El mar derribó parte de lo que durante años se construyó frente a sus olas en la playa Punta Lobos, en Todos Santos, Baja California Sur. El colapso del muro de contención y de una sección del Hotel San Cristóbal, en noviembre de 2026, exhibió las consecuencias de un desarrollo turístico que desde su evaluación ambiental estuvo rodeado de cuestionamientos técnicos, denuncias de pescadores y señalamientos sobre el cumplimiento de las autorizaciones federales.
Lo que hoy aparece entre escombros y estructuras demolidas tiene antecedentes documentados desde 2013. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Desarrollo Turístico Integral Playa Santos, posteriormente comercializado como Tres Santos, fue cuestionada desde ese entonces por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), pobladores y especialistas que señalaron inconsistencias en la información presentada por la empresa MIRA Companies.
Mario Sánchez Castro, director regional de la Oficina Noroeste del CEMDA, recuerda que desde el procedimiento de evaluación se había advertido la falta de análisis de la dinámica costera.
“Nos parece preocupante que en su momento se puso sobre la mesa, incluso en el proceso del proyecto que fue aprobado en 2013, el proyecto Playa Santos, Desarrollo Turístico Integral Playa Santos, lo que se puso sobre la mesa fue el tema de la falta de análisis de dinámica costera en los comentarios de la Manifestación de Impacto Ambiental y justo es lo que nos tiene hoy viendo estos resultados”, señala.
Uno de los cuestionamientos centrales fue la modalidad utilizada para evaluar el proyecto: una MIA particular para un desarrollo que contemplaba aproximadamente 414 hectáreas, distribuidas en 20 lotes y con distintos componentes inmobiliarios y turísticos.
Para el CEMDA, la magnitud y las características del proyecto exigían una evaluación regional, no particular, conforme al artículo 11, fracción II, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.
Una evaluación regional permite analizar los impactos acumulativos y sinérgicos de un conjunto de obras y actividades dentro de un territorio, en lugar de revisar sus efectos de manera aislada.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sin embargo, autorizó el proyecto el 16 de diciembre de 2013, mediante el expediente 03/MP-0058/05/13, bajo una resolución condicionada.
Inconsistencias en agua, lluvias y residuos
Las observaciones técnicas no se limitaron a la modalidad de evaluación. Durante la reunión pública informativa realizada en julio de 2013 en Todos Santos, el CEMDA señaló que los datos de la Manifestación de Impacto Ambiental no coincidían con la información que los representantes de la empresa proporcionaban verbalmente.
Agustín Bravo Gaxiola, entonces coordinador del CEMDA para el noroeste del país, señaló que durante la reunión los desarrolladores tuvieron que corregir los cálculos de consumo de agua por habitación y, aun después de los ajustes, no pudieron precisar el volumen total que requeriría el complejo.
El Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable de Semarnat en Baja California Sur también cuestionó la información. Entre las inconsistencias identificadas se encontraba una dotación de 2 mil litros diarios de agua por habitación, cifra que los representantes del Consejo consideraron poco creíble.
La empresa planteaba construir una desaladora para garantizar el abastecimiento, pero los documentos no ofrecían suficiente información sobre la extracción de agua marina.
Se había presentado un estudio geofísico de la zona, pero se consideró necesario estudiar específicamente la extracción de los cinco pozos proyectados y uno adicional de reserva.
Otro dato cuestionado fue la precipitación anual utilizada en la MIA de 170 milímetros. El Consejo Consultivo señaló que esta cantidad estaba muy por debajo de los registros históricos de la región.
También se observó que, aunque el documento planteaba aprovechar los escurrimientos generados durante la temporada de huracanes y mencionaba la aplicación de criterios de Conagua, no desarrollaba suficientemente cómo se manejarían esos escurrimientos. A esto se sumó la ausencia de una estrategia para el manejo de residuos sólidos.
Por estas deficiencias, el Consejo Consultivo consideró que la evaluación no debía continuar y que la autorización tendría que negarse hasta contar con información suficiente.
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Humedales, estero y vegetación, en el centro de las observaciones
Otro de los aspectos cuestionados fue la caracterización ambiental del terreno. En 2014, cuando comenzaron los trabajos del desarrollo, habitantes denunciaron la remoción de vegetación en Punta Lobos, entre ella el mangle dulce, identificado científicamente como Maytenus phyllanthoides, además de palo verde y biznagas.
La propia MIA, en su página 453, contenía un levantamiento de vegetación realizado en 17 puntos. Para la zona norte reportaba 22 familias, 47 especies y mil 226 individuos.
En el apartado de estimación de abundancia identificaba al mangle dulce con una densidad de 380 individuos por hectárea. Aunque esta especie no estaba incluida en la NOM-059-SEMARNAT-2010, Rafael Riosmena Rodríguez, investigador del Programa de Investigación Botánica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, explicó que cumplía una función ecológica importante como estabilizador de dunas.
Su advertencia fue que retirar esa vegetación implicaba perder un elemento que contribuye a mantener la estabilidad de la playa.
También se documentaron señalamientos sobre la presencia de un sistema de humedales, un estero y una zona de descarga de arroyo en el área de influencia del desarrollo.
Años después, Mario Sánchez Castro retoma precisamente estas características del sitio para explicar por qué la dinámica costera debió recibir mayor atención durante la evaluación ambiental.
No se trataba únicamente de construir frente al océano, era necesario considerar cómo interactúan las obras con los escurrimientos, los humedales, la vegetación que estabiliza las dunas y el movimiento natural de sedimentos y arena.
Una concesión federal que prohibía construir elementos en la superficie otorgada
Uno de los antecedentes más delicados se encuentra en la concesión de Zona Federal Marítimo Terrestre otorgada a una de las empresas vinculadas con el desarrollo.
El 7 de diciembre de 2011, la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros otorgó a la empresa una concesión sobre 13 mil 439.93 metros cuadrados de Punta Lobos, identificada con el folio DGZF-1117/11.
De acuerdo con la documentación citada en una investigación publicada por Semanario ZETA en diciembre de 2015, el destino de esa superficie era exclusivamente de protección. Las condiciones de la concesión establecían que la empresa podía realizar únicamente los actos necesarios para conservar el área en el estado natural en que se encontraba al momento de otorgarse, además de garantizar el libre tránsito.
El documento especificaba que no se autorizaba instalar elemento alguno, realizar construcciones, desarrollar actividades ni prestar servicios, fueran o no lucrativos. Por ello, desde entonces se cuestionó si las obras ejecutadas contaban con las autorizaciones específicas necesarias y si respetaban las condiciones de la concesión federal.
La construcción del muro, el relleno de áreas y las modificaciones del terreno fueron parte de los señalamientos que exigían una revisión de las autoridades.
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Los pescadores denunciaron erosión y daños en sus embarcaciones
Mientras el complejo turístico avanzaba, los pescadores de Punta Lobos comenzaron a denunciar que las obras estaban afectando su espacio de trabajo.
En octubre de 2015, integrantes de la cooperativa pesquera local señalaron que las piedras colocadas en la estructura de protección eran arrastradas por el oleaje y terminaban dispersas en las zonas donde varaban sus embarcaciones.
Antonio Salvatierra denunció entonces que las piedras golpeaban las propelas, motores y transmisiones de las lanchas cuando intentaban sacarlas del agua. Los pescadores también reclamaron la pérdida de aproximadamente mil metros cuadrados que utilizaban históricamente para estacionar y resguardar sus embarcaciones.
En diciembre de ese año, las protestas llegaron al Congreso de Baja California Sur y al Ayuntamiento de La Paz. El conflicto no se limitaba al acceso a la playa: los trabajadores del mar advertían que estaban perdiendo condiciones materiales para desarrollar su actividad.
La discusión también alcanzó la delimitación de la zona federal. En octubre de 2015, el entonces delegado de Semarnat, José Carlos Cota Osuna, atribuyó parte de las diferencias en la delimitación al fenómeno de mar de fondo y explicó que una nueva medición podría modificar los límites de la zona federal. Sin embargo, las denuncias sobre la dispersión de piedras, la erosión y los daños a las embarcaciones continuaron.
En 2018, la Cooperativa Punta Lobos logró que se ampliara la superficie de su concesión pesquera a 2 mil 700 metros de costa, aunque esto no resolvió todas las inconformidades relacionadas con el muro y las condiciones de la playa.
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Señalan la falta de planeación costera
Tras los daños registrados en el Hotel San Cristóbal, el director regional de la Oficina Noroeste del CEMDA, Mario Sánchez Castro, retoma las observaciones que se habían planteado desde la evaluación ambiental. El ambientalista dice que el caso refleja una falta de planeación a largo plazo y de atención a la resiliencia costera.
“Cuando un proyecto necesita construir una pared, un muro para protegerse del mar, es obvio que está en un lugar donde no debería estar” señala.
Sánchez Castro explica que las autoridades deben considerar los posibles escenarios climáticos, la evolución de la línea de costa y los procesos naturales que modifican las playas antes de permitir la construcción de infraestructura turística.
“Hay una falta de planeación a largo plazo en el sentido de apoyarse de la mejor ciencia existente para hacer estas medidas a 10, 20, 30 años sobre las posibles fuentes incluso climáticas que pudieran establecerse”, dice.
El mar terminó por derribar la infraestructura cuestionada
El 28 de septiembre de 2026, en medio del oleaje asociado al huracán “Polo”, pescadores volvieron a manifestarse frente al Hotel San Cristóbal y solicitaron la intervención de Semarnat y Profepa para inspeccionar el muro de contención.
Pidieron revisar sus autorizaciones, determinar si la estructura modificaba el movimiento natural de la arena y establecer medidas para recuperar las condiciones de la playa.
La advertencia volvió a hacerse visible el 9 de noviembre, cuando comenzaron a circular videos del fuerte oleaje golpeando el muro del hotel. Las imágenes mostraron el desprendimiento de bloques de concreto, el ingreso del agua y daños en la infraestructura cercana a la playa.
El 10 de noviembre, pescadores documentaron maquinaria pesada realizando trabajos de demolición en una parte del inmueble. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó el 13 de noviembre que vigila que los escombros no lleguen al mar tras los trabajos de demolición en la zona.
Los daños reabrieron las preguntas sobre los permisos, los cálculos de protección y las condiciones en las que se autorizó construir en ese punto de la costa.
Hasta ahora no se ha hecho público un dictamen técnico definitivo que establezca las causas del colapso, ni una resolución que determine responsabilidades específicas por los daños.
Tampoco se ha aclarado públicamente el fundamento administrativo de los trabajos de demolición ni el destino de los escombros. Lo que hay es una historia documental de observaciones ambientales, inconsistencias en la evaluación, cuestionamientos sobre la concesión federal y denuncias de pescadores que comenzaron mucho antes del derrumbe.
Sánchez Castro sostiene que lo ocurrido debe servir como una advertencia para las autoridades y para los futuros desarrollos en el litoral sudcaliforniano.
“Tenemos la ciencia suficiente en Baja California Sur para establecer diferentes modelajes y de ahí tomar decisiones sobre la costa”, afirma.
En Punta Lobos, el mar recuperó terreno frente a una infraestructura cuya autorización, ubicación y construcción llevaban años bajo cuestionamiento.
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