Más de mil 300 concesiones mineras permanecen vigentes dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales, con una superficie acumulada superior a 680 mil 270 hectáreas pese a la prohibición en la Ley de Minería, de acuerdo con la colectiva Cambiémosla Ya.
Apenas el 30 de septiembre, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó sobre la recuperación de 272 mil hectáreas de ANP que habían sido concesionadas para actividades mineras.
Sin embargo, la organización señaló que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía correspondientes a 2025, permanecen vigentes 22 mil 245 concesiones que abarcan poco más de 10 millones de hectáreas, y de ellas más de mil 300 están dentro de ANP.
Cambiémosla Ya señaló que las comunidades propietarias de esos territorios no fueron consultadas ni informadas sobre la imposición de las concesiones. La colectiva planteó que la recuperación anunciada durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum debe acompañarse de una revisión más amplia de los títulos existentes.
El pronunciamiento también respondió a las declaraciones de la presidenta sobre las conversaciones con Estados Unidos en materia de minerales críticos. Sheinbaum sostuvo que no existe un acuerdo firmado sobre estos minerales y que hasta ahora solo se han planteado conversaciones entre ambos países.
Cambiémosla Ya pidió transparencia sobre ese proceso y señaló que cualquier eventual acuerdo debe mantener las disposiciones de la legislación minera de 2023 y los derechos de las comunidades.
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Una ley sin reglamento
La Ley de Minería estableció un plazo de 180 días para la emisión de su reglamento, pero ese plazo ya venció. La colectiva planteó que la regulación debe precisar los mecanismos para garantizar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas antes de la asignación de concesiones en sus territorios, así como los requisitos ambientales y sociales asociados a los proyectos mineros.
En entrevista para CN Media, Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora del Observatorio del Extractivismo en México, señaló que la reforma de 2023 incorporó nuevas reglas sobre la duración de las concesiones, el estrés hídrico, las Áreas Naturales Protegidas y las responsabilidades por daños ambientales y violaciones a derechos humanos. Merino participó en la elaboración de una propuesta de reglamento desde la colectiva Cambiémosla Ya.
Uno de los puntos centrales es el consentimiento de las comunidades antes de otorgar una concesión. “Un logro clave fue que las comunidades indígenas y equiparables (donde se debe incluir a ejidos y comunidades) tengan derecho al consentimiento previo, libre e informado antes de otorgar concesiones”, señaló Merino. El reglamento, agregó, debe definir “cómo se brinda la información y cómo se implementa la consulta”.
Cambiémosla Ya advirtió que el reglamento debe mantener las disposiciones incorporadas a la Ley de Minería en 2023. La reforma redujo de 100 a 20 años la duración de las concesiones mineras e incorporó obligaciones relacionadas con el cierre y la remediación. “Respecto al cierre, como las concesiones duraban hasta 100 años, las empresas las mantienen abiertas sin cerrar para no invertir en la remediación”, explicó Merino. Para establecer las reglas de cierre, señaló que “se requieren procesos serios y estandarizados en el reglamento donde participe Semarnat, Economía e incluso Cofepris”.
La investigadora añadió que en las regiones mineras existen problemas asociados con la exposición a metales pesados y material radioactivo, por lo que los procedimientos de cierre deben considerar la remediación de los daños generados durante la actividad minera.
Mientras el Reglamento de la Ley de Minería permanece pendiente, Merino cuestionó el avance de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA). “En lugar de sacar el reglamento, están apresurando una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) que da aún más facilidades a empresas mineras, de hidrocarburos y megaproyectos turísticos”, afirmó.
Entre las disposiciones que cuestionó están la posibilidad de que las empresas omitan la Manifestación de Impacto Ambiental cuando cumplan con una Evaluación Ambiental Estratégica y que el resultado de una MIA pueda mantenerse en secreto a petición de la empresa. También las reglas propuestas para acceder a información sobre proyectos mineros. “Estamos yendo para atrás abriéndole las puertas a la inversión rapaz”, sostuvo.
Otro de los puntos centrales del reglamento es el agua. La Ley de Minería de 2023 restringe la actividad minera en zonas de estrés hídrico y establece obligaciones sobre su uso.
Para Beatriz Olivera Villa, directora de Engenera e integrante de Cambiémosla Ya, el reglamento debe precisar los criterios para identificar esas zonas y los mecanismos de medición y fiscalización. “Falta el reglamento que defina con claridad cuáles zonas se consideran de estrés hídrico, con qué bases de datos y mapas oficiales se determinarán”, señaló. La regulación pendiente también deberá precisar las disposiciones sobre minería en Áreas Naturales Protegidas.
Olivera identificó otros aspectos que debe desarrollar el reglamento como los planes y programas de cierre de minas y los lineamientos específicos para la remediación ambiental. En un posicionamiento, la colectiva también cuestionó el proceso de elaboración del reglamento.
Cambiémosla Ya señaló que la Secretaría de Economía ha mantenido comunicación con representantes de la industria minera y pidió que las comunidades afectadas y las organizaciones que las acompañan participen en el proceso. “Economía recibe a Camimex una y otra vez, pero a nosotros jamás nos ha recibido ni ha respondido a nuestros comunicados”, afirmó Merino.
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Minerales críticos y concesiones
La investigadora también señaló que la colectiva ha solicitado información sobre el acuerdo sobre minerales críticos y estratégicos que, de acuerdo con su declaración, Marcelo Ebrard firmó con Estados Unidos en junio. “Hemos pedido por transparencia y no nos han entregado”, sostuvo. “Nos preocupa, en primer lugar, la falta de información pública sobre el acuerdo firmado en febrero con Estados Unidos”, añadió.
También mencionó proyectos vinculados con minerales críticos en territorios donde ya se desarrolla actividad minera y señaló el caso del antimonio en la Mixteca oaxaqueña.
Cambiémosla Ya pidió que cualquier acuerdo sobre minerales críticos sea transparente y respete las disposiciones de la Ley de Minería de 2023, los derechos de las comunidades y la protección de los recursos naturales. “Los resultados demuestran que el promocionado desarrollo local es falso: los municipios mineros se mantienen en condiciones de pobreza, rezago social y falta de servicios básicos como agua, drenaje o vivienda adecuada”, afirmó sobre el argumento de que la actividad minera genera desarrollo en los municipios donde se realiza.
Merino alertó sobre “la demanda de minerales críticos para la transición energética global”. “Se va a cuadruplicar en México de aquí al 2040”. Frente a ese escenario, destacó que “muchos daños son irreversibles” y que “la mejor opción es que no haya minería”.
La colectiva Cambiémosla Ya reúne a comunidades, organizaciones civiles, personas académicas y defensoras del territorio. Entre sus integrantes se encuentran comunidades de Baja California Sur, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora y Zacatecas, además de organizaciones como CartoCrítica, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Fundar, PODER, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y EDUCA.
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