La empresa Amigo LNG no evalúo en su Manifestación de Impacto Ambiental la totalidad de las 90 hectáreas de tierra y mar que le otorgaron tanto el Gobierno de Sonora como la Secretaría de Marina para el uso y explotación de terrenos federales en Guaymas para la operación de una terminal de licuefacción para exportar gas de Estados Unidos en enormes buques por el Golfo de California rumbo a Asia.
En la Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad Regional (MIA-R), Amigo evaluó los impactos de un polígono de un total de 41.78 hectáreas entre el Parque Industrial Sánchez Taboada y Bahía Catalina, a cinco kilómetros del Puerto de Guaymas. Se trata de 9.28 hectáreas de tierra y 32.49 hectáreas de mar.
Sin embargo, la Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Guaymas, coordinada por la SEMAR, cedió, por adjudicación directa, 36.6 hectáreas de zona marítima en Bahía Catalina a Amigo para su uso y explotación, consta en documentos difundidos en una investigación por el diario El País.
Esto, pese a que en la MIA-R que la empresa presentó ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) la empresa evalúa una superficie marina menor, de 32.49 hectáreas.
ASIPONA Guaymas otorgó a Amigo LNG el registro oficial de cesión el 17 de julio de 2025 y la empresa ingresó la MIA-R ante la ASEA el 26 de noviembre de 2025, cuatro meses después de la cesión, a pesar de que el reglamento de la Ley de Puertos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), exigen que, para que proceda la adjudicación o cesión directa de un bien del dominio público marítimo, la empresa debe contar previamente con la Autorización de Impacto Ambiental, cosa que ocurrió hasta el 13 de abril de 2026.
“La autoridad entregó el mar de Bahía Catalina a una empresa privada y extranjera cuando la Autorización en Materia de Impacto Ambiental no había sido emitida, es decir, la viabilidad del proyecto en términos ambientales no se había decidido y el territorio mexicano ya había sido entregado”, señala Cecilia García, vocera de la organización Defensa Ambiental del Noroeste, quienes sostienen acciones legales por las irregularidades del proyecto y las afectaciones ecológicas.
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Los datos no cuadran
Mientras que el gobierno de Sonora cedió, —a título gratuito y a una empresa con fines de lucro—, un polígono de 53.99 hectáreas del Parque Industrial Sánchez Taboada, de acuerdo con documentos oficiales, que fueron difundidos por N+. En la MIA-R la empresa reportó un polígono terrestre de apenas 9.28 hectáreas.
Si se hace un comparativo de las hectáreas reportadas en la MIA-R y el total de las cedidas tanto federalmente como por el gobierno de Sonora, la empresa no consideró en la MIA el impacto ambiental real sobre la totalidad de las 54 hectáreas terrestres ni sobre las 36.6 hectáreas marítimas concesionadas, dejando decenas sin evaluación de impacto ambiental.
Por consiguiente, la autorización ambiental no tomó en cuenta las 44.72 hectáreas de tierra y 4.11 hectáreas de mar adicionales. DAN señala que la ASEA omitió evaluar conforme a estándares internacionales los impactos del proyecto.
“Siguiendo el actuar durante años de Epsilon LNG LLC, empresa filial de la creada en México para hacer trámites llamada Amigo LNG, nos damos cuenta de una serie de inconsistencias entre lo que declara ante el departamento de Energía de Estados Unidos, de quien tiene que obtener la garantía del hidrocarburo que quiere exportar, y lo que declara en México. Los polígonos de territorio que declara tener bajo su control no cuadran", añade García de DAN.
"Lejos de que la autoridad mexicana haga un trabajo riguroso de cotejo de los datos para el cuidado del patrimonio nacional, lo que vemos es una actitud facilitadora hacia el proyecto”, remata.
En momentos en los que se libra una batalla judicial por parte de organizaciones de la sociedad civil para detener el proyecto, por sus potenciales riesgos para el ecosistema y para la conservación del Golfo de California, CN Media dio a conocer el 20 de septiembre pasado que la ASEA autorizó la construcción y operación de la Terminal de Licuefacción y Almacenamiento LNG Amigo en Guaymas el pasado 13 de abril.
Aunque un mes después, el 20 de mayo, el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aseguró ante un juez federal que no había otorgado ningún permiso.
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Otras inconsistencias del Proyecto Amigo
De acuerdo con la autorización ambiental, el polígono marino del proyecto se ubicará frente al polígono terrestre en la costa de Guaymas, donde se instalará la terminal marítima con acceso en aguas profundas para el atraque de hasta dos buques metaneros, además de cuatro atracaderos permanentes para la barcaza fija de pretratamiento, la barcaza fija de licuefacción y energía, y dos unidades flotantes de almacenamiento. Así como instalaciones terrestres de recepción, control, tratamiento de aguas y oficinas administrativas.
Sin embargo, Amigo LNG no incluyó en la MIA-R el gasoducto que suministrará el gas natural al proyecto, pues aseguró que será presentado en una evaluación ambiental aparte.
En el documento indican que una conexión lateral desde el gasoducto Sasabe-Guaymas, propiedad de IEnova, abastecerá la planta Amigo a través de un ramal que incluirá un tramo submarino. Un segmento de gasoducto submarino enterrado se extenderá desde la conexión del nuevo gasoducto en Playa El Cochórit hasta la terminal.
“Es contra la ley evaluar fraccionadamente un proyecto, porque eso impide ponderar adecuadamente los daños a mitigar o absorber por un ecosistema. En estos proyectos fósiles de Sonora, las empresas extranjeras todo lo presentan por separado, minimizando los impactos de ramales de gasoductos, plantas desaladoras, áreas destinadas a la logística de construcción o el impacto de la navegación pesada, como si todos esos elementos no fueran parte del proyecto en sí”, apunta DAN.
La autorización establece una vigencia de seis meses para preparar el sitio, dos años 11 meses para construirlo, 40 años para operarlo y seis meses para desmantelarlo cuando llegue el final de su vida útil, con posibilidad de prórroga.
Desde ahí cargarán el producto hacia buques metaneros, que atravesarán el Golfo de California, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, con una producción nominal de 5.1 millones de toneladas de gas natural licuado al año.
Sin embargo, el inicio de las obras se encuentran suspendidas temporalmente, luego de la ampliación de un juicio de amparo promovido por la organización Nuestro Futuro A.C. a partir de señalamientos sobre irregularidades operativas en el procedimiento de evaluación ambiental de la obra.
Nuestro Futuro había obtenido una suspensión previa. En junio pasado, un juzgado federal le ordenó a la ASEA abstenerse de emitir cualquier autorización de impacto ambiental para el proyecto mientras se resuelve el juicio de amparo que promovieron Nuestro Futuro y la organización Artículo 19 debido a la falta de información del proyecto e irregularidades en el proceso de consulta pública.
Ahora se sabe que la autorización ambiental ya se había otorgado sin ser del conocimiento público.
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El complejo industrial contempla licuar gas natural proveniente de Estados Unidos para enviar 7.8 millones de toneladas anuales hacia los mercados asiáticos. Su operación dependerá del tránsito de buques metaneros en un ecosistema que alberga al 80 por ciento de los mamíferos marinos presentes en el país.
Especialistas en conservación advierten que este nivel de tráfico marítimo aumentará el ruido submarino, el riesgo de colisiones con la fauna local, la alteración en los sedimentos y la introducción de especies invasoras mediante el vertido de aguas de lastre.
El Golfo de California cuenta con designaciones oficiales como Refugio para Aves Migratorias y Vida Silvestre desde 1978, Reserva de la Biosfera desde 1993 y Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2005.
En 2025, el Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó la Resolución 8.031, la cual exhorta a los gobiernos de México y de Estados Unidos a prohibir las autorizaciones para la industrialización del GNL en este ecosistema.
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