La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la presencia de residuos de plaguicidas en el agua de Hopelchén, Campeche, y estableció medidas para generar información, realizar estudios y mantener un monitoreo permanente de la calidad del agua, informaron comunidades mayas.
El pasado 27 de agosto, la SCJN resolvió el amparo promovido por comunidades de Hopelchén por la presencia de residuos de plaguicidas en el agua. La decisión fue aprobada por unanimidad y establece medidas para generar información sobre la calidad del agua, realizar estudios sobre la presencia de plaguicidas y mantener un monitoreo permanente de los cuerpos de agua.
En conferencia de prensa, este martes 8 de septiembre, representantes de comunidades, especialistas e integrantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) recordaron que el proceso comenzó en 2020 con la participación de 17 comunidades mayas y celebraron que, tras un proceso de seis años, finalmente la Suprema Corte estableció medidas para generar información sobre el agua y mantener su vigilancia.
Itzel Arteaga, integrante del CEMDA, explicó que el litigio se construyó alrededor de tres elementos: la falta de información clara sobre la calidad del agua, las indicaciones de presencia de plaguicidas y la ausencia de una política pública definida para atender el problema en Hopelchén.
En 2024, un tribunal de Campeche consideró que las pruebas disponibles no eran suficientes para acreditar el daño. El expediente contenía información de autoridades que señalaba la presencia de plaguicidas. El colectivo y CEMDA impugnaron esa decisión y el caso llegó a la Suprema Corte por su relevancia regional y nacional. El asunto fue asignado a la ministra Estela Ríos.
El proyecto inicial contemplaba regresar el expediente a Campeche para incorporar nuevas pruebas. CEMDA sostuvo ante la Corte que el expediente ya contenía elementos suficientes para resolver y planteó la aplicación de principios ambientales como precaución, prevención e in dubio pro natura, junto con la posibilidad de que el Poder Judicial recabara pruebas.
El proyecto discutido en agosto incorporó esos principios y una valoración integral de la evidencia. La resolución establece que las comunidades no tienen que asumir por sí mismas la carga de demostrar el riesgo o la exposición, reconoce la importancia biocultural del territorio y concede la protección solicitada.
La estrategia que acompañó el litigio también incluyó organización comunitaria, comunicación e incidencia pública. De acuerdo con Arteaga, una petición en Change.org reunió cerca de 60 mil firmas durante aproximadamente tres meses.
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Identifican 54 plaguicidas peligrosos
Uno de los puntos centrales es la generación de información pública. De acuerdo con Arteaga, la resolución establece un sistema de información ambiental para monitorear cuerpos de agua, garantiza el acceso a agua de calidad y contempla estudios sobre la calidad del agua y la presencia de plaguicidas, además de un monitoreo permanente.
Aunque el litigio comenzó con el glifosato, el alcance también considera sustancias distintas. Arteaga señaló durante la conferencia que en el agua de Hopelchén se han encontrado 54 plaguicidas adicionales considerados altamente peligrosos y explicó que las medidas de seguimiento deben generar información y políticas públicas respecto de los compuestos encontrados en la región.
Leydy Pech, apicultora y activista maya, destacó la necesidad de que se realicen análisis de las enfermedades y de las muertes que en la región.
“Nosotros como comunidad hemos visto que han aumentado los problemas de salud, como el cáncer, el autismo, los abortos, pero no tenemos los datos. En mi comunidad hemos tenido alrededor de 10 casos de cáncer en menos de 10 años. No podemos decir que es por la contaminación si no tenemos un certificado médico que lo compruebe”, dijo.
Osiel Pech, integrante del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, ubicó la resolución dentro de un proceso comunitario que comenzó durante la pandemia y que requirió peritajes y estudios especializados.
Para las comunidades, el fallo abre una etapa centrada en su cumplimiento y en la coordinación de las autoridades. “Hay información, lo reconoció la Corte, hay información para empezar a tomar decisiones”, afirmó.
La implementación requiere la participación de autoridades federales, estatales y municipales, junto con el conocimiento de quienes habitan el territorio. También planteó que la discusión sobre el agua debe considerar la relación entre producción agrícola, bosques, abejas y cenotes. El colectivo abrió la discusión sobre las dimensiones de la actividad agroindustrial en la región.
Durante su intervención describió un modelo agrícola desarrollado durante aproximadamente ocho décadas alrededor del uso de plaguicidas, fertilizantes, herbicidas, maquinaria y semillas transgénicas.
También destacó la importancia de los conocimientos agrícolas tradicionales y de la apicultura en la conservación del bosque. Entre las tareas pendientes ubicó la identificación de las empresas que participan en las actividades productivas de la región y la construcción de un mapa que permita conocerlas.
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Todo comenzó con el glifosato
Jaime Rendón, investigador de la Universidad de Campeche, explicó que los estudios realizados en la región comenzaron con el muestreo de pozos para analizar la presencia de glifosato. El trabajo posteriormente identificó otros compuestos.
“Entonces, ese era el foco, pero el uso de plaguicidas en la región es muy alto, es muy grande. Entonces, este, y se comprobó con evidencia científica de la presencia de estos compuestos que están en el agua. Quiero recalcar que, como ya lo dijeron, lo dijo la abogada, no solamente es el glifosato, sino que hay una gran cantidad de productos químicos”.
Rendón también explicó la importancia de las características del suelo de la península para entender el comportamiento de las sustancias aplicadas en las zonas agrícolas.
“Quiero mencionarles también de que obviamente que el agua y como las condiciones que se tienen en la península, y ya fue mencionado, de las características cársticas de la zona, que esto implica que todo lo que se aplica, todos los compuestos químicos que están en la tierra se pueden infiltrar dependiendo de sus características”.
Para el investigador, uno de los elementos relevantes de la resolución es el monitoreo permanente. “Y creo que uno de los grandes logros de ahorita de esta resolución es de que se menciona monitoreo [...] hay un problema y hay que estarlo monitoreando, literalmente monitoreando para ver cómo están estas fluctuaciones, en dónde hay picos, en dónde hay bajas, donde puede estar en concentraciones que representen un riesgo mucho mayor del que ya se encuentra por la sola presencia y uso de estas sustancias químicas”.
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Una resolución con eco
La toxicóloga Leticia Yáñez, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, explicó las formas de exposición a plaguicidas y sus posibles efectos en la salud. También planteó la actualización de las listas oficiales de sustancias altamente peligrosas y el seguimiento de sus efectos en la población de Los Chenes.
“Una exposición aguda puede ir desde problemas gastrointestinales, dolor de cabeza, hasta llegar a un coma y a la muerte. Una exposición crónica es cuando estamos expuestos a cantidades menores de estas sustancias durante días, meses o años, y puede tener efectos en diferentes sistemas del organismo”.
El cumplimiento de la resolución depende ahora de su implementación institucional. Arteaga explicó que los comentarios realizados durante la sesión deben incorporarse al engrose definitivo, documento que permitirá conocer con precisión las obligaciones de cada autoridad.
Pech señaló que el objetivo es que los efectos de la resolución alcancen un territorio mayor. “El impacto que nosotros queremos es para todo el municipio y para toda la península”.
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