas. A cinco días de la COP31, el informe coloca el financiamiento para la adaptación, las capacidades institucionales y la atención de pérdidas y daños entre los asuntos pendientes de la agenda climática internacional.
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