El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU cuestionó la política del Gobierno mexicano frente al fracking, las garantías para realizar consultas indígenas y la violencia contra personas defensoras del territorio, como parte de un examen en el que revisa el cumplimiento de las obligaciones que México asumió al ratificar su Pacto Internacional.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) publicó un balance el 5 de noviembre e identificó estos tres asuntos centrales en los cuestionamientos del Comité DESC. La organización destacó que las preguntas incluyeron la exigencia de esclarecer qué medidas ha adoptado el Estado para proteger a quienes defienden la tierra y a quienes buscan a sus familiares desaparecidos.
Durante el examen, el Comité solicitó información sobre investigaciones, órdenes de aprehensión y condenas por estas agresiones. La delegación mexicana reportó el número de personas incorporadas al Mecanismo de Protección, sin presentar cifras específicas sobre el avance de las investigaciones y las sanciones.
La Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) publicó el 5 de noviembre un boletín en el que representantes de comunidades indígenas, campesinas y pesqueras afectadas por la industria de hidrocarburos exigieron a legisladoras y legisladores avanzar en la prohibición de la fracturación hidráulica, hacer cumplir la legislación ambiental y exigir a Petróleos Mexicanos la remediación de los daños en los territorios. La organización documentó demandas relacionadas con afectaciones a la salud, el ambiente y las actividades pesqueras.
Para el Sistema Arrecifal Veracruzano, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Territorios Diversos para la Vida (TerraVida) habían presentado en mayo los resultados de una misión civil de observación.
Su documentación identificó riesgos para el ecosistema por la ampliación del puerto de Veracruz y señaló que persistían deficiencias en el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entre los hallazgos incluyeron la falta de una evaluación integral de los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales, afectaciones a humedales, extracción de roca para las escolleras, alteraciones en el transporte de sedimentos y pérdida de espacios de playa.
Las organizaciones señalaron que el proceso de cumplimiento de la sentencia tampoco había garantizado espacios de participación para las comunidades y sectores interesados. AIDA y TerraVida solicitaron cumplir integralmente el fallo de la Corte, fortalecer la evaluación ambiental y garantizar mecanismos de participación pública.
Su informe de julio de 2026 amplió la documentación sobre las afectaciones ambientales, sociales y territoriales relacionadas con el proyecto portuario.
Estas organizaciones forman parte de la coalición de sociedad civil que entregó cerca de 30 informes alternativos al Comité DESC antes del examen.
La documentación incluyó preocupaciones sobre el derecho al agua, el medio ambiente sano, la libre determinación de los pueblos indígenas y la protección de personas defensoras.
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Las preguntas del 4 de noviembre: megaproyectos y consulta indígena
El 4 y 5 de noviembre, el Comité DESC examinó el séptimo informe periódico de México sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En materia ambiental, las preguntas se concentraron en los impactos de los megaproyectos, la consulta indígena, la contaminación industrial, el acceso al agua y la protección de las personas defensoras del territorio.
Durante el primer día, el relator del Comité para México, Ludovic Hennebel, solicitó información sobre las evaluaciones de impacto ambiental, social y de derechos humanos del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los parques eólicos de esa región. Preguntó dónde podían consultarse los estudios y qué reparaciones habían recibido las comunidades afectadas.
La delegación mexicana presentó información sobre el Tren Maya. Reportó 15 asambleas regionales y 50 asambleas de consulta realizadas en 2019, con 4,869 participantes y representantes de 1,078 comunidades indígenas. Informó que se integró una comisión de seguimiento con 293 representantes comunitarios y que las obras estuvieron sujetas a medidas de mitigación, compensación, restauración y monitoreo.
La respuesta incluyó acciones de protección de flora y fauna, restauración de áreas intervenidas, manejo de residuos y conservación de ecosistemas. México señaló que las autoridades del agua participaron en medidas para proteger el sistema hídrico de la península de Yucatán. Entre 2020 y 2025, según la delegación, se realizaron ocho reuniones públicas de información y consulta, con 1,375 participantes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó la protección de 26,500 monumentos arqueológicos.
El Comité había solicitado información equivalente para el Corredor Interoceánico y los parques eólicos del Istmo. La transcripción del diálogo no registra una respuesta con el mismo nivel de detalle para esos proyectos ni datos específicos sobre reparaciones a las comunidades afectadas.
La consulta indígena fue otro de los temas centrales. La experta Julieta Rossi transmitió cuestionamientos de organizaciones civiles sobre los tiempos disponibles, la información proporcionada y la pertinencia cultural de los procedimientos. Entre las preocupaciones expuestas se encontraba la falta de correspondencia entre los formatos institucionales de consulta y los mecanismos tradicionales de toma de decisiones de algunos pueblos.
La delegación mexicana reconoció dificultades para aplicar los procesos de consulta. César Villanueva Esquivel señaló la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones, ampliar las capacidades técnicas y aumentar la presencia territorial de las autoridades. Añadió que la consulta debe consolidarse como un «diálogo intercultural sustantivo», con participación de mujeres y jóvenes, pertinencia cultural y lingüística y seguimiento de los acuerdos.
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El 5 de noviembre: fracking, contaminación y Sistema Arrecifal Veracruzano
Durante el segundo día del examen, el 5 de noviembre, la experta del Comité DESC Julieta Rossi retomó las recomendaciones de Marcos Orellana, relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, quien visitó México en marzo de 2026.
Preguntó por las medidas para atender las zonas de sacrificio, restaurar los daños relacionados con la industria de hidrocarburos y prohibir la fracturación hidráulica. También pidió información sobre las iniciativas para «prohibir el uso del fracking en el territorio del Estado» y la respuesta gubernamental a las demandas de organizaciones civiles y comunidades indígenas.
La representante mexicana Francisca Méndez Escobar respondió: «El fracking no es una técnica que utilicemos». Después precisó que el Gobierno evalúa «el uso de tecnologías y prácticas operativas derivadas del fracking», cuyo desarrollo dependería de demostrar que no producen impactos ambientales ni afectan a las poblaciones locales.
La delegación condicionó su eventual aplicación a que se demuestre que esas prácticas pueden realizarse sin causar daños. Durante el intercambio no identificó las tecnologías bajo evaluación, las instituciones responsables, las regiones consideradas ni los estudios que permitirían determinar sus impactos. Tampoco detalló una iniciativa legal para prohibir la fracturación hidráulica o las normas específicas que regularían esas tecnologías.
La contaminación industrial ocupó otra parte de la sesión. El experto Santiago Fiorio preguntó por los más de 1,100 sitios contaminados identificados en el país y por las medidas de monitoreo, atención sanitaria y remediación. La cifra corresponde a 1,114 sitios con sustancias tóxicas registrados a diciembre de 2025 en el informe del relator especial Marco Orellana.
Rosi preguntó por la aplicación de una meta de «cero descargas de residuos tóxicos» y un «plan nacional integral y coordinado» para remediar los daños relacionados con actividades industriales y de hidrocarburos. Las preguntas incluyeron la atención médica de las comunidades expuestas, especialmente de niñas, niños y adolescentes.
En su respuesta sobre el derecho al agua y al saneamiento, Villanueva Esquivel mencionó el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, el Programa Nacional Hídrico 2026-2030, el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad y 17 proyectos estratégicos de infraestructura hídrica.
La delegación expuso programas de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, y señaló que el acceso debe garantizarse bajo criterios de disponibilidad, calidad y accesibilidad. En ese intercambio no presentó cifras nacionales sobre sitios remediados, sanciones a empresas contaminantes o atención médica a las poblaciones expuestas.
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El Sistema Arrecifal Veracruzano recibió un cuestionamiento específico de Ludovic Hennebel. El 4 de noviembre, el relator preguntó por el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte en el amparo en revisión 54/2021. Señaló que el Comité había recibido información sobre la falta de implementación del fallo y la emisión de autorizaciones posteriores para la ampliación del puerto de Veracruz.
El 5 de noviembre, la delegación mexicana recordó que la resolución de 2022 reconoció el interés legítimo de habitantes de la zona para defender el arrecife y estableció que la evaluación ambiental debía considerar los impactos acumulativos, residuales y potenciales de la ampliación portuaria.
La respuesta se centró en el alcance jurídico de la sentencia y el valor ecológico y social del sistema arrecifal, que protege las costas y sostiene actividades pesqueras y medios de vida de comunidades locales. La transcripción no registra información sobre el grado de cumplimiento del fallo ni una aclaración sobre las autorizaciones posteriores.
La pregunta del Comité se vuelve relevante ante los señalamientos que la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y TerraVida documentaron durante 2026. Su misión civil de observación identificó deficiencias en la evaluación integral de los impactos de la ampliación portuaria y en la participación pública. Las organizaciones pidieron a las autoridades cumplir la sentencia de la Suprema Corte y garantizar la protección del Sistema Arrecifal Veracruzano.
La protección de personas defensoras ambientales completó los temas relacionados con territorio y derechos humanos. Hennebel expresó la preocupación del Comité por los asesinatos, desapariciones y agresiones contra quienes defienden la tierra y el medio ambiente.
Solicitó cifras sobre investigaciones, órdenes de aprehensión y condenas. La delegación mexicana informó que, a septiembre de 2026, el Mecanismo de Protección atendía a 2,362 personas beneficiarias, entre periodistas y personas defensoras de derechos humanos; alrededor de 400 eran defensoras ambientales. La respuesta no presentó cifras específicas de investigaciones, órdenes de aprehensión o sentencias por agresiones contra este grupo.
En el cierre del examen, Hennebel reconoció que México cuenta con «un marco institucional y normativo ambicioso» y señaló la necesidad de reducir «la brecha» entre las normas adoptadas y su aplicación efectiva. El Comité anunció que elaborará sus observaciones finales, documento que contendrá los motivos de preocupación y las recomendaciones formales para el Estado mexicano.
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