Integrantes del pueblo indígena Tlahuica Pjiekakjoo, de San Juan Atzingo, municipio de Ocuilan, Estado de México, entregaron este jueves un amicus curiae ante el Tribunal Superior Agrario (TSA) en defensa de 18 mil hectáreas del Gran Bosque de Agua, amenazado por la tala clandestina y presión de desarrollos inmobiliarios.
A las afueras del Tribunal Superior Agrario, el sonido del teponaztle (instrumento milenario de la comunidad) acompañó a los integrantes del pueblo Tlahuica durante la jornada. Para la comunidad, el instrumento representa un escudo, una fuerza y una bandera, además de servir tradicionalmente para convocar y transmitir avisos.
Su demanda es por el reconocimiento de derechos agrarios sobre 18 mil 858 hectáreas de territorio comunal en el Gran Bosque de Agua, una zona amenazada por la tala y los conflictos por la propiedad de la tierra.
La entrega del documento se realizó con el acompañamiento del procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, quien pidió a los magistrados revisar la resolución del Tribunal Unitario Agrario de Toluca que desconoció los derechos agrarios de la comunidad.
“Confiamos que el Tribunal Superior Agrario tendrá la capacidad de apelar a la verdad, a la historia, a los derechos de ustedes y podrá resolver en favor de la justicia y de los derechos”, expresó Suárez Carrera. Durante el acto, se anunció que el próximo 9 de noviembre, a las 12:00 horas, se celebrará una audiencia pública para que especialistas y representantes Tlahuicas presenten un estudio antropológico sobre la historia del pueblo y su relación con el territorio.
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El procurador señaló que el estudio antropológico será expuesto ante los magistrados por el especialista Diego Prieto y una comisión de la comunidad. También indicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezada por Alicia Bárcena, se comprometió a enviar un Amicus Curiae en respaldo de los derechos de la comunidad sobre sus tierras, territorio y recursos forestales. Un amicus curiae es una figura jurídica mediante la cual una persona, institución u organización que no es parte de un litigio interviene voluntariamente ante un juez.
Durante el encuentro, el magistrado del Tribunal Superior Agrario, Guadalupe Espinosa Sauceda, explicó que el expediente ya se encuentra bajo revisión de ese órgano y comprende alrededor de 20 tomos. Agregó que el análisis también requiere considerar otros expedientes relacionados con comunidades colindantes.
El magistrado señaló que el tribunal todavía no puede emitir una sentencia debido a suspensiones judiciales vigentes. “Hay unos amparos ahí con suspensión, o sea, que nos impide ahorita dictar la sentencia a nosotros”, afirmó.
Espinosa Sauceda indicó que, una vez que se resuelvan esos amparos, el tribunal podrá avanzar hacia una resolución. También aseguró que el fallo deberá apegarse a derecho y reconoció la gravedad de la tala en la región, actividad que dijo haber observado durante una visita a la zona.
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Una tradición que beneficiá al Valle de México
Por su parte, Nicolás Hernández Alberto, delegado de la comunidad Tlahuica, sostuvo que la defensa del territorio es parte de la responsabilidad colectiva de proteger el bosque y preservar los derechos del pueblo indígena.
“Vamos a cuidar todo ese bosque que son más de 13 mil hectáreas”, afirmó. Añadió que la comunidad ha defendido sus tierras frente a los intentos de despojo y que busca continuar con la protección territorial con apoyo de las autoridades.
La abogada de la comunidad, Lidia Segovia Ochoa, quien los representa desde hace más de 16 años, añadió qué el litigio de San Juan Atzingo es único. “Porque involucra derechos agrarios y derechos indígenas de una comunidad hablante y con usos y costumbres muy fuertes”, afirmó.
También advirtió sobre las consecuencias para las comunidades de un litigio tan largo: “ Es increíble que a la fecha sigan en una lucha por sus tierras, las comunidades ya están desgastadas física, emocional y económicamente”.
La abogada destacó la importancia ambiental de la región y recordó que la comunidad impulsó un convenio entre las gobernadoras de las entidades involucradas, el Estado de México y Morelos, ante las consecuencias de la tala en las lagunas de Zempoala. Explicó que los Tlahuicas mantienen una relación cotidiana con el bosque, del que obtienen parte de su sustento mediante la recolección de hongos y el comercio local. “Es parte de su vida, de su esencia y de su área de comer porque ellos son los principales recolectores de hongos”, dijo.
Añadió que el reconocimiento de sus derechos también es necesario para que puedan acceder a programas sociales: “Es una comunidad que necesita su reconocimiento porque choca con las reglas de muchas leyes que no les permiten acceder a los programas sociales y sin ellos ese bosque se va a morir”.
El litigio, identificado con el expediente TSA 2/2025, se relaciona con la titularidad de 18 mil 858 hectáreas de propiedad social que la comunidad obtuvo mediante reconocimiento legal en 2007.
De acuerdo con los antecedentes compartidos por la comunidad originaria, las impugnaciones posteriores frenaron actividades comunitarias de vigilancia y manejo forestal, mientras la tala clandestina ha afectado distintas zonas del bosque.
El Gran Bosque de Agua es un corredor forestal de aproximadamente 250 mil hectáreas que se extiende entre la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos. Comprende las sierras de Zempoala, las Cruces, el Ajusco y el Chichinautzin, y abarca 37 municipios y alcaldías de las tres entidades.
En la región habitan pueblos indígenas como los Tlahuicas, otomíes, mazahuas y nahuas, además de otras comunidades, cuyos territorios incluyen numerosos núcleos agrarios de propiedad comunal.
Segovia Ochoa sostuvo que el cuidado del bosque es parte de la vida cotidiana de la comunidad y no es reconocida su labor. “Yo digo que es una fortaleza y siempre digo que los citadinos no valoramos lo que ellos por una costumbre hacen”, expresó.
Como ejemplo, relató que, cuando se registran incendios, hombres, mujeres y niños de la comunidad se organizan para combatirlos sin esperar la intervención de los bomberos o del gobierno. “Ellos solos están ordenados, hombres, mujeres, niños, con sus paliacates, sus machetes y suben a apagar incendios, todo por una ciudad que no valora lo que ellos hacen”, afirmó.
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